Polo Sur
Las declaraciones públicas del jefe de Gabinete Jorge Canals contra la jueza electoral Mariel Zanini ya no pueden analizarse únicamente como una crítica política o una diferencia de interpretación jurídica. La gravedad institucional del episodio obliga a encuadrarlo dentro de un debate mucho más profundo. El avance del Poder Ejecutivo sobre la independencia judicial y la utilización de mecanismos de presión pública contra una magistrada que interviene en una causa sensible para el gobierno provincial.
El artículo 141 de la Constitución de Tierra del Fuego es categórico:
“En ningún caso el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo ejercen las funciones de aquél, ni se arrogan el conocimiento de las causas pendientes o restablecen las fenecidas”.
La norma no deja margen para ambigüedades. El constituyente fueguino estableció expresamente que ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden interferir, presionar o avanzar sobre las causas judiciales en trámite. Y justamente eso es lo que hoy comienza a ponerse en discusión a partir de las expresiones del principal funcionario político del gobierno provincial.
Cuando Canals acusa públicamente a la jueza de:
“trabar deliberadamente” el proceso,
El mensaje deja de ser una simple crítica institucional. Lo que aparece es un claro intento de condicionamiento político sobre una magistrada que debe resolver un expediente que afecta directamente los intereses del Ejecutivo.
La situación adquiere una dimensión todavía más delicada porque las expresiones se producen en un contexto provincial altamente tensionado, atravesado por judicialización de la reforma constitucional, enfrentamientos entre el Ejecutivo y sectores del Poder Judicial, y una creciente crisis institucional.
En ese marco, la utilización de expresiones que sugieren posibles “consecuencias políticas” para una jueza no puede interpretarse de manera inocente.
El problema ya no es solamente político, también empieza a abrirse un debate jurídico serio.
El artículo 237 del Código Penal establece sanciones para quien:
“empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público para impedir, trabar o exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones”.
La doctrina penal ha sido clara respecto del concepto de intimidación. Como explica Carlos Creus, lo que protege esta figura es “la libertad de determinación del funcionario en el ejercicio de su función”, entendiendo la intimidación como una forma de coerción moral destinada a influir psíquicamente sobre la voluntad del funcionario público.
Y justamente eso es lo que comienza a observarse peligrosamente en el discurso del Ejecutivo provincial:
Exigencias públicas de rapidez, deslegitimación de decisiones judiciales,
cuestionamientos personales hacia la magistrada, y advertencias sobre eventuales consecuencias políticas.
La comparación con otros antecedentes recientes a nivel nacional inevitablemente enciende alarmas. Si un grafiti como “Rosatti ojo” pudo ser considerado por la Justicia federal como un acto intimidatorio contra un magistrado de la Corte Suprema, resulta imposible minimizar el impacto institucional que tienen declaraciones formuladas por el jefe de Gabinete de un gobierno provincial contra una jueza electoral en funciones.
Porque aquí no habla un ciudadano común, habla uno de los hombres más poderosos del Poder Ejecutivo fueguino y en democracia, las palabras del poder nunca son neutrales.
Lo más preocupante es el razonamiento político que parece consolidarse detrás de estas expresiones:
La idea de que cualquier juez que no resuelva conforme a las expectativas del gobierno pasa automáticamente a transformarse en un actor “obstructivo” o “antidemocrático”.
Ese criterio es incompatible con el sistema republicano. La función del Poder Judicial no es garantizarle comodidad política al gobierno de turno o ser una merca escribanía. Su función es controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder, incluso cuando eso incomoda al Ejecutivo.
Por eso el episodio excede largamente la discusión sobre la reforma constitucional. Lo que hoy está en juego es algo mucho más profundo, la vigencia real de la división de poderes y la posibilidad de que los jueces puedan resolver sin presiones, amenazas o intentos de disciplinamiento político.
Cuando el poder político comienza a señalar jueces, cuestionar públicamente su legitimidad y advertirles sobre “consecuencias”, el deterioro institucional deja de ser una hipótesis.
Empieza a transformarse en una realidad peligrosa para la democracia fueguina.
