Polo Sur
La Legislatura de Tierra del Fuego dio un nuevo paso institucional que profundiza el cierre del proceso de reforma constitucional impulsado por el gobernador Gustavo Melella. Mediante comunicación formal al Juzgado Electoral Provincial, el Poder Legislativo notificó la sanción de la ley que abroga la Ley Provincial Nº 1529, norma que había declarado la necesidad de la reforma parcial de la Constitución fueguina.
La documentación remitida al ámbito judicial corresponde a la ley sancionada por la Legislatura el pasado 30 de abril de 2026, cuyo artículo primero establece de manera expresa: "Abrógase la Ley provincial 1529, Reforma Parcial de la Constitución Provincial".
La notificación adquiere especial relevancia porque se produce luego de que la Justicia Electoral declarara la nulidad del decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había convocado a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto.
Con la derogación de la Ley 1529 y su correspondiente comunicación al tribunal electoral, el proceso de reforma constitucional queda totalmente trunco desde el punto de vista jurídico, ya que desaparece la norma que constituía el fundamento legal de toda la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial.
La decisión legislativa fue aprobada por una mayoría agravada de once legisladores y posteriormente ratificada tras el rechazo del veto que había presentado el gobernador Melella para intentar sostener la vigencia de la norma.
De esta manera, la Legislatura reafirmó su voluntad política de dejar sin efecto el proceso constituyente, argumentando que la provincia atraviesa una situación económica y social que exige priorizar otras demandas antes que destinar recursos públicos a una reforma de la Carta Magna.
La comunicación formal al Juzgado Electoral constituye ahora un elemento de peso dentro de las actuaciones judiciales vinculadas al proceso, ya que acredita que la norma que dio origen a la convocatoria fue expresamente eliminada del ordenamiento jurídico provincial.
El escenario deja a la reforma constitucional en una situación de extrema fragilidad política y legal. Lo que hace pocos meses era presentado por el Gobierno como un "hecho histórico e irreversible", hoy se encuentra sin convocatoria válida, sin cronograma electoral vigente y sin la ley que habilitaba el proceso.
Para los sectores que se opusieron a la reforma, la notificación judicial representa la confirmación institucional de que el proyecto quedó definitivamente sepultado. Para el Gobierno provincial, en cambio, se abre un nuevo frente jurídico y político en una disputa que ya acumula reveses legislativos y judiciales consecutivos.
La comunicación enviada al Juzgado Electoral marca así un nuevo capítulo en una de las mayores derrotas políticas sufridas por la administración de Gustavo Melella desde el inicio de su gestión.
