Polo Sur
La dura derrota política sufrida por el gobernador Gustavo Melella en la Legislatura provincial abrió un nuevo capítulo de tensión institucional en Tierra del Fuego.
Luego de que el Parlamento rechazara el veto del Ejecutivo e insistiera con la derogación de la Ley 1529 de reforma constitucional por una contundente mayoría de 11 votos contra 3, el mandatario provincial reaccionó con visible enojo y eligió las redes sociales para exteriorizar su malestar contra la decisión adoptada por la institución de mayor representación democrática de la provincia.
Lejos de reconocer el fuerte aislamiento político que sufrió el oficialismo durante la sesión legislativa, Melella volvió a cargar contra quienes impulsaron la derogación y habló de una supuesta “ilegalidad” y de un “avance contra las instituciones democráticas”.
“Intentar frenar por ley un proceso de reforma constitucional que ya está en marcha constituye un hecho sin precedentes en la Argentina”, expresó el gobernador en un tono marcadamente confrontativo.
Sin embargo, sus declaraciones rápidamente quedaron envueltas en cuestionamientos políticos y jurídicos debido a que la insistencia legislativa frente a un veto del Poder Ejecutivo se encuentra expresamente contemplada dentro de las facultades constitucionales de la propia Legislatura fueguina.
En distintos sectores parlamentarios interpretaron que el mensaje del mandatario no solo buscó desacreditar la decisión legislativa, sino también instalar un escenario de victimización política luego de una derrota institucional de enorme magnitud.
El fastidio del gobernador se produjo además luego de semanas de creciente desgaste político para el oficialismo provincial, marcado por:
En sus publicaciones, Melella insistió además con que la convocatoria constituyente ya había generado “derechos políticos” imposibles de revertir, anticipando que el Gobierno volverá a judicializar el conflicto para intentar sostener la continuidad del proceso.
No obstante, desde distintos sectores legislativos consideran que el gobernador intenta desconocer deliberadamente el rol constitucional del Parlamento provincial, especialmente después de una votación tan categórica.
“La Legislatura no hizo otra cosa que ejercer las facultades que le otorga la Constitución Provincial”, señalaron desde bloques opositores tras la sesión.
Para muchos dirigentes políticos, el resultado de la votación terminó funcionando como una fuerte señal institucional y un límite político frente a un proyecto que ya había quedado severamente cuestionado tanto por su costo económico que superaría los $8.000 millones, como por las sospechas de que detrás de la reforma existía un intento de especulación re reelectoral del oficialismo.
Ahora, con la nueva ofensiva judicial anunciada por el Ejecutivo, el conflicto entre el Gobierno provincial y la Legislatura vuelve a trasladarse a los tribunales, profundizando un escenario político cada vez más tenso y polarizado en Tierra del Fuego, con un gobernador y un pequeño circulo de funcionarios obsecuentes que desconocen el gravísimo contexto de la provincia.
