Polo Sur
El gobernador Gustavo Melella decidió escalar el conflicto institucional más grave de los últimos años en Tierra del Fuego. Este viernes vetó oficialmente la derogación de la ley de reforma constitucional y también frenó el sistema de goteo automático de coparticipación para municipios, desatando un nuevo choque frontal con la Legislatura y profundizando la tensión con el Poder Judicial.
A través de los decretos provinciales N° 865/26 y 866/26, el mandatario dejó sin efecto dos leyes sancionadas por mayoría legislativa el pasado 30 de abril. La primera derogaba la Ley Provincial N° 1529, vinculada al proceso de reforma constitucional impulsado por el oficialismo. La segunda creaba un mecanismo automático de transferencia de fondos a municipios, limitando la discrecionalidad financiera del Ejecutivo provincial.
La decisión aparece en un contexto de máxima tensión política y judicial, luego de que la jueza electoral Mariel Zanini suspendiera el cronograma electoral constituyente y remitiera las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para garantizar el control de legalidad y constitucionalidad del proceso.
Lejos de retroceder, el Gobierno provincial decidió avanzar en una lógica de confrontación abierta contra todos los poderes que hoy condicionan o cuestionan el proyecto político de Melella que desesperadamente busca el sueño de la rereeleccion con la reforma constitucional.
El veto a la derogación de la reforma implica, en los hechos, desconocer el intento de la Legislatura de frenar el proceso constituyente y sostener a toda costa una iniciativa cada vez más cuestionada política, social e institucionalmente.
En los fundamentos oficiales, Melella sostiene que la convocatoria ya se encuentra en marcha y que no puede ser detenida mediante una ley posterior sin afectar la seguridad jurídica y los derechos políticos. Sin embargo, distintos sectores opositores consideran que el Ejecutivo busca forzar un proceso que actualmente se encuentra bajo discusión judicial y constitucional.
El escenario se vuelve todavía más delicado luego de las fuertes declaraciones del jefe de Gabinete Jorge Canals contra la jueza Zanini, situación que derivó en durísimas críticas de magistrados, abogados y del ex juez electoral Isidoro Aramburu, quien incluso habló públicamente de posibles amenazas coactivas y “un delito gravísimo”.
Ahora, con el veto a las leyes aprobadas por la Legislatura, el conflicto deja de ser únicamente judicial y pasa a convertirse en una crisis institucional de gran magnitud, donde el Ejecutivo provincial aparece enfrentado simultáneamente con sectores de la Justicia, la oposición legislativa y varios municipios.
El rechazo al sistema de goteo automático también profundiza la disputa política con las intendencias. Melella argumentó que el mecanismo le quitaba control financiero a la Provincia y podía afectar servicios esenciales. Sin embargo, desde distintos sectores municipales sostienen que el verdadero objetivo del Ejecutivo es mantener el manejo discrecional de los recursos y conservar herramientas de presión política sobre los gobiernos locales.
Mientras la provincia atraviesa una crisis económica, caída de actividad, conflicto salarial y creciente deterioro institucional, el oficialismo redobla su apuesta sobre una reforma constitucional que ya no solo divide políticamente a Tierra del Fuego, sino que amenaza con abrir un enfrentamiento inédito entre los distintos poderes del Estado.
