Sciurano defiende el capricho de Melella que busca derrochar $8 mil millones en la Reforma Constitucional

Las recientes declaraciones del legislador Federico Sciurano, en las que sostiene que “no es tan sencillo frenar hoy el llamado constituyente”, ponen en evidencia una contradicción difícil de soslayar. Lo que hoy se presenta como un proceso complejo desde el punto de vista institucional y jurídico, tuvo en su origen exactamente lo contrario, una aprobación ultra acelerada, sin debate y en condiciones altamente cuestionables desde el punto de vista democrático.

La legislatura podría frenar el capricho de Melella que cuesta 8mil millones a los fueguinos

La ley que habilitó la reforma constitucional —la misma que ahora algunos sectores buscan derogar para evitar un gasto millonario que se calcula en cerca de unos $8 mil millones en medio de una crisis económica sin precedentes en Tierra del Fuego— fue votada sobre tablas, en medio de una sesión, sin presentación previa, fue de forma sorpresiva, sin tratamiento en comisiones y sin un debate de ningún tipo en el recinto. Peor aún, se aprobó con legisladores que transitaban sus últimas horas en el cargo, en una escena que dista mucho de la institucionalidad que requiere una decisión de semejante magnitud.

Solo para trazar un paralelismo, el mismo Sciurano se encanalizaba cuando en una sesión se presento un proyecto de ley para equilibrar la quita compulsiva de fondos a los municipios derivada de la asignación de áreas a Terra Ignis bajo el argumento de mejorar las condiciones de competitividad futura.

El parlamentario provincial reclamaba escandalizado la necesidad de un debate y análisis profundo en comisiones, pero parece que no tiene el mismo criterio al momento de realizar un análisis sobre las vergonzosas condiciones en las que fue votada la ley de reforma constitucional.

Porque no se trata de una ley más. Se trata de la Constitución de la provincia, la norma fundamental que organiza el poder, define derechos y establece los límites del Estado. Reformarla debería implicar un proceso amplio, transparente, participativo y profundamente debatido. Nada de eso ocurrió.

Sin embargo, ahora que se intenta revertir ese proceso oscuro —en un contexto donde la provincia enfrenta un déficit creciente de $27 mil millones mensuales, riesgo de pagos escalonados y una estructura estatal sobredimensionada— aparecen las advertencias sobre la “complejidad” institucional, la intervención judicial y los caminos legales en marcha.

La pregunta es inevitable:
¿Dónde estaba esa preocupación por la legalidad, la institucionalidad y la complejidad del proceso cuando se votó la ley a las apuradas y entre gallos y media noche?

Hoy, el debate para los fueguinos ya no es exclusivamente de orden jurídico. Es también político y económico. La reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella y si circulo mas intimo implicaría un costo cercano a los $8.000 millones, en una provincia que enfrenta una de las crisis más severas de las últimas décadas. Sostener ese gasto en este contexto no solo es cuestionable, sino directamente irresponsable.

El planteo de Sciurano, en este escenario, termina funcionando más como una justificación de lo ya hecho que como una defensa genuina de la institucionalidad. Porque si realmente se tratara de cuidar los procesos y las formas, el primer cuestionamiento debería recaer sobre el modo en que se aprobó la ley que dio origen a esta situación.

La verdadera complejidad no está en frenar el proceso.
La verdadera complejidad es explicar por qué se lo inició de esta manera.

Y, sobre todo, justificar ante los fueguinos por qué deberían pagar miles de millones por una reforma que nunca fue discutida con ellos.