El Tribunal de Cuentas de la Provincia certificó oficialmente que la deuda total de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) asciende a $22.477.821.231,91. La validación se realizó mediante la resolución plenaria 165/25, emitida el 15 de octubre, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley provincial N° 1596, que establece la obligación de informar a la Legislatura los montos adeudados con la previa certificación del organismo de control.
Según el informe, el endeudamiento de la OSEF se compone de distintos conceptos. En primer lugar, los fondos permanentes para pagos a afiliados (correspondientes a reintegros en Ushuaia, Buenos Aires y Río Grande) suman $169.802.968,09. En segundo término, las compras operativas vinculadas a servicios como limpieza, telefonía y mantenimiento informático alcanzan los $10.231.052,09.
El rubro más significativo está concentrado en las órdenes de pago emitidas entre 2016 y 2025, que totalizan $19.250.793.860,60. Este apartado agrupa expedientes por compras de medicamentos, insumos médicos, deudas con hospitales y con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entre otros conceptos.
A ello se suman las tramitaciones devengadas durante el mismo período y pendientes de cancelación, por $2.185.040.650,53, así como los compromisos correspondientes a las direcciones de compras: el Anexo I (facturas impagas por medicamentos e insumos médicos), con $843.759.065,21, y el Anexo II (órdenes de compra recientes destinadas a atención de afiliados), por $18.193.635,40.
Con esta certificación, el Tribunal de Cuentas dio por cumplido lo dispuesto por la normativa vigente, garantizando que la Legislatura cuente con la información verificada sobre la situación financiera de la obra social. La resolución busca transparentar el estado de las cuentas y facilitar el seguimiento de los compromisos económicos de la OSEF, que arrastra deudas de carácter estructural acumuladas a lo largo de varios ejercicios.
Con récord de semanas sin clases normales, jornadas reducidas y datos oficiales que el Gobierno provincial se niega a transparentar, Tierra del Fuego cierra uno de los peores ciclos lectivos de su historia. Mientras tanto, otras provincias como Santa Fe lograron garantizar 185 días de clases mediante acuerdos que premia EL PRESENTISMO y la continuidad pedagógica, dejando en evidencia que la crisis educativa fueguina no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas.
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El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
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