La denuncia presentada contra el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Adrián Löffler, por parte del abogado Antonio César Petkos, aparece menos como un acto de defensa de la institucionalidad y más como una maniobra política impulsada desde el propio gobierno provincial. En el trasfondo, asoma con claridad el objetivo de despejar el camino para habilitar la reelección indefinida del gobernador Gustavo Melella, una ambición que ya le valió fuertes críticas dentro y fuera del oficialismo.
El pedido de juicio político contra Löffler se inscribe en un contexto en el que el Ejecutivo parece dispuesto a forzar los límites institucionales con tal de garantizar su continuidad en el poder. El proceso de reforma constitucional —aprobado sobre tablas, sin debate en comisión, sin fundamentos jurídicos sólidos ni dictámenes técnicos— expone un desprecio absoluto por los mecanismos democráticos y los tiempos de deliberación que exige toda modificación de la Carta Magna. Se trata de un intento a las apuradas, sin consensos, para imponer un cambio de reglas que solo beneficia a quien hoy ocupa el sillón de la gobernación provincial.
Mientras tanto, la realidad provincial contrasta brutalmente con las prioridades del gobernador. Tierra del Fuego atraviesa una crisis profunda, con escuelas paralizadas por falta de calefacción y docentes sin respuestas, hospitales sin insumos ni profesionales suficientes, servicios públicos en deterioro y una producción hidrocarburífera en franco declive que compromete sensiblemente los ingresos de la provincia y sus garantías de toma de crédito en dólares. En lugar de gestionar soluciones, Melella prefiere invertir energías —y recursos públicos— en un proceso electoral cuyo costo rondaría los 5.000 millones de pesos.
Esa cifra astronómica sería destinada a sostener un sueño personal: el de “Melella eterno”. Una aspiración que recuerda a los peores vicios del poder y que pone en evidencia hasta qué punto el oficialismo está dispuesto a manipular las instituciones para perpetuarse.
El mensaje es claro: quien no se alinea con la ambición del gobernador será apartado. Pero el costo institucional puede ser enorme. (Poner en negrita)
Si prospera esta embestida, la independencia judicial en Tierra del Fuego quedará herida de muerte, y la provincia ingresará en una peligrosa zona donde la justicia se convierte en un instrumento político a exclusiva disposición del gobernador.
Melella apuesta a un nuevo capítulo en su proyecto personal de poder, sin importar los daños colaterales. Sin clases, sin salud, sin energía, sin producción y con miles de fueguinos esperando respuestas, el gobernador elige destinar los esfuerzos del Estado a su cruzada reeleccionista. En esa desesperación por perpetuarse, arrastra consigo los pilares mismos de la república.
