La denuncia presentada contra el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Adrián Löffler, por parte del abogado Antonio César Petkos, aparece menos como un acto de defensa de la institucionalidad y más como una maniobra política impulsada desde el propio gobierno provincial. En el trasfondo, asoma con claridad el objetivo de despejar el camino para habilitar la reelección indefinida del gobernador Gustavo Melella, una ambición que ya le valió fuertes críticas dentro y fuera del oficialismo.
El pedido de juicio político contra Löffler se inscribe en un contexto en el que el Ejecutivo parece dispuesto a forzar los límites institucionales con tal de garantizar su continuidad en el poder. El proceso de reforma constitucional —aprobado sobre tablas, sin debate en comisión, sin fundamentos jurídicos sólidos ni dictámenes técnicos— expone un desprecio absoluto por los mecanismos democráticos y los tiempos de deliberación que exige toda modificación de la Carta Magna. Se trata de un intento a las apuradas, sin consensos, para imponer un cambio de reglas que solo beneficia a quien hoy ocupa el sillón de la gobernación provincial.
Mientras tanto, la realidad provincial contrasta brutalmente con las prioridades del gobernador. Tierra del Fuego atraviesa una crisis profunda, con escuelas paralizadas por falta de calefacción y docentes sin respuestas, hospitales sin insumos ni profesionales suficientes, servicios públicos en deterioro y una producción hidrocarburífera en franco declive que compromete sensiblemente los ingresos de la provincia y sus garantías de toma de crédito en dólares. En lugar de gestionar soluciones, Melella prefiere invertir energías —y recursos públicos— en un proceso electoral cuyo costo rondaría los 5.000 millones de pesos.
Esa cifra astronómica sería destinada a sostener un sueño personal: el de “Melella eterno”. Una aspiración que recuerda a los peores vicios del poder y que pone en evidencia hasta qué punto el oficialismo está dispuesto a manipular las instituciones para perpetuarse.
El mensaje es claro: quien no se alinea con la ambición del gobernador será apartado. Pero el costo institucional puede ser enorme. (Poner en negrita)
Si prospera esta embestida, la independencia judicial en Tierra del Fuego quedará herida de muerte, y la provincia ingresará en una peligrosa zona donde la justicia se convierte en un instrumento político a exclusiva disposición del gobernador.
Melella apuesta a un nuevo capítulo en su proyecto personal de poder, sin importar los daños colaterales. Sin clases, sin salud, sin energía, sin producción y con miles de fueguinos esperando respuestas, el gobernador elige destinar los esfuerzos del Estado a su cruzada reeleccionista. En esa desesperación por perpetuarse, arrastra consigo los pilares mismos de la república.
Con récord de semanas sin clases normales, jornadas reducidas y datos oficiales que el Gobierno provincial se niega a transparentar, Tierra del Fuego cierra uno de los peores ciclos lectivos de su historia. Mientras tanto, otras provincias como Santa Fe lograron garantizar 185 días de clases mediante acuerdos que premia EL PRESENTISMO y la continuidad pedagógica, dejando en evidencia que la crisis educativa fueguina no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas.
La Legislatura fueguina de Tierra del Fuego aprobó una nueva ley de acuicultura, que deroga la normativa vigente que limitaba la cría industrial de salmones en las aguas de la provincia. El proyecto fue impulsado por Melella en sociedad con los libertarios.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
La Legislatura fueguina de Tierra del Fuego aprobó una nueva ley de acuicultura, que deroga la normativa vigente que limitaba la cría industrial de salmones en las aguas de la provincia. El proyecto fue impulsado por Melella en sociedad con los libertarios.
Con récord de semanas sin clases normales, jornadas reducidas y datos oficiales que el Gobierno provincial se niega a transparentar, Tierra del Fuego cierra uno de los peores ciclos lectivos de su historia. Mientras tanto, otras provincias como Santa Fe lograron garantizar 185 días de clases mediante acuerdos que premia EL PRESENTISMO y la continuidad pedagógica, dejando en evidencia que la crisis educativa fueguina no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas.
