Polo Sur
La cancelación del crédito de US$65 millones del Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) para la construcción de un parque eólico en Tierra del Fuego no es un hecho aislado ni una fatalidad externa. Es, una vez más, la confirmación de un patrón que se repite desde hace años: proyectos estratégicos anunciados, celebrados y difundidos que nunca llegan a concretarse, dejando a la provincia sin inversiones, sin empleo y sin desarrollo real.
El financiamiento, aprobado en 2023, estaba destinado a un parque eólico de 33,6 MW, con ocho turbinas, infraestructura asociada y estudios de viabilidad incluidos. No era una promesa vaga ni un render: era un crédito otorgado por un organismo multilateral, con condiciones competitivas y orientado a diversificar la matriz energética fueguina. Sin embargo, en 2025 el préstamo fue cancelado. La razón formal: la falta de garantía soberana del Estado Nacional. El resultado concreto: una inversión perdida y una nueva oportunidad desperdiciada por un gobierno plagado de funcionarios que no funcionan.
La provincia no logró sostener, defender ni viabilizar un proyecto clave para su desarrollo. En un contexto de crisis fiscal, caída de la actividad y deterioro del empleo, perder un financiamiento internacional de esta magnitud es un golpe que Tierra del Fuego no puede darse el lujo de absorber.
Este episodio se suma a una larga lista de iniciativas que fueron presentadas como “transformadoras” y terminaron archivadas en el terreno de los anuncios. El Puerto de Río Grande, el polo petroquímico, la planta de urea granulada, la planta de amoníaco, entre otros, forman parte de un relato de diversificación productiva que nunca pasó del discurso. Años después, lo único que queda son carpetas, presentaciones y comunicados oficiales, pero ninguna obra, ninguna inversión concreta, ningún empleo sostenido.
La pérdida del crédito eólico expone además una falla estructural de la gestión: la incapacidad de articular políticamente con la Nación y de generar condiciones mínimas de previsibilidad para proyectos de largo plazo. Sin garantías, sin respaldo institucional y con un clima de confrontación permanente, Tierra del Fuego quedó afuera de un financiamiento que otras provincias sí logran concretar.
Mientras tanto, la provincia enfrenta un deterioro fiscal reconocido incluso por agencias calificadoras, con menos recursos, más gasto y menos margen de maniobra. En ese escenario, resignar inversiones en infraestructura energética y desarrollo sostenible no es solo un error: es una irresponsabilidad.
El resultado es una Tierra del Fuego que sigue dependiendo de un esquema productivo frágil, con poca diversificación y alta vulnerabilidad frente a los cambios de política nacional. Cada proyecto que no se concreta profundiza esa dependencia y aleja la posibilidad de construir una economía más robusta y resiliente.
La pregunta que surge es inevitable: ¿cuántas oportunidades más se van a perder antes de asumir que el problema no es la geopolítica ni la coyuntura, sino la falta de gestión efectiva? Porque los proyectos que no se ejecutan no generan empleo, no producen energía, no diversifican la economía y no mejoran la vida de los fueguinos.
El préstamo del AIIB ya no llegará. La inversión en energía limpia quedó en el camino. Y Tierra del Fuego suma otro capítulo a una historia repetida: muchos anuncios, pocas obras y un desarrollo que siempre parece estar por venir, pero nunca llega.
