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La ley fantasma no llega sola: se suma al puerto que nunca fue, al polo petroquímico que no existe y a las plantas productoras que jamás se construyeron. Promesas recicladas, anuncios grandilocuentes y resultados nulos. En Tierra del Fuego, el relato avanza mientras la realidad sigue esperando.

Una ministra que regula la energía y, al mismo tiempo, integra el directorio de la empresa que la explota no es multitarea: es juez y parte. La designación de Gabriela Castillo en Terra Ignis cruza un límite legal y ético claro, expone al Gobierno a una incompatibilidad grave y debilita la transparencia del Estado, al tiempo que podría poner en tela de juicio legal todas las decisiones adoptadas.

Seis años de gestión bastaron para dejar a Tierra del Fuego con menos producción, más incertidumbre y un rojo anual de USD 80 millones. La exposición en la Legislatura no aclaró el futuro: lo expuso. Ausencias, improvisación y números en caída confirmaron que la política energética provincial fracasó, mientras el Gobierno habla de soberanía pero administra el declive y traslada el costo a los fueguinos.

La Dirección Provincial de Energía comunicó a los vecinos de Ushuaia que este jueves 11 de diciembre habrá una interrupción del servicio eléctrico para facilitar reparaciones urgentes de la DPOSS, lo que reactiva el debate sobre la estabilidad de la infraestructura urbana.

El ingeniero en hidrocarburos Oscar Suárez, ex secretario ejecutivo de la OFEPHI y con trayectoria en YPF en los años 80, analizó en profundidad la inminente cesión de las áreas operadas por la petrolera estatal a la empresa provincial Terra Ignis. Suárez alertó sobre la falta de certezas técnicas, económicas y ambientales que rodean el traspaso, y señaló que la provincia aún no ha transparentado información clave para proyectar el futuro del sistema energético fueguino.

La Dirección Provincial de Energía (DPE) aprobó un nuevo cuadro tarifario que vuelve a encarecer las boletas de luz en toda la provincia. La decisión llega en plena campaña electoral, en un contexto de inflación, recesión y creciente malestar social por un servicio de energía que atraviesa una fuerte crisis en Ushuaia y Tolhuin, por la falta de inversión y previsión.

Prometieron energía y desarrollo, pero dejaron a Tolhuin en la oscuridad. Ahora, convertidos en candidatos, los dirigentes de Fuerza Patria en Tierra del Fuego organizan una caminata política en la misma ciudad que padeció su ineficiencia. El pueblo recuerda lo que ellos quieren olvidar.

Un dictamen explosivo de la Fiscalía de Estado revela graves irregularidades en la empresa energética Terra Ignis Energía S.A. El informe, que surge tras la denuncia de la síndica Ana Constanza Carro, alerta que el "patrón de opacidad" de la compañía pone en riesgo el patrimonio de la provincia, debilitando su legitimidad y abriendo la puerta a "intereses particulares".

El candidato a senador por el Frente Defendamos Tierra del Fuego aseguró que “necesitamos un plan de desarrollo energético de Tierra del Fuego que tenga como primer objetivo generar trabajo, diversificando y ampliando nuestra matriz productiva”.

Mientras el Jefe de gabinete de ministros de la provincia Agustín Tita continua de campaña para intentar cumplir su sueño personal de ser diputado nacional, en Tolhuin los vecinos sin luz y se anuncian cortes "programados" de energía.

El comerciante y dueño de la panadería “La Unión” de Tolhuin describió la crítica situación energética que atraviesa la ciudad. Advirtió que los cortes ponen en jaque al comercio, al turismo y a la vida cotidiana, y reclamó decisiones urgentes del Estado.

La medida se verá reflejada en las próximas facturas del servicio eléctrico y busca compensar a los usuarios por los inconvenientes generados a raíz de la interrupción del suministro en los últimos días en la ciudad de Tolhuin, sin embargo la medida plantea una falta de atencion a los usuarios del servicio en Ushuaia que se vieron ampliamente afectados por la gran cantidad de cortes de energía.

En otra jornada donde varias zonas de la localidad se encuentran sin servicio por las interrupciones programadas, los vecinos hartos de esta situación se movilizaron hasta la Delegación de Gobierno de la Provincia para exigir una solución urgente.

Se trata de un fallo que el país podrá apelar y está encuadrado en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012