Polo Sur
El reciente Decreto 59/2026 del Gobierno nacional dejó una verdad incómoda al descubierto: mientras varias provincias productoras de hidrocarburos acceden a un alivio fiscal concreto para sostener producción, empleo e inversiones, Tierra del Fuego vuelve a quedar afuera. No por una fatalidad geográfica ni por una decisión técnica inevitable, sino por una razón estrictamente política: la incapacidad del gobernador Gustavo Melella para gestionar, negociar y construir vínculos que defiendan los intereses fueguinos.
Neuquén, Santa Cruz y Chubut lograron incorporarse al esquema de beneficios porque sí hicieron política: negociaron con la Nación y firmaron acuerdos específicos que les permitieron obtener una reducción concreta de los derechos de exportación al petróleo convencional. Gracias al nuevo decreto, las empresas que operan en esas provincias pagan retenciones cero cuando el precio internacional del barril es igual o inferior a 65 dólares y solo comienzan a tributar la alícuota máxima del 8% cuando supera los 80 dólares. Esto mejora de manera directa la rentabilidad de los yacimientos maduros, incentiva la continuidad de la producción, sostiene el empleo y genera mejores condiciones para nuevas inversiones. En un contexto de caída de actividad y aumento de costos, estas provincias consiguieron alivio fiscal real y previsible, fortaleciendo su posición productiva y su capacidad de negociación frente al Estado nacional.
Tierra del Fuego no solo quedó fuera del esquema de incentivos, sino que además sufre en paralelo la eliminación del FAMP, la suspensión de Aportes del Tesoro Nacional, el freno total de la obra pública y ahora la intervención del Puerto de Ushuaia. Todo esto ocurre sin que el Gobierno provincial haya logrado una sola herramienta de alivio o excepción que amortigüe el impacto sobre la economía local.
La comparación es elocuente. Mientras otras provincias negocian reducción de impuestos para sectores estratégicos, Tierra del Fuego enfrenta recortes y decisiones unilaterales sin capacidad de respuesta efectiva. El problema no es solo el modelo económico nacional, sino la ausencia de una estrategia política provincial inteligente, capaz de defender intereses propios en un contexto adverso.
En este escenario, Terra Ignis pierde competitividad de manera estructural. Mientras otras provincias exportadoras operan con retenciones reducidas, reglas claras y alivio fiscal explícito, la empresa fueguina enfrenta un esquema impositivo más gravoso, mayores costos logísticos, incertidumbre regulatoria y un gobierno provincial sin capacidad de negociación efectiva. La combinación de desventajas fiscales, falta de incentivos y ausencia de una estrategia política que defienda el proyecto energético local convierte a Terra Ignis en una opción poco atractiva frente a jurisdicciones que hoy ofrecen mejores márgenes, previsibilidad y respaldo institucional. Así, lejos de consolidarse como una herramienta de desarrollo, la empresa queda atrapada en un contexto que desalienta inversiones y limita cualquier posibilidad real de crecimiento.
Gobernar no es solo denunciar por redes sociales ni judicializar conflictos cuando ya están consumados. Gobernar implica anticipar escenarios, construir relaciones, abrir canales de diálogo útiles y, sobre todo, lograr resultados concretos para la gente. En este punto, la gestión de Melella muestra un déficit profundo: Tierra del Fuego no logra influir, no logra negociar y no logra ser escuchada.
El resultado es una provincia que paga el ajuste completo sin recibir ningún beneficio compensatorio. Mientras se reducen impuestos a petroleras en otras jurisdicciones, aquí se recortan fondos a municipios, se asfixia la actividad económica y se pierde margen de maniobra fiscal. La inequidad es evidente y la responsabilidad política también.
No se trata de pedir privilegios, sino de exigir trato justo y defensa activa de los intereses provinciales. Cuando una provincia estratégica como Tierra del Fuego queda sistemáticamente relegada, la pregunta deja de ser económica y pasa a ser política: ¿quién está defendiendo realmente a los fueguinos?
Hoy, la respuesta parece clara. La provincia quedó afuera no porque no tenga recursos o potencial, sino porque carece de conducción política eficaz. Y en un país donde las decisiones se negocian, quedarse aislado tiene un costo alto. Ese costo, una vez más, lo pagan los fueguinos.
