Polo Sur
La decisión fue contundente: por 5 votos contra 1 —con la única disidencia del jefe de Gabinete Jorge Canals— el organismo desestimó la ampliación de la denuncia, profundizando el rechazo institucional a una ofensiva que ya había sido previamente calificada como infundada e improcedente.
El resultado no deja margen para interpretaciones. El Consejo, órgano competente para evaluar la conducta de magistrados, volvió a concluir que no existen elementos que justifiquen avanzar en un proceso de enjuiciamiento. Lejos de fortalecer la acusación, la ampliación no aportó nuevos fundamentos y terminó por ratificar la debilidad estructural del planteo original.
Lo que queda expuesto es un intento reiterado de forzar mecanismos institucionales sin sustento jurídico.
La insistencia del oficialismo en avanzar contra Löffler —aun después de un primer rechazo categórico— refuerza la percepción de que la denuncia responde más a una lógica política que a una preocupación genuina por el funcionamiento del Poder Judicial.
El dato político no es menor. Que la única voz en minoría haya sido la de un funcionario del Ejecutivo evidencia el aislamiento del gobierno en esta estrategia, que no logró respaldo ni siquiera dentro de los ámbitos institucionales donde se definía su viabilidad.
Este nuevo episodio se inscribe en un contexto de creciente tensión institucional en la provincia, donde el intento de desplazar a un juez del máximo tribunal aparece vinculado a disputas de poder más amplias, en particular en torno al proceso de reforma constitucional.
El Consejo de la Magistratura volvió a marcar un límite.
Y lo hizo con absoluta claridad: no hay caso, no hay causal, no hay proceso posible.
Mientras tanto, la reiteración de maniobras sin sustento no solo debilita la posición del gobierno, sino que expone un uso impropio de herramientas institucionales con fines persecutorios, en un momento en que la provincia enfrenta problemas urgentes en materia económica y social.
El resultado es inequívoco, la embestida de Melella fracasó, y con ella, quedó al descubierto una estrategia que no logró superar el control básico de legalidad.
