Polo Sur
La tensión institucional entre el gobierno de Gustavo Melella y el Poder Judicial sumó un nuevo capítulo de máxima gravedad luego de que asociaciones vinculadas a magistrados y trabajadores judiciales emitieran un duro comunicado cuestionando las declaraciones públicas del jefe de Gabinete provincial Jorge Canals contra la jueza electoral Mariel Zanini.
Bajo el contundente título:
“Sin independencia judicial no hay democracia posible”,
el documento fue difundido por la seccional Tierra del Fuego de la UEJN y por la Asociación de Magistrados y Funcionarios (AMyF), y representa una fuerte señal de respaldo institucional hacia la magistrada que interviene en la causa vinculada a la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo provincial.
El comunicado sostiene que las expresiones formuladas por Canals “generan una profunda preocupación institucional” y advierte que, si bien las resoluciones judiciales pueden ser debatidas o recurridas mediante los mecanismos legales correspondientes, “lo que no puede naturalizarse es el agravio público, la descalificación política ni las insinuaciones sobre eventuales consecuencias dirigidas hacia una jueza”.
La referencia apunta directamente a las declaraciones realizadas días atrás por el jefe de Gabinete provincial, quien había acusado públicamente a Zanini de “trabar deliberadamente” el proceso constituyente y advirtió que debería “hacerse cargo de las consecuencias políticas” de sus decisiones.
Sin mencionar expresamente al funcionario, el documento judicial deja entrever una fuerte crítica institucional hacia el accionar del Ejecutivo y plantea que las expresiones vertidas “exceden ampliamente la legítima crítica jurídica”.
Además, el comunicado introduce un elemento particularmente delicado:
remarca que las declaraciones provinieron de “un integrante del Consejo de la Magistratura”, órgano clave dentro del sistema institucional vinculado al funcionamiento y control del Poder Judicial.
Para las entidades firmantes, las manifestaciones del funcionario pueden “razonablemente interpretarse como una forma de presión institucional incompatible con el principio republicano de división de poderes”.
El texto también sostiene que este tipo de situaciones ponen en riesgo “la necesaria autonomía que debe resguardar el ejercicio de la función jurisdiccional”, en lo que constituye una de las críticas institucionales más severas formuladas hasta el momento contra el gobierno provincial en el marco del conflicto por la reforma constitucional.
El pronunciamiento aparece en un contexto de creciente judicialización y tensión política alrededor del proceso constituyente impulsado por el oficialismo, luego de que la Justicia Electoral decidiera frenar momentáneamente el avance del cronograma electoral ante la existencia de causas judiciales pendientes y la incertidumbre jurídica generada por la derogación legislativa de la ley de necesidad de reforma.
Con este nuevo comunicado, sectores del ámbito judicial comenzaron a cerrar filas públicamente en defensa de la independencia del Poder Judicial y encendieron nuevas alarmas sobre el deterioro institucional que atraviesa actualmente Tierra del Fuego.
