Polo Sur
RÍO GRANDE.- El intendente de Río Grande, Martín Perez, destacó la resolución adoptada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad en la causa iniciada contra Rockhopper Exploration plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited, las compañías que impulsan el desarrollo petrolero Sea Lion en el área de las Islas Malvinas.
“Este es un paso concreto y serio para afirmar la soberanía argentina y defender nuestros recursos de la explotación ilegal de los ocupantes”, expresó Perez al compartir públicamente la noticia sobre la decisión de la jueza federal Mariel Borruto.
El mandatario riograndense agregó una definición que excedió el plano judicial y volvió a colocar el debate sobre la estrategia argentina respecto de Malvinas en el terreno político.
“Paso a paso, sin shows, pensando en el país, pensando en Tierra del Fuego y no sólo en la elección más cercana. Este es el camino”, afirmó.
Las expresiones llegan en momentos en que la política nacional hacia Malvinas volvió a ocupar el centro de la agenda y Perez viene reclamando que cualquier cambio de posición se traduzca en medidas concretas y sostenidas, particularmente frente al avance del proyecto Sea Lion.
La declaración del intendente se produjo luego de que Borruto resolviera este miércoles, dentro del expediente FCR 13706/2026, declarar la competencia del Juzgado Federal de Río Grande y sostener la jurisdicción argentina para intervenir en la acción preventiva promovida contra las petroleras extranjeras.
La resolución siguió el criterio expresado por el Ministerio Público Fiscal en el Dictamen N.º 267/2026 y permitió que continúe el trámite de la demanda colectiva iniciada el 1 de septiembre por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es que la magistrada consideró que el conflicto no se limita a una discusión ambiental.
Según los fundamentos reseñados en la resolución, se encuentra comprometida la defensa de la soberanía nacional como un interés federal indivisible, además de cuestiones relacionadas con la protección ambiental y la jurisdicción sobre la plataforma continental.
La decisión constituye un avance procesal relevante, aunque no implica todavía una sentencia sobre el fondo ni la concesión de las medidas cautelares solicitadas contra las empresas.
La causa apunta directamente al desarrollo de Sea Lion, proyecto hidrocarburífero impulsado por Rockhopper y Navitas en la Cuenca Malvinas Norte.
Los demandantes pretenden que la Justicia argentina adopte medidas preventivas frente a las operaciones y también han solicitado acciones destinadas a afectar el financiamiento internacional del proyecto.
Entre las cautelares requeridas aparecen la paralización de determinadas obras y perforaciones y medidas relacionadas con operaciones financieras destinadas a sostener el desarrollo petrolero.
Borruto, sin embargo, difirió por el momento el tratamiento de esas cautelares y otorgó a la parte actora cinco días para completar una serie de requisitos procesales, entre ellos traducciones públicas de documentación extranjera, presentación de documentación en soporte adecuado y una declaración jurada respecto de la inexistencia de otra acción análoga.
Una vez cumplidos esos pasos, el tribunal podrá avanzar sobre el análisis de las medidas solicitadas.
Es precisamente esta estrategia institucional la que Perez reivindicó al hablar de avanzar “paso a paso, sin shows”.
La ubicación del expediente tampoco resulta menor desde la perspectiva política del intendente.
La causa se tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, ciudad que históricamente construyó una relación particularmente estrecha con la causa Malvinas y donde reside una importante comunidad de veteranos de guerra.
Perez viene planteando además una concepción de soberanía que no se agota en la reivindicación diplomática de las Islas, sino que incorpora presencia territorial, industria, empleo, infraestructura, ciencia, logística y población permanente en Tierra del Fuego.
En ese marco, el avance de una acción judicial desde Río Grande contra las empresas vinculadas a Sea Lion aparece para el intendente como una herramienta concreta frente a la explotación de recursos que Argentina considera realizada sin autorización.
La resolución judicial incorpora además un elemento de fuerte impacto político para el Gobierno fueguino.
La jueza dispuso dar intervención a la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego y otorgó un plazo de diez días para que tome participación en el expediente en función de los intereses patrimoniales y ambientales provinciales involucrados.
La decisión abre ahora un escenario concreto para la administración de Gustavo Melella, que deberá definir institucionalmente qué posición adopta frente al proceso.
La citación adquiere especial relevancia porque la magistrada vinculó la intervención provincial con el dominio originario de los recursos naturales reconocido a las provincias por el artículo 124 de la Constitución Nacional y con la legislación que integra a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos dentro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Las palabras de Perez adquieren así un significado político adicional.
Frente a una discusión sobre Malvinas atravesada durante los últimos meses por anuncios, declaraciones y fuertes controversias entre Nación y Provincia, el intendente puso el acento en una estrategia diferente: institucionalizar el reclamo, utilizar las herramientas jurídicas disponibles y sostener acciones concretas contra quienes participan de la explotación de recursos en el área en disputa.
“Pensando en el país, pensando en Tierra del Fuego y no sólo en la elección más cercana”, remarcó.
La resolución de Borruto no determina todavía el resultado de la demanda ni paraliza Sea Lion. Pero abre formalmente un proceso judicial argentino contra las empresas involucradas y deja planteado un escenario que podría adquirir una dimensión considerable si prosperan las medidas cautelares solicitadas.
Para Perez, esa diferencia entre las declaraciones y los hechos sintetiza la estrategia que debería seguir la Argentina frente a Malvinas:
“Este es el camino”.
