Polo Sur
La situación judicial del exdiputado José Luis Espert se complicó. El juez federal Lino Mirabelli lo procesó por presunto lavado de activos, impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. La causa busca determinar el origen y el destino de los u$s200.000 que el exdiputado recibió en una cuenta bancaria en Estados Unidos, en una operación vinculada a una estructura empresarial relacionada con Federico “Fred” Machado.
La resolución también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, procesado como presunto partícipe necesario del lavado, con un embargo de $700 millones, y a la sociedad familiar Varianza SA, sobre la que se dispuso un embargo de $500 millones.
El expediente tramita en el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro y tiene como uno de sus ejes una transferencia realizada el 22 de enero de 2020 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos. El dinero habría sido enviado desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Machado.
La investigación intenta establecer si esos fondos tuvieron un origen ilícito y si fueron incorporados posteriormente al circuito económico y financiero para darles apariencia de legalidad. El procesamiento constituye un avance de la causa, pero no implica una condena: la decisión puede ser apelada ante la Cámara Federal de San Martín.
Los u$s200.000 y la explicación de Espert
El origen del dinero es el eje de la investigación. La fiscalía sostiene que la transferencia estuvo relacionada con una empresa minera de Guatemala, Minas del Pueblo, vinculada a Machado, y cuestiona que el supuesto contrato de asesoramiento profesional invocado por Espert haya tenido una contraprestación real.
En su defensa, el exdiputado sostuvo que el pago correspondía a un trabajo de consultoría para esa compañía. En julio pasado, cuando amplió su declaración indagatoria ante Mirabelli, presentó un escrito de descargo con documentación y correos electrónicos que, según su versión, respaldarían la existencia de la contratación. También pidió su sobreseimiento.
La pesquisa busca determinar qué ocurrió con el dinero después de la transferencia y si fue utilizado para adquirir bienes o financiar gastos. Entre los movimientos patrimoniales bajo análisis figuran operaciones vinculadas con vehículos y un proyecto inmobiliario.
El vínculo con Machado, por su parte, es otro de los aspectos centrales del expediente. El empresario fue investigado en Estados Unidos por delitos financieros y vinculados al narcotráfico, y terminó extraditado a ese país.
Días atrás, la Cámara había rechazado los planteos de la defensa
El procesamiento llegó después de que la Sala II de la Cámara Federal de San Martín rechazara los cuestionamientos de Espert contra distintas medidas de prueba y confirmara que la investigación debía continuar.
En una resolución del 15 de octubre, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones desestimaron los planteos de nulidad de la defensa, que había cuestionado, entre otras medidas, la toma de testimonios sin notificación previa, los pedidos de información patrimonial, la incorporación de informes de inteligencia reservados y el análisis forense de dispositivos electrónicos.
Los jueces consideraron que no se había acreditado una afectación concreta de las garantías constitucionales del exdiputado. En ese sentido, remarcaron que “la nulidad es una sanción legal que debe adoptarse restrictivamente”.
Sobre los testimonios cuestionados, la Cámara sostuvo que la defensa no había identificado con suficiente precisión las declaraciones que pretendía invalidar ni explicado de qué manera esas actuaciones le ocasionaban un perjuicio irreparable. Los magistrados señalaron, además, que los abogados podían solicitar que los testigos volvieran a declarar para ejercer el control de la prueba.
La defensa también había objetado los requerimientos de información bancaria, fiscal y financiera sobre Espert y su entorno. Sin embargo, el tribunal entendió que las medidas contaban con autorizaciones judiciales y que estaban relacionadas con el objeto de la investigación.
Otro de los cuestionamientos apuntó a informes de inteligencia clasificados como secretos. La Cámara indicó que esos documentos no aparecían citados ni invocados como prueba de cargo en los dictámenes posteriores de la fiscalía y concluyó que el perjuicio alegado no estaba respaldado por elementos concretos.
En paralelo, los camaristas rechazaron una queja vinculada con el intento de apartar al fiscal federal Fernando Domínguez, a quien la defensa había acusado de una supuesta pérdida de objetividad.
Una causa que sigue avanzando
Hasta ahora, la defensa había buscado tanto el sobreseimiento del exdiputado como la invalidez de distintas medidas incorporadas al expediente.
La Cámara ya había descartado los argumentos con los que se intentó frenar la pesquisa. Ahora, el juez consideró que existen elementos suficientes para dictar el procesamiento por presunto lavado de activos y dispuso medidas patrimoniales sobre el exlegislador, su contador y la sociedad familiar.
El caso tiene como punto de partida los u$s200.000 transferidos en enero de 2020, pero la investigación no se limita a reconstruir el recorrido de ese dinero: también procura establecer si existió una maniobra para introducir fondos de origen ilícito en el sistema financiero y patrimonial.
La decisión judicial podrá ser revisada por la Cámara Federal. Mientras tanto, Espert continuará sometido al proceso penal, con la prohibición de salir del país y el embargo dispuesto sobre sus bienes.
