Polo Sur
Río Grande se encuentra en el centro de una tormenta que combina el escándalo de corrupción a nivel nacional con una amenaza directa a la estabilidad de la industria fueguina. Los recientes hechos que involucran a Ornella Calvete, exdirectora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía y representante del Gobierno nacional en la Comisión del Área Aduanera Especial en Tierra del Fuego, han encendido todas las alarmas sobre la legitimidad de sus decisiones en la provincia.
La UOM Seccional Río Grande ha manifestado su "total rechazo" al nuevo Proceso Productivo de Celulares impulsado por AFARTE y UIF, advirtiendo que este esquema impactará directamente sobre "miles de trabajadoras y trabajadores" y pone en riesgo la continuidad laboral y la producción nacional.
Un Aval Bajo Sospecha
Es aquí donde el rol de Calvete cobra una dimensión crítica. Siendo la figura clave del Gobierno Nacional en la Comisión Aduanera Especial, su aval a un proyecto que la UOM denuncia por buscar la "reducción de puestos de trabajo" queda irremediablemente ligado al turbio expediente que la investiga.
Calvete está formalmente nombrada en el dictamen del fiscal Franco Picardi por la investigación de coimas, sobreprecios y lavado de dinero en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los chats revelados en el expediente, que incluyen diálogos con su padre, Miguel Ángel Calvete (señalado como operador clave del entramado delictivo), muestran un lenguaje explícito de favores y presuntas ganancias: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”.
La incautación de cerca de USD 700.000 y otras divisas en su domicilio refuerza el manto de duda sobre su integridad.
La Exigencia de Anular Decisiones
La pregunta es inevitable: ¿Puede un funcionario con la integridad bajo un cuestionamiento judicial tan grave tomar decisiones que definen el futuro económico y laboral de una provincia entera?
Está claro que toda decisión tomada por Ornella Calvete en la Comisión del Área Aduanera Especial debe ser revisada y potencialmente anulada. El aval al nuevo Proceso Productivo de Celulares que amenaza el empleo fueguino es el ejemplo más urgente. No se puede permitir que la luz verde a la eliminación de puestos de trabajo provenga de una figura cuya motivación económica está siendo investigada por la Justicia.
Las sospechas de corrupción, que la vinculan con gestiones opacas y grandes sumas de dinero, contaminan intrínsecamente la legitimidad de sus actos públicos. Ante la evidencia de un posible interés corrupto en sus gestiones, el principio de transparencia obliga a la anulación de todas sus resoluciones en Tierra del Fuego, exigiendo que cualquier nuevo proceso productivo se debata en la Mesa de Diálogo con las organizaciones gremiales.
La UOM ya responsabilizó a las cámaras empresariales por su accionar "temerario e inconsulto". Ahora, la provincia debe exigir responsabilidades al Gobierno Nacional por haber puesto la defensa del Subrégimen y los empleos fueguinos en manos de una funcionaria con intereses personales tan comprometedores, de lo contrario su silencio será una prueba irrefutable de complicidad.
