Mientras en las redes sociales el gobernador Gustavo Melella afirma que “defender la soberanía cada día es nuestro mayor compromiso”, la realidad reciente de su gestión muestra una contradicción imposible de pasar por alto; su propio gobierno autorizó la instalación de un radar militar de origen inglés en Tierra del Fuego, un hecho que vulnera de manera directa la soberania, la seguridad estratégica de la provincia y del país.
La soberanía no se declama: se ejerce con decisiones coherentes, especialmente cuando se gobierna la porción más austral del territorio argentino, a escasos kilómetros de una base militar extranjera que opera en las Islas Malvinas y que mantiene un despliegue permanente en el Atlántico Sur, bajo una ocupacion ilegitima.
El radar no era un simple equipamiento civil. Las advertencias formuladas por especialistas, técnicos y referentes de la defensa nacional fueron claras: se trataba de tecnología británica con capacidad de monitoreo estratégico y capacidad militar, instalada en una provincia que continúa siendo parte de un territorio en disputa con el Reino Unido.
¿Cómo se explica que la misma administración que avaló ese procedimiento hable hoy de defender la soberanía con solemnidad? ¿Cómo conciliar los discursos patrióticos con las decisiones que ponen en riesgo la integridad del territorio fueguino y la seguridad nacional?
Celebrar el Día de la Soberanía Argentina exige un mínimo de coherencia y de integridad moral. No se trata solo de publicar frases emotivas en redes sociales, sino de cuidar con absoluta responsabilidad los recursos estratégicos, las fronteras, las comunicaciones, la infraestructura y cada decisión que incide en la presencia argentina en el extremo sur del continente.
Tierra del Fuego es una provincia con una carga histórica profunda, marcada por la disputa por Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Es, además, una región clave para la defensa nacional y para la proyección argentina sobre el Atlántico Sur y la Antártida. No es un territorio para improvisar ni para cometer errores que favorecen, directa o indirectamente, intereses extranjeros.
Hoy más que nunca, la soberanía no puede ser una palabra vacía. No puede ser un slogan de ocasión ni un mensaje oportunista en redes sociales. La soberanía debe ser un ejercicio diario de firmeza, responsabilidad y visión estratégica.
Porque si la defensa del territorio depende de discursos y no de decisiones, entonces la soberanía que se celebra es solo una ilusión.
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La Legislatura fueguina de Tierra del Fuego aprobó una nueva ley de acuicultura, que deroga la normativa vigente que limitaba la cría industrial de salmones en las aguas de la provincia. El proyecto fue impulsado por Melella en sociedad con los libertarios.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
Es el segundo socio que pierde YPF bajo la gestión de Horacio Marin, tras la salida de Petronas. Problemas de management y cepo
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
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