Polo Sur
La foto oficial de este jueves 27 de noviembre muestra sonrisas, apretones de manos y la promesa de un futuro productivo brillante para Tierra del Fuego. En ella, el gobernador Gustavo Melella y Luis Galli, CEO de Newsan, sellan un acuerdo para ampliar la infraestructura de cultivo de mejillones en Puerto Almanza. Se habla de muelles, de bases de operaciones y, fundamentalmente, de empleo. Sin embargo, detrás de la puesta en escena y los anuncios de inversión, asoma una realidad administrativa y legal mucho más turbia: el proyecto avanza, literalmente, flojo de papeles.
Es paradójico que el comunicado oficial del Gobierno hable de potenciar el desarrollo local con "reglas claras". La claridad es precisamente lo que falta en un expediente que, según denuncian organizaciones ambientales encabezadas por la Asociación Manekenk, se mantiene bajo llave y lejos del escrutinio público.
Mientras el Gobernador descalifica los cuestionamientos tildándolos de "campañas muy livianas desde lo conceptual", la denuncia presentada ante la Fiscalía de Estado expone argumentos de peso específico: la violación de la Ley General del Medio Ambiente y de múltiples normativas provinciales. No es un detalle menor que se pretenda escalar a una producción de 1.200 toneladas de mejillones —cuadruplicando el límite que exige una Evaluación de Impacto Ambiental (EsIA)— sin que dicho estudio haya sido presentado ni aprobado al momento de solicitar la ampliación.
La urgencia por mostrar gestión y "generar puestos de trabajo", un argumento irreprochable en tiempos de crisis económica, no puede convertirse en un salvoconducto para saltarse los procedimientos legales. La Ley Provincial N° 537 es clara: no se pueden otorgar más de 4 hectáreas por permisionario sin licitación pública. Sin embargo, Newsan ha logrado acceder a 20 hectáreas de espejo de agua mediante una fragmentación de permisos que, a todas luces, parece una maniobra para eludir la licitación.
El Ejecutivo provincial defiende el "plan integral" y asegura que "nadie va a hacer locuras". Pero iniciar operaciones masivas sin una línea de base ambiental concluida y con los relevamientos del CADIC-CONICET aún en revisión, se parece bastante a una imprudencia. Si no se conoce la capacidad de carga del ecosistema del Canal Beagle, ¿cómo se puede garantizar que la actividad es sostenible?
La negativa a brindar acceso a la información pública sobre el expediente N° 36400/2020 agrava la sospecha. Si los estudios están en orden y el cumplimiento es estricto, ¿por qué el Ministerio de Producción niega la vista de las actuaciones a la sociedad civil?
Hoy se firmó un convenio para un muelle y una base operativa. Es infraestructura bienvenida, sin duda. Pero construir sobre cimientos legales endebles es un riesgo que Tierra del Fuego no debería correr. El verdadero desarrollo no solo requiere capital privado y voluntad política; requiere, ante todo, el respeto irrestricto a la ley y al ambiente. Avanzar sin aprobación ambiental no es progreso, es un hecho consumado que hipoteca el futuro de los recursos naturales de la provincia.
