El legislador Jorge Lechman insistió en declaraciones esta mañana que "No estamos hablando de subir o bajar impuestos sino de modificar la estructura de la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego", frente al escenario negativo que impera, "una provincia con una crisis económica terrible, con 50% de pobreza, con la industria partida, los empleados públicos no llegan a fin de mes, la policía que no cobra, los docentes que tienen que estar con medidas de fuerza permanente, una locura", enfatizó.
Actualidad05/11/2025
Polo Sur
Ingresó este martes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN el recurso de queja presentado por el legislador provincial Jorge Lechman, contra el proceso de reforma constitucional que impulsa el Ejecutivo provincial. Desde el espacio del parlamentario de Somos Fueguinos se expone que el costo estimado para la Convención Constituyente y el acto eleccionario supera los 5 mil millones de pesos, cuando en las consultas previas el 70% de la ciudadanía manifestó su rechazo.
Con este ingreso, el expediente ya está en el máximo tribunal del país, que inicia ahora la etapa de análisis preliminar: una instancia reservada para evaluar la admisibilidad del planteo, con un plazo abierto e indeterminado, como ocurre en todos los recursos de queja.
"Si agotamos la vía es porque tenemos la fe y la claridad de que se puede ser un caso que le interese a la Corte, lo trate y se resuelva en favor de nuestra petición. Hemos agotado todas las vías que estaban a nuestro alcance, así que ahora está el manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación atender nuestra queja", expresó el legislador esta mañana al aire en "El Cronista Urbano" por Radio Provincia.
Lechman insistió como lo viene haciendo en el último tiempo que una reforma constitucional "no creo que solucione nada, ninguno de los problemas que hoy atraviesan a la sociedad", para plantear que "acá cuando hablamos de reforma constitucional, lo que no tenemos que perder de vista es que lo único que se buscó en esto fue la reelección indefinida del poder ejecutivo". "Si uno realmente quiere modificar artículos de la Constitución porque entiende que son añejos, que necesitan aggiornarse a los tiempos que vive la sociedad hoy, mínimamente hacer un debate público. No lo hace en la última sesión legislativa de un período donde se renovó más de la mitad de la cámara, entre gallos y
medianoche, sobre tablas sin el más mínimo debate", cuestionó.
Y agregó: "No estamos hablando de subir o bajar impuestos, estamos hablando de modificar la estructura de la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego. Los tiempos en que vivimos, tenemos una provincia con una crisis económica terrible, con 50% de pobreza, con gente en estado de indigencia, con la industria partida, los empleados públicos no llegan a fin de mes, los docentes que tienen que estar con medidas de fuerza permanente".
"La policía que lamentablemente no cobra. La verdad que es una locura y no hablemos de educación, destinar fondos para una reforma constitucional que no le va a cambiar la vida absolutamente a nadie. Simplemente va a prolongar la
posibilidad de que el actual gobernador pueda ir a una reelección; la verdad que no entiendo que no hayan leído el mensaje del 26 de octubre", reflexionó Lechman respecto del resultado de las legislativas 2025.
Sin balances, sin autocrítica y sin respuestas por el año perdido, el Gobierno provincial y el gremio docente SUTEF volvieron a mostrarse sentados a la misma mesa. Esta vez no para explicar por qué el sistema educativo fueguino atravesó uno de sus peores ciclos lectivos, sino para proyectar un 2026 cargado de promesas, compromisos futuros y definiciones postergadas.
Mientras Javier Milei abre la puerta a televisores importados desde Egipto y acelera el desarme industrial, la industria fueguina queda expuesta y sin defensa. Con el empleo y la producción local en riesgo, el silencio del gobierno de Gustavo Melella deja a Tierra del Fuego a merced de una apertura que beneficia a importadores y castiga a quienes trabajan en la provincia.
Una ministra que regula la energía y, al mismo tiempo, integra el directorio de la empresa que la explota no es multitarea: es juez y parte. La designación de Gabriela Castillo en Terra Ignis cruza un límite legal y ético claro, expone al Gobierno a una incompatibilidad grave y debilita la transparencia del Estado, al tiempo que podría poner en tela de juicio legal todas las decisiones adoptadas.
Seis años de gestión bastaron para dejar a Tierra del Fuego con menos producción, más incertidumbre y un rojo anual de USD 80 millones. La exposición en la Legislatura no aclaró el futuro: lo expuso. Ausencias, improvisación y números en caída confirmaron que la política energética provincial fracasó, mientras el Gobierno habla de soberanía pero administra el declive y traslada el costo a los fueguinos.
Sin caja, sin previsión y sin plan, el gobierno de Gustavo Melella quedó expuesto al pedirle a las grandes empresas fueguinas un adelanto de impuestos para poder pagar el aguinaldo. Lo que debería ser una obligación básica del Estado se transformó en una muestra cruda del desorden fiscal: cuando una provincia necesita usar ingresos futuros para cubrir gastos corrientes, el problema ya no es coyuntural, es de gestión. Y la factura de esa irresponsabilidad no la pagan los funcionarios, la pagan los trabajadores, las empresas y toda Tierra del Fuego.
Mientras en el Congreso se debatía el Presupuesto 2026 —la ley que define los recursos para educación, salud, energía y obras en Tierra del Fuego— la banca del diputado Agustín Tita estuvo vacía. No fue una ausencia menor ni un detalle administrativo: fue la confirmación de una forma de hacer política donde los cargos funcionan como favores personales y no como herramientas de defensa provincial. En el momento en que la provincia necesitaba presencia, voz y firmeza, hubo silencio y una silla vacía. Y ese vacío lo pagan, una vez más, todos los fueguinos, también plantea dudas sobre si su ausencia busca beneficiar al gobierno nacional para destrabar la ley de presupuesto.
La advertencia de Moody’s no llega en el vacío: se inscribe en una provincia con un sistema energético al borde del colapso, con cortes, falta de inversión y dependencia creciente; con una educación atravesada por paros recurrentes, pérdida de días de clase y ausencia de planificación estratégica; con un sistema sanitario tensionado, desfinanciado y cada vez más lejos de garantizar respuestas oportunas; y con un Estado que gasta más de lo que recauda sin un horizonte claro de desarrollo. En ese contexto, la ratificación de la calificación no es un respaldo a la gestión, sino una señal de alarma: Tierra del Fuego navega sin rumbo, con desequilibrios fiscales crecientes y sin un plan energético, educativo ni sanitario que sostenga el futuro, mientras el gobierno de Gustavo Melella administra la coyuntura, posterga decisiones estructurales y deja a la provincia expuesta a un deterioro que ya no es solo financiero, sino integral.
La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, junto a la concejal Florencia Vargas, recibieron al Cónsul General de la República de Chile en esta ciudad, Roberto Ruíz Piracés, en el marco de su despedida institucional tras culminar su gestión diplomática en la ciudad.
Mientras en el Congreso se debatía el Presupuesto 2026 —la ley que define los recursos para educación, salud, energía y obras en Tierra del Fuego— la banca del diputado Agustín Tita estuvo vacía. No fue una ausencia menor ni un detalle administrativo: fue la confirmación de una forma de hacer política donde los cargos funcionan como favores personales y no como herramientas de defensa provincial. En el momento en que la provincia necesitaba presencia, voz y firmeza, hubo silencio y una silla vacía. Y ese vacío lo pagan, una vez más, todos los fueguinos, también plantea dudas sobre si su ausencia busca beneficiar al gobierno nacional para destrabar la ley de presupuesto.
Sin caja, sin previsión y sin plan, el gobierno de Gustavo Melella quedó expuesto al pedirle a las grandes empresas fueguinas un adelanto de impuestos para poder pagar el aguinaldo. Lo que debería ser una obligación básica del Estado se transformó en una muestra cruda del desorden fiscal: cuando una provincia necesita usar ingresos futuros para cubrir gastos corrientes, el problema ya no es coyuntural, es de gestión. Y la factura de esa irresponsabilidad no la pagan los funcionarios, la pagan los trabajadores, las empresas y toda Tierra del Fuego.
Mientras Javier Milei abre la puerta a televisores importados desde Egipto y acelera el desarme industrial, la industria fueguina queda expuesta y sin defensa. Con el empleo y la producción local en riesgo, el silencio del gobierno de Gustavo Melella deja a Tierra del Fuego a merced de una apertura que beneficia a importadores y castiga a quienes trabajan en la provincia.
Sin balances, sin autocrítica y sin respuestas por el año perdido, el Gobierno provincial y el gremio docente SUTEF volvieron a mostrarse sentados a la misma mesa. Esta vez no para explicar por qué el sistema educativo fueguino atravesó uno de sus peores ciclos lectivos, sino para proyectar un 2026 cargado de promesas, compromisos futuros y definiciones postergadas.
