Polo Sur
La decisión del gobernador Gustavo Melella de pedirle a las grandes empresas de Tierra del Fuego un adelanto de impuestos para poder pagar el aguinaldo de los empleados públicos marca un punto crítico en el deterioro de las cuentas provinciales. No se trata de una medida excepcional ni de una estrategia financiera sofisticada: es la evidencia de un Estado sin liquidez, sin previsión y sin margen de maniobra.
Con una provincia atravesada por la caída del consumo, la crisis del polo electrónico y el riesgo inmediato de perder hasta 1.000 puestos de trabajo, el Ejecutivo fueguino recurrió a una maniobra tan insólita como reveladora: solicitar $20.000 millones en concepto de anticipo de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos a empresas que hoy operan con sobrestock, baja de ventas y contratos laborales en suspenso. En otras palabras, el gobierno pretende financiar su déficit corriente trasladando su problema de caja al sector privado.
El pedido —$15.000 millones a las electrónicas nucleadas en AFARTE y otros $5.000 millones a Total Energies— no está destinado a inversión, infraestructura ni desarrollo, sino a cubrir gastos básicos: el medio aguinaldo de 16.000 empleados estatales. Es decir, ingresos futuros para tapar agujeros presentes, una práctica que desnuda improvisación fiscal y ausencia total de planificación.
La contradicción es evidente. Mientras el propio gobierno admite un déficit equivalente al monto solicitado, y mientras Moody’s advierte sobre el deterioro fiscal de la provincia, Melella insiste en un relato de diversificación productiva que no se traduce en ingresos reales ni en orden financiero. La consecuencia es directa: cuando el Estado no administra, termina mendigando.
Lejos de ser un problema coyuntural provocado exclusivamente por la falta de transferencias nacionales, la situación expone una irresponsabilidad estructural en el manejo de las cuentas públicas. Tierra del Fuego no aumentó impuestos clave, no corrigió el gasto, no generó nuevas fuentes genuinas de recursos y ahora recurre a anticipos forzados en un contexto de crisis empresarial y laboral.
Un gobierno que necesita pedirle plata adelantada a los empresarios locales para pagar sueldos no enfrenta una dificultad pasajera: enfrenta el fracaso de su modelo de gestión. Y cuando el Estado pierde previsibilidad, la factura no la pagan los funcionarios. La pagan los trabajadores, las empresas y, en última instancia, todos los fueguinos.
