Polo Sur
El Gobierno provincial volvió a presentar una reforma normativa como un “hito histórico” para la ampliación de la matriz productiva de Tierra del Fuego. Esta vez, el objeto es la acuicultura. Ayer fue el hidrógeno verde, antes el polo petroquímico, la planta de urea granulada, la de amoníaco, el puerto de Río Grande y una larga lista de anuncios que compartieron un mismo denominador común: grandes títulos, promesas de empleo y desarrollo, y una ejecución que nunca llegó a materializarse.
La promulgación de la nueva Ley de Acuicultura fue comunicada como un giro estratégico, cuando en los hechos no introduce cambios sustantivos respecto del marco legal anterior en uno de los puntos centrales del debate: la cría de salmónidos mediante sistemas de recirculación de agua (RAS). La Ley N.º 1355, que el propio gobierno defendió y promovió en su momento, nunca prohibió ni limitó la producción de salmones bajo sistemas RAS en tierra. Por el contrario, ese esquema ya estaba contemplado como una alternativa productiva compatible con criterios ambientales.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿qué cambia realmente ahora?
La respuesta es incómoda para el relato oficial. Cambia el discurso, no el fondo. Se reformula la narrativa, se reempaqueta la política pública y se la vuelve a presentar como si se tratara de una novedad transformadora, cuando en realidad el instrumento productivo ya existía y no había sido desarrollado. El problema nunca fue la ley, fue la falta de planificación, inversión, control y capacidad de gestión.
La nueva normativa promete controles reforzados, evaluaciones ambientales estratégicas, participación ciudadana y estándares elevados. Todo suena correcto en el papel. Pero la experiencia reciente de la provincia obliga a una lectura crítica: Tierra del Fuego hoy no logra ejercer controles efectivos en sectores mucho más consolidados, como el de los hidrocarburos, donde abundan los pasivos ambientales, las auditorías pendientes y las zonas degradadas sin remediación. Pretender que, de un día para otro, el Estado provincial contará con capacidades técnicas, humanas y presupuestarias para fiscalizar una actividad acuícola compleja resulta, cuando les cortan el gas en las comisarias, como mínimo es poco creíble.
Más aún cuando la ley reconoce implícitamente que todo queda supeditado a una futura reglamentación, que deberá definir parámetros, límites, metodologías de control y organismos responsables. Es decir, el corazón operativo del sistema aún no existe. La historia reciente demuestra que muchas de esas reglamentaciones se demoran, se diluyen o directamente nunca se aplican.
El discurso de la “diversificación de la matriz productiva” vuelve a ser utilizado como comodín político. Un concepto válido en términos estratégicos, pero completamente vaciado de contenido por su uso reiterado sin resultados concretos. Los fueguinos ya escucharon esta promesa demasiadas veces. La diversificación no se decreta, no se anuncia en conferencias de prensa ni se construye con slogans. Se logra con proyectos ejecutados, inversiones reales, reglas claras y un Estado capaz de controlar lo que habilita.
En este contexto, la reforma de la ley de salmonicultura no aparece como una política transformadora, sino como una nueva operación de marketing político, diseñada para simular un cambio que en los hechos no altera la estructura productiva ni corrige las debilidades del modelo de gestión.
El problema no es la acuicultura, ni siquiera la salmonicultura bajo sistemas controlados. El problema es seguir vendiendo como futuro lo que nunca se implementa en el presente. Y en Tierra del Fuego, ese verso —el de la diversificación permanente y el desarrollo inminente— ya no entusiasma, ya no convence y, sobre todo, ya no se cree.
