PoloSur
La prórroga de la emergencia en discapacidad es un tema crucial que se abordará en las comisiones del Congreso en las próximas semanas. La analista María Migliore destacó que el desfasaje entre los aranceles y los costos reales de tratamientos, traslados y apoyos está generando una crisis en el sector. Desde 2024, la inflación ha superado las actualizaciones de los valores establecidos, lo que ha llevado a que centros, profesionales y transportistas enfrenten dificultades financieras. Los pagos por las prestaciones pueden demorar entre 30 y 90 días, lo que agrava aún más la situación.
El acceso al sistema de atención comienza con el Certificado Único de Discapacidad, que se emite tras la evaluación de una junta médica interdisciplinaria en las provincias. Este documento es fundamental para habilitar tratamientos y transporte, así como para acceder a ciertas asignaciones. Sin embargo, la falta de actualización del nomenclador, que determina cuánto cubre el Estado, se ha convertido en un punto de conflicto significativo. Migliore subrayó que esta situación ha trasladado la presión financiera a quienes brindan servicios directos.
Las familias deben negociar con obras sociales y prestadores para obtener las autorizaciones necesarias, lo que puede complicar la continuidad de los tratamientos. La reducción de recursos ya está teniendo un efecto negativo en la disponibilidad de servicios, con algunas instituciones cerrando o limitando su funcionamiento. Esto afecta a centros de atención, escuelas especiales y profesionales que asisten a personas con discapacidad, lo que ha llevado a que algunas terapias se realicen con menor frecuencia debido a la falta de cobertura.
La discusión en el Congreso se centra en la necesidad de prorrogar la ley de emergencia en discapacidad, que busca reconocer el desfasaje acumulado y actualizar las prestaciones. La analista Migliore enfatizó que la medida es esencial para mantener la cobertura existente, especialmente para quienes tienen discapacidades severas y carecen de recursos para afrontar los costos de atención.
Fuente original: Infobae Sociedad.
