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En su fallo, el tribunal argumentó que la suspensión preventiva de la ley era inadmisible, subrayando la importancia de la presunción de legitimidad de las normas que han sido sancionadas. Este pronunciamiento reafirma el marco legal vigente y la necesidad de respetar las decisiones legislativas.
La decisión del tribunal también resalta la responsabilidad de las instituciones judiciales en la interpretación y aplicación de las leyes, asegurando que estas se implementen de acuerdo con los principios establecidos en el ordenamiento jurídico.
Con esta revocación, se mantiene la normativa que establece la baja en la edad de imputabilidad, lo que podría tener repercusiones en el tratamiento de menores en el sistema penal. La medida genera un debate en la sociedad sobre la justicia y la protección de los derechos de los jóvenes.
La resolución del tribunal marca un hito en la discusión sobre la imputabilidad de los menores en Argentina, reafirmando la vigencia de la ley y su aplicación en los casos que correspondan.
Fuente original: Página 12 Sociedad.
