Martín Perez advirtió por la presencia de militares extranjeros en Ushuaia y reclamó explicaciones al Gobierno nacional

RÍO GRANDE.– El intendente de Río Grande, Martín Perez, manifestó su preocupación ante la información difundida por Agenda Malvinas sobre la presencia de personal militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego y reclamó explicaciones al Gobierno nacional acerca de las condiciones bajo las cuales se desarrollan esas actividades.

Perez puso particularmente el foco sobre una cuestión constitucional: determinar si el ingreso y permanencia de los efectivos extranjeros cuenta con la correspondiente intervención del Congreso de la Nación.

“La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional?”, planteó el jefe comunal.

El cuestionamiento apunta directamente al artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional, que establece entre las atribuciones del Congreso la de “permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él”.

Perez pidió que Nación informe y que el Congreso controle

Para el intendente riograndense, frente a la gravedad institucional y estratégica de la situación denunciada no alcanza con explicaciones informales y corresponde que las autoridades nacionales determinen con precisión cuál es el encuadre jurídico de la presencia extranjera.

“El Poder Ejecutivo Nacional debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas y, en el marco de sus competencias de control, el propio Congreso debe verificar el posible incumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 28”, sostuvo Perez.

De esta manera, el intendente reclamó que se esclarezca formalmente si existe una autorización legislativa aplicable, cuál es la misión asignada al personal extranjero, qué actividades desarrolla y bajo qué condiciones se encuentra operando en territorio fueguino.

La cuestión adquiere una dimensión particular por tratarse de Tierra del Fuego, territorio central para la proyección argentina hacia la Antártida y el Atlántico Sur y directamente vinculado con la cuestión Malvinas.

La Base Naval Integrada en el centro de la advertencia

Perez también relacionó la situación con los recientes anuncios del presidente Javier Milei sobre la continuidad de las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

El intendente diferenció claramente su respaldo a la concreción de infraestructura destinada a fortalecer las capacidades nacionales de cualquier eventual utilización de esas instalaciones por fuerzas militares extranjeras.

“La decisión anunciada por el Presidente de dar continuidad a las obras de construcción de la Base Naval de Ushuaia, paralizadas tras casi 3 años, no debe convertirse en un intento de meter por la ventana la militarización del territorio argentino por parte de potencias extranjeras”, advirtió.

La expresión introduce uno de los principales interrogantes políticos alrededor del futuro de la infraestructura: quién podrá utilizarla una vez finalizada y bajo qué condiciones.

Para Perez, sobre ese punto no debería existir ambigüedad.

“Únicamente las Fuerzas Armadas Argentinas deben tener permitido el uso de la base”, afirmó.

“Ninguna ley ni la Constitución avalan la militarización”

El intendente cerró su posicionamiento con una definición vinculada directamente con la soberanía y el control nacional de instalaciones estratégicas.

“Ninguna ley ni mucho menos la Constitución Nacional avalan la militarización de nuestro territorio por parte de otros países”.

Las declaraciones de Perez vuelven a instalar así una discusión que excede el episodio puntual denunciado: qué límites debe tener la cooperación militar con otros Estados cuando las actividades se desarrollan en una región de enorme sensibilidad geopolítica para la Argentina.

La cooperación y los ejercicios conjuntos entre Fuerzas Armadas de distintos países no implican por sí mismos el establecimiento de una base extranjera. Sin embargo, el planteo del intendente apunta a otra cuestión: que cualquier presencia de tropas extranjeras debe encontrarse debidamente encuadrada en las normas argentinas y sometida a los controles institucionales correspondientes.

En ese contexto, Perez reclama que Nación despeje las dudas y que el Congreso determine si las actividades denunciadas cuentan con el respaldo constitucional correspondiente.

Para el intendente de Río Grande, la reactivación de la Base Naval Integrada puede constituir una herramienta para fortalecer la presencia argentina en el extremo sur, pero esa misma infraestructura no debería abrir la puerta a una presencia militar permanente o recurrente de otras potencias.

El planteo deja una definición política concreta: fortalecer la presencia militar argentina en Tierra del Fuego, sí; transformar infraestructura estratégica nacional en una plataforma para fuerzas extranjeras, no.