Polo Sur
La decisión del presidente Javier Milei de retirar al Estado como querellante en la causa por el crédito del FMI durante el gobierno de Mauricio Macri constituye un hecho políticamente grave y altamente cuestionable. Lejos de fortalecer la transparencia institucional, el Gobierno opta por correrse de una investigación que busca esclarecer el destino de decenas de miles de millones de dólares de deuda pública que hoy siguen condicionando el futuro económico del país.
El argumento formal puede apoyarse en criterios jurídicos, pero el trasfondo político resulta difícil de ignorar: la medida beneficia directamente a funcionarios actuales de su propio gabinete que tuvieron responsabilidades en aquella etapa, como Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Esto proyecta la imagen de un Estado que abandona su rol de control para proteger intereses políticos antes que el interés público.
Además, persisten fuertes cuestionamientos sobre la operatoria misma de ese endeudamiento. Numerosos análisis económicos y denuncias judiciales sostienen que el crédito no se tradujo en inversión productiva ni en mejoras estructurales —como salud, educación o infraestructura— que fortalezcan las economías regionales. Por el contrario, se señala que una parte sustancial de esos fondos habría terminado alimentando procesos de salida de capitales y operaciones financieras que beneficiaron principalmente a actores concentrados y capitales externos, sin generar desarrollo sostenible para el país.
Más aún, la decisión contrasta con las posiciones históricas del propio Milei, quien antes de llegar a la presidencia cuestionaba duramente ese endeudamiento. Ese cambio de postura no solo genera sospechas, sino que erosiona la credibilidad institucional y alimenta la percepción de doble estándar en la lucha contra la corrupción y la mala administración de los recursos públicos.
Cuando el Estado se retira de investigar una deuda que compromete generaciones, el mensaje que se transmite es preocupante: la impunidad puede prevalecer sobre la rendición de cuentas. Y en un país marcado por crisis recurrentes de deuda y desconfianza institucional, ese es un camino políticamente riesgoso y socialmente irresponsable.
