Polo Sur
En medio de una de las discusiones más delicadas que atraviesa hoy la provincia —el creciente déficit fiscal y la dependencia del endeudamiento para sostener el funcionamiento del Estado—, las recientes declaraciones del gobernador Gustavo Melella no solo resultan desafortunadas: exponen con crudeza una concepción preocupante sobre el uso de los recursos públicos.
Calificar como “insignificante” el costo de sostener una estructura de aproximadamente 1200 cargos políticos no es un error de comunicación. Es, en realidad, una definición política. Una que revela prioridades.
Porque mientras el gobierno provincial recurre al endeudamiento para afrontar obligaciones básicas como el pago de salarios, mientras se acumulan tensiones con municipios, organismos y sectores productivos, y mientras la economía real muestra signos de agotamiento, minimizar el peso del gasto político equivale a negar una parte central del problema.
No se trata únicamente de una discusión contable. Se trata de legitimidad.
En contextos de restricción fiscal, cada peso que se destina al sostenimiento de la estructura política debe poder justificarse con resultados concretos en la gestión. Y cuando esos resultados no aparecen —cuando no hay avances estructurales en la matriz productiva, ni mejoras sustanciales en infraestructura, ni señales claras de ordenamiento financiero— el gasto político deja de ser una herramienta de gobierno para convertirse en una carga difícil de explicar.
La magnitud de la planta política no es irrelevante. Es un indicador del modelo de gestión. Habla de cómo se distribuye el poder, de qué se prioriza y, sobre todo, de cómo se administran los recursos en un contexto de escasez.
Decir que es “insignificante” es, en el fondo, desconocer el esfuerzo que realiza la sociedad para sostener al Estado.
Porque el déficit no es una abstracción técnica: se traduce en deuda, en menor capacidad de inversión, en presión fiscal futura y en una creciente fragilidad financiera. Y en ese escenario, cada decisión que incremente el gasto estructural sin una contrapartida clara agrava el problema.
Más aún cuando ese gasto está vinculado a cargos políticos.
La política no puede exigir sacrificios hacia afuera y relativizar sus propios costos hacia adentro. No puede pedir responsabilidad fiscal mientras amplía o naturaliza estructuras que, lejos de optimizar el funcionamiento del Estado, parecen responder más a lógicas de acumulación de poder que a criterios de eficiencia.
El problema no es solo cuánto se gasta.
El problema es en qué se gasta y con qué resultados.
Minimizar el costo de 1200 cargos políticos en un contexto de déficit sostenido no es una frase aislada: es una señal. Una señal de desconexión con la realidad fiscal de la provincia y con el esfuerzo cotidiano de los fueguinos.
Porque cuando el ajuste siempre es hacia afuera y nunca hacia adentro, lo que se erosiona no es solo el equilibrio financiero.
Se erosiona la credibilidad.
Y sin credibilidad, no hay gestión que se sostenga en el tiempo.
