Polo Sur
En Tierra del Fuego no faltan leyes, la realidad indican que sobran.
Lo que falta es algo mucho más básico y mucho más grave: un gobierno capaz de cumplirlas.
El listado de normas sin reglamentar es contundente. No se trata de un par de leyes olvidadas en algún cajón. Son más de cincuenta iniciativas aprobadas por la Legislatura que nunca fueron llevadas a la práctica. Y no hablamos de cuestiones menores o simbólicas: hablamos de salud, niñez, seguridad, ambiente, trabajo, educación, una serie de normas muy importantes que garantizan derechos.
Hay leyes para prevenir accidentes cerebrovasculares. Leyes para atender a niños con cáncer. Leyes para combatir el grooming. Leyes para implementar el alcohol cero al volante. Leyes para regular profesiones clave del sistema de salud. Leyes para enfrentar el cambio climático. Leyes para proteger a las víctimas de violencia.
Todas aprobadas. Todas vigentes en el papel.
Y todas, en los hechos, inexistentes por la desidia de un gobierno que no avanza en su reglamentación para finalmente implementarlas adecuadamente.
Porque una ley que no se reglamenta es una ley que no existe.
Esa es la verdadera dimensión del problema. No es técnico. Es político. Es de gestión. Es de capacidad y tiene responsables.
Mientras tanto, el mismo Gobierno que acumula normas sin aplicar, ahora intenta relanzarse enviando un nuevo paquete de leyes a la Legislatura. Hablan de modernización, de eficiencia, de transformación del Estado. Pero la realidad es otra: no pueden implementar lo que ya tienen, y pretenden avanzar con más.
La contradicción es insostenible.
No hay reforma posible si el Estado no puede ejecutar. No hay modernización si lo básico no funciona. No hay credibilidad cuando las leyes se anuncian, se aprueban y después se abandonan.
Porque esto no es solo un problema administrativo. Tiene consecuencias concretas.
Cada ley no reglamentada es una política pública que no llega.
Es un derecho que no se garantiza.
Es una herramienta que no se usa.
Es, en muchos casos, una oportunidad perdida para salvar vidas, mejorar servicios o proteger a los sectores más vulnerables.
Y mientras eso ocurre, el Gobierno decide avanzar con nuevas normas, muchas de ellas de altísimo impacto, que vuelven a concentrar poder, flexibilizar controles o rediseñar áreas estratégicas cuyo control podría perderse.
La pregunta es inevitable:
¿Para qué quieren más leyes, si no pueden hacer funcionar las que ya existen?
El problema de fondo no es legislativo. Es de gestión.
Y cuando un gobierno intenta tapar su incapacidad de ejecutar con una sobreproducción de leyes, lo que hace no es fortalecer al Estado.
Lo debilita.
Porque un Estado que no cumple sus propias normas deja de ser previsible, pierde autoridad y erosiona la confianza pública.
En definitiva, no estamos frente a un gobierno que necesita más herramientas.
Estamos frente a un gobierno que no sabe usar las que ya tiene.
