La creación de la llamada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina es la institucionalización de una paradoja. Un gobierno que hizo de la mentira, la exageración y la injuria personal una herramienta cotidiana de construcción política ahora pretende erigirse en árbitro de la verdad.
El presidente Javier Milei ha recurrido en numerosas ocasiones a afirmaciones falsas, datos manipulados y ataques personales para desacreditar a opositores, periodistas, economistas, gobernadores, legisladores y hasta aliados circunstanciales. Desde acusaciones sin sustento hasta operaciones discursivas amplificadas en redes sociales, la desinformación ha sido parte central de su estrategia política, no un desliz ocasional.
En ese marco, resulta casi cínico que quienes profesionalizaron el agravio, el escrache digital y la mentira como método anuncien ahora una oficina estatal para “desmentir fake news”. No se trata de defender el periodismo —al que el propio Presidente desprecia abiertamente— ni de mejorar la calidad de la información pública, sino de construir un dispositivo de disciplinamiento, donde el poder decide qué es verdad y qué debe ser señalado como “operación”.
La oficina, diseñada y operada por el círculo más íntimo del poder, con Santiago Caputo como arquitecto central, no nace para informar sino para atacar. No busca transparencia, busca control del relato. No promueve el debate democrático, sino la estigmatización del disenso.
El argumento oficial —“solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”— esconde una trampa peligrosa: confundir respuesta con persecución. Porque cuando el Estado se arroga la facultad de señalar públicamente a medios, periodistas u opositores, el límite entre comunicación y censura se vuelve difuso, especialmente en un contexto donde el propio Presidente ha llegado a sugerir el cierre de medios críticos.
¿Quién controla al que dice controlar la mentira cuando ese mismo actor ha hecho de la falsedad un recurso sistemático?
Lejos de combatir las fake news, esta iniciativa profundiza un modelo autoritario de comunicación política, donde la verdad deja de ser un valor y pasa a ser una construcción del poder. En manos de un gobierno que desprecia la institucionalidad, la prensa libre y el pluralismo, una “oficina de la verdad” no es una solución: es una advertencia.
