La creación de la llamada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina es la institucionalización de una paradoja. Un gobierno que hizo de la mentira, la exageración y la injuria personal una herramienta cotidiana de construcción política ahora pretende erigirse en árbitro de la verdad.
El presidente Javier Milei ha recurrido en numerosas ocasiones a afirmaciones falsas, datos manipulados y ataques personales para desacreditar a opositores, periodistas, economistas, gobernadores, legisladores y hasta aliados circunstanciales. Desde acusaciones sin sustento hasta operaciones discursivas amplificadas en redes sociales, la desinformación ha sido parte central de su estrategia política, no un desliz ocasional.
En ese marco, resulta casi cínico que quienes profesionalizaron el agravio, el escrache digital y la mentira como método anuncien ahora una oficina estatal para “desmentir fake news”. No se trata de defender el periodismo —al que el propio Presidente desprecia abiertamente— ni de mejorar la calidad de la información pública, sino de construir un dispositivo de disciplinamiento, donde el poder decide qué es verdad y qué debe ser señalado como “operación”.
La oficina, diseñada y operada por el círculo más íntimo del poder, con Santiago Caputo como arquitecto central, no nace para informar sino para atacar. No busca transparencia, busca control del relato. No promueve el debate democrático, sino la estigmatización del disenso.
El argumento oficial —“solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”— esconde una trampa peligrosa: confundir respuesta con persecución. Porque cuando el Estado se arroga la facultad de señalar públicamente a medios, periodistas u opositores, el límite entre comunicación y censura se vuelve difuso, especialmente en un contexto donde el propio Presidente ha llegado a sugerir el cierre de medios críticos.
¿Quién controla al que dice controlar la mentira cuando ese mismo actor ha hecho de la falsedad un recurso sistemático?
Lejos de combatir las fake news, esta iniciativa profundiza un modelo autoritario de comunicación política, donde la verdad deja de ser un valor y pasa a ser una construcción del poder. En manos de un gobierno que desprecia la institucionalidad, la prensa libre y el pluralismo, una “oficina de la verdad” no es una solución: es una advertencia.
El intendente de Río Grande advirtió que «sin orden y planificación se habilita el avance sobre los recursos fueguinos.»
La deuda que el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego mantiene con el Municipio de Ushuaia por fondos de coparticipación alcanzó en enero de 2026 su nivel más alto de los últimos años y encendió todas las alarmas en la capital fueguina. Según información económica publicada por el medio El Delivery, el monto adeudado superó los 9.000 millones de pesos, con demoras en las transferencias que volvieron a ubicarse cerca de los 30 días.
Los anestesiólogos de Tierra del Fuego iniciaron una medida de fuerza de alcance provincial como consecuencia de deudas acumuladas por parte de OSEF, que afectan tanto al sistema público como al privado. La decisión impacta en las cirugías programadas, mientras que las urgencias y emergencias continúan garantizadas.
El conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia quedó definitivamente fuera del ámbito judicial local tras el dictamen del fiscal de la Justicia Federal. La decisión no solo encamina la causa hacia la Corte Suprema, sino que también dejó al descubierto una estrategia legal cuestionada, que incluyó una presentación externa valuada en unos 60 mil dólares, más de $87 millones de pesos, solventada con fondos públicos, una de los tantos gastos innecesarios por la gestión del gobernador Melella fueguino en los últimos años.
El presidente de Estados Unidos desmintió haber mantenido una relación de amistad con el fallecido financista, quien fue acusado de tráfico sexual de menores, y advirtió que iniciará acciones legales contra el escritor Michael Wolff, a quien acusa de conspirar para dañarlo políticamente.
Policías retirados retomaron las movilizaciones en Río Grande. Alfredo Gatti denunció una deuda millonaria, cuestionó al Ejecutivo, al Legislativo y a la Justicia, y anticipó un plan de protestas sostenidas.
Policías retirados retomaron las movilizaciones en Río Grande. Alfredo Gatti denunció una deuda millonaria, cuestionó al Ejecutivo, al Legislativo y a la Justicia, y anticipó un plan de protestas sostenidas.
Los anestesiólogos de Tierra del Fuego iniciaron una medida de fuerza de alcance provincial como consecuencia de deudas acumuladas por parte de OSEF, que afectan tanto al sistema público como al privado. La decisión impacta en las cirugías programadas, mientras que las urgencias y emergencias continúan garantizadas.
La producción de gas natural en Tierra del Fuego atraviesa uno de sus momentos más críticos en más de dos décadas. Según datos oficiales procesados por el Instituto Provincial de Análisis, Investigación, Estadística y Censos (IPIEC), la extracción del recurso registró una caída interanual del 43%, un dato que no solo confirma la tendencia descendente de los últimos años, sino que expone la profundización de un retroceso estructural sin señales claras de recuperación en el corto plazo.
La deuda que el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego mantiene con el Municipio de Ushuaia por fondos de coparticipación alcanzó en enero de 2026 su nivel más alto de los últimos años y encendió todas las alarmas en la capital fueguina. Según información económica publicada por el medio El Delivery, el monto adeudado superó los 9.000 millones de pesos, con demoras en las transferencias que volvieron a ubicarse cerca de los 30 días.
El intendente de Río Grande advirtió que «sin orden y planificación se habilita el avance sobre los recursos fueguinos.»
