Polo Sur
La reciente designación de Maximiliano D’Alessio como director de YPF por la Provincia de Tierra del Fuego expone un punto crítico que hasta ahora ha sido deliberadamente omitido del debate público, la posible ilegalidad del procedimiento utilizado para su nombramiento.
De acuerdo a la documentación oficial presentada ante la Comisión Nacional de Valores, el propio Directorio de YPF formalizó la incorporación de D’Alessio como Director Titular en reemplazo de Andrea Confini . Sin embargo, lo que en apariencia es un trámite administrativo más, en realidad podría constituir una violación directa de la normativa vigente en Tierra del Fuego.
La Ley Provincial Nº 1012 es categórica y no deja margen para interpretaciones ambiguas:
El representante de la provincia en el directorio de YPF debe ser designado por el Poder Ejecutivo “ad referéndum” de la Legislatura, y lo que es aún más relevante, no puede asumir funciones hasta contar con la conformidad expresa o tácita del Poder Legislativo fueguino.
Aquí radica el núcleo del problema.
Hasta el momento, no existe información pública que confirme que la Legislatura haya otorgado dicha conformidad, ni expresa ni tácita. Tampoco se ha comunicado formalmente el cumplimiento del procedimiento de notificación dentro del plazo legal de dos días hábiles. En otras palabras, si estos pasos no se cumplieron, el porteño D’Alessio amigo de Melella estaría ejerciendo un cargo sin la validación institucional requerida por ley.
Esto no es un detalle menor ni una formalidad burocrática:
Es un requisito estructural diseñado para garantizar el control democrático sobre una de las decisiones más estratégicas en materia energética y patrimonial de la provincia.
El trasfondo político agrava aún más la situación. La designación de D’Alessio —actual titular de Terra Ignis— se inscribe en un contexto de creciente alineamiento entre el gobernador Gustavo Melella y el gobierno nacional de Javier Milei. En ese marco, la ocupación de espacios de poder dentro de YPF parece responder más a acuerdos políticos que a procedimientos institucionales transparentes, además de responder eventualmente a beneficios personales que nada tienen que ver con beneficiar a los ciudadanos fueguinos.
La pregunta es inevitable:
¿se está utilizando a YPF como moneda de negociación política a costa de vulnerar la legalidad vigente y de seguir permitiendo el ataque a la industria fueguina?
Si la Legislatura no intervino como lo exige la ley, estamos frente a un precedente grave:
La omisión del control legislativo en una decisión que involucra la representación directa de los intereses fueguinos en la principal empresa energética del país.
Pero incluso si el procedimiento estuviera en curso, el silencio oficial resulta, como mínimo, preocupante.
Porque en materia institucional, la opacidad no es neutral: es funcional al avance de decisiones discrecionales.
Este episodio no solo interpela al Poder Ejecutivo provincial, sino también a la propia Legislatura, que tiene la responsabilidad de ejercer el control político que la ley le asigna. La ausencia de pronunciamiento no es inocua: puede interpretarse como convalidación tácita de un proceso que, en esencia, exige debate, transparencia y legitimidad.
En un contexto donde Tierra del Fuego enfrenta decisiones estratégicas en materia de hidrocarburos, soberanía energética y control de sus recursos, naturalizar este tipo de irregularidades implica resignar capacidad de decisión y debilitar las instituciones.
