Milei decidió retirar al Estado como querellante en la causa que investiga la deuda récord tomada con el FMI durante el macrismo, una medida que beneficia directamente a exfuncionarios hoy cercanos al poder. La decisión reabre el debate sobre el destino de esos fondos, cuestionados por su posible vínculo con procesos de fuga de capitales, y deja al país frente a una pregunta incómoda: quién asume la responsabilidad política por una deuda que aún condiciona el presente económico argentino.
