Mientras el Gobierno libertario avanza con un modelo que destruye empleo, cierra PyMEs y hunde el consumo, la Cámara de Comercio fueguina eligió escuchar sin cuestionar a quienes impulsan la apertura indiscriminada de importaciones, el vaciamiento del FAMP y la eliminación de aranceles que golpean a la producción local. En nombre de una supuesta “modernización”, el sector que debería defender el trabajo y la industria parece acompañar, en silencio, las políticas que los están llevando al abismo.
Actualidad28/01/2026
Polo Sur
La reciente reunión entre referentes de La Libertad Avanza y la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande dejó una postal inquietante: representantes del sector empresario local escuchando con atención —y sin cuestionamientos de fondo— a los mismos actores políticos que impulsan un modelo económico que profundiza la recesión, destruye empleo y asfixia al entramado productivo nacional y fueguino.
Bajo el eufemismo de “modernización laboral”, los legisladores libertarios expusieron ante la Cámara un proyecto que forma parte de un paquete de reformas estructurales que ya está mostrando resultados concretos y devastadores: más de 200.000 puestos de trabajo destruidos, más de 19.000 PyMEs cerradas, caída abrupta del consumo, tarifazos generalizados y una apertura indiscriminada de importaciones que golpea de lleno a la producción local.
Resulta difícil de explicar —salvo desde una lógica de subordinación ideológica— la actitud complaciente de una Cámara que representa a comerciantes e industriales fueguinos frente a un gobierno nacional que eliminó aranceles a la importación, debilitó la industria nacional, y avanzó en el vaciamiento y virtual cierre del FAMP, una herramienta clave para la ampliación y diversificación de la matriz productiva de Tierra del Fuego. Sin financiamiento, sin protección y sin mercado interno, no hay PyMEs que resistan.
Mientras los representantes libertarios prometen “previsibilidad” y “menos litigiosidad”, la realidad muestra persianas bajas, caída del poder adquisitivo y una contracción del consumo que impacta directamente en el comercio local. No hay reforma laboral que genere empleo en un contexto donde la demanda se derrumba y los costos fijos se disparan por el aumento de tarifas de energía, transporte y servicios.
La discusión sobre la eliminación de los aportes obligatorios a las cámaras empresarias —planteada en el proyecto y cuestionada tímidamente por la CCIP— resulta casi anecdótica frente al problema de fondo. El verdadero debate debería ser otro: ¿cómo sostener empresas, empleo y producción en un país que decidió abandonar cualquier política de desarrollo?
La Cámara de Comercio parece olvidar que el ajuste libertario no distingue sectores. Golpea a trabajadores, pero también a comerciantes, industriales y PyMEs. La apertura indiscriminada de importaciones no solo amenaza a la industria: destruye el comercio local, reemplazado por productos importados que compiten con ventajas cambiarias, fiscales y logísticas imposibles de igualar.
Hablar de “no eliminar derechos adquiridos” mientras se desmontan los pilares del mercado interno es una contradicción evidente. Sin salario, sin consumo y sin protección productiva, los derechos se vuelven abstractos. La supuesta modernización termina siendo un camino directo a la precarización y al cierre de empresas.
La actitud de la Cámara frente a este escenario refleja un preocupante síndrome de Estocolmo económico: sectores que terminan defendiendo o justificando a quienes los están perjudicando. En lugar de alzar la voz frente a políticas que destruyen empleo y producción, optan por el silencio o la cortesía institucional, aun cuando los números muestran un deterioro acelerado.
Tierra del Fuego necesita más industria, más empleo y más consumo, no discursos importados ni reformas que profundizan la recesión. La historia económica argentina es clara: cuando se destruye el mercado interno, caen primero los trabajadores y luego las PyMEs. Aplaudir o naturalizar ese camino no es modernización: es complicidad.
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