Polo Sur
El Gobierno nacional avanzó con una decisión que vuelve a encender alarmas en Tierra del Fuego. A través de la Resolución 19/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, el Ministerio de Economía habilitó un mecanismo que permite a las empresas radicadas bajo el régimen de la Ley 19.640 reducir —e incluso llevar a cero— los aportes obligatorios al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), argumentando pérdida de competitividad por cambios tributarios y arancelarios que el propio gobierno nacional implemento de forma inconsulta y arbitraria.
La medida se da en un contexto más que elocuente: la eliminación de aranceles a la importación de celulares y smartphones, que golpea directamente a la industria electrónica fueguina. Frente a ese escenario, el Estado nacional no solo avanzó con la apertura importadora, sino que ahora habilita a las empresas a desfinanciar el principal instrumento creado para diversificar la economía de la provincia.
El FAMP fue concebido como la contrapartida central de la prórroga del régimen industrial hasta 2038. A cambio de sostener los beneficios fiscales, las empresas debían aportar el 15% del beneficio obtenido por IVA para financiar nuevos proyectos productivos, ampliar la matriz económica y reducir la dependencia del ensamblado electrónico. Esa era la lógica del acuerdo. Hoy, esa lógica empieza a desarmarse.
La nueva resolución redefine de manera amplia y flexible qué se entiende por “alteración de la competitividad”, habilitando a las empresas —individualmente o a través de cámaras— a solicitar la reducción de sus aportes. Incluso se prevé explícitamente que el porcentaje pueda fijarse en cero por ciento, si se considera que están en riesgo la capacidad productiva o los puestos de trabajo.
Sin embargo, el dato que genera mayor controversia es otro: mientras reclaman alivio financiero y reducen su contribución al fondo fueguino, varias de las principales empresas del régimen están realizando inversiones para diversificar su negocio fuera de la provincia, destinando capital a otras jurisdicciones y actividades, pero manteniendo los beneficios del esquema especial fueguino. Es decir, usan Tierra del Fuego como plataforma fiscal, pero no como territorio prioritario de inversión.
En la práctica, la resolución nacional funciona como un salvataje empresario que preserva márgenes de rentabilidad frente a la caída de aranceles, pero a costa de vaciar el FAMP y debilitar la única herramienta diseñada para construir una alternativa productiva real en la provincia. La diversificación existe, pero ocurre lejos del territorio fueguino.
La contradicción es evidente: mientras el Gobierno nacional promueve la apertura importadora que erosiona la competitividad industrial, habilita al mismo tiempo a las empresas a reducir su aporte al fondo que debía compensar justamente ese riesgo estructural. El resultado es un doble impacto negativo: menos protección y menos recursos para el desarrollo.
Lejos de fortalecer la matriz productiva fueguina, la decisión consolida un modelo de corto plazo, donde las empresas ajustan, protegen su rentabilidad y trasladan inversiones, mientras la provincia pierde herramientas estratégicas para planificar su futuro económico.
El FAMP, presentado como el gran puente hacia una economía diversificada y sustentable, corre ahora el riesgo de convertirse en una cáscara vacía. Y una vez más, bajo el argumento de “cuidar la competitividad”, el costo real lo paga Tierra del Fuego: menos recursos, menos inversión local y más dependencia de decisiones tomadas lejos del territorio.
