El Gobierno de Gustavo Melella quedó expuesto: el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia —bajo la responsabilidad de Adriana Chaperón— acumula una deuda millonaria e impaga de más de $6.394 millones con el OSEF, desfinanciando a la propia obra social de los estatales y profundizando la crisis sanitaria que hoy sufren miles de fueguinos. El Estado provincial aparece, así, no como garante del sistema de salud, sino como su principal deudor y responsable del colapso.
Actualidad03/12/2025
Polo Sur
El propio Estado provincial desfinancia a la obra social y profundiza la crisis sanitaria
La crisis financiera del OSEF dejó de ser un problema administrativo o de coyuntura para convertirse en un síntoma estructural del deterioro del sistema de salud fueguino. Pero esta vez, la gravedad quedó documentada en un certificado oficial: el propio Gobierno de la Provincia —a través del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia que involucra a Adriana Chaperon— acumula una deuda exigible de $6.394.554.557,19 con la obra social estatal.
El monto surge del Certificado de Deuda N.º 01/2025, emitido el 20 de agosto de 2025 por la presidenta del OSEF, Mariana Silvina Hruby, quien detalla que la cartera ministerial debe cobertura de prestaciones, medicamentos, prótesis y servicios destinados a beneficiarios del régimen RUPE y programas de acogimiento familiar en el marco de las leyes 389, 410, 1037 y 1072.
Según el documento, la deuda incluye facturación impaga desde 2009 hasta el 30 de junio de 2025, consolidada tras la certificación previa N.º 02/2024, ahora actualizada con los períodos 2024 y 2025. La propia OSEF aclara que el certificado constituye título ejecutivo, lo que significa que la Provincia —es decir, el gobierno que conduce Gustavo Melella— se encuentra formalmente intimada a cancelar una deuda multimillonaria con su propia obra social.
El Estado pronvicial como principal deudor de su propia obra social
La situación revela una contradicción que ya es insostenible, mientras miles de afiliados padecen la falta de turnos, la ausencia de especialistas, la suspensión de prácticas y los atrasos en la entrega de medicamentos, el Estado provincial es, a la vez, el principal responsable de desfinanciar al OSEF.
certificacion de deuda n 01-2025.pdf
El Gobierno reclama eficiencia, orden y responsabilidad a la obra social, pero es su propia administración la que retiene recursos que deberían garantizar prestaciones básicas. Esta deuda no es técnica, ni contable, ni circunstancial, es política.
La pregunta que ya circula con fuerza en la provincia es evidente:
¿Cómo puede sostenerse un sistema de salud si el mismo gobierno que debe financiarlo le debe más de 6 mil millones de pesos?
Una deuda que explica la crisis sanitaria
El deterioro del OSEF no es producto del azar. Los atrasos a prestadores, la pérdida de profesionales, la discontinuidad de tratamientos, las deudas con farmacias y la caída de las derivaciones tienen una causa raíz: la obra social no recibe los fondos que el Estado debe transferirle por obligación legal.
Mientras la administración provincial busca responsabilizar a terceros por la crisis sanitaria, los documentos muestran otra cosa, el problema es interno, estructural y generado por la propia gestión.
Melella y un modelo que deja sin respaldo a los trabajadores estatales
La gravedad política del certificado trasciende el plano contable. Los trabajadores estatales —docentes, policías, profesionales de salud, personal administrativo— sostienen mes a mes el sistema con sus aportes, pero es el Ejecutivo privincial quien incumple.
La deuda acumulada refleja años de omisiones, subejecución, falta de previsión presupuestaria y desinterés en garantizar la sustentabilidad del sistema de salud estatal. Hoy, el impacto se ve en consultorios vacíos, falta de turnos, guardias sobrecargadas y afiliados sin cobertura efectiva.
Un gobierno que exige sacrificios mientras no cumple sus obligaciones
La situación deja al descubierto un doble discurso, el Gobierno reclama previsibilidad, orden y cumplimiento a los ciudadanos, pero ni siquiera honra sus obligaciones más básicas con la obra social que debe proteger a los trabajadores y sus familias.
El certificado de deuda es mucho más que un trámite administrativo: es la evidencia escrita de que el Estado provincial es uno de los principales responsables del colapso sanitario que sufren los fueguinos.
El empresario Daniel González encabeza el nuevo binomio de la entidad para el período 2025-2027, proponiendo un plan de shock de modernización institucional para reactivar el vínculo con los comerciantes de la ciudad.
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El delegado de base en Radio Victoria y candidato a secretario general de la UOM Río Grande por la Lista Celeste, Pablo Ibáñez, trazó un panorama alarmante sobre el cierre de 2025 en la industria electrónica fueguina. En diálogo radial, afirmó que el sector atraviesa “uno de los escenarios más inciertos de los últimos años” y advirtió que, de mantenerse la política económica nacional, el país se encamina a un “industricidio”.
Desde la medianoche de hoy, la institución sanitaria dejó sin cobertura a miles de beneficiarios, tras cumplirse el ultimátum por un pasivo que supera los $5.500 millones y la falta de convalidación de convenios.
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