El Gobierno de Gustavo Melella quedó expuesto: el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia —bajo la responsabilidad de Adriana Chaperón— acumula una deuda millonaria e impaga de más de $6.394 millones con el OSEF, desfinanciando a la propia obra social de los estatales y profundizando la crisis sanitaria que hoy sufren miles de fueguinos. El Estado provincial aparece, así, no como garante del sistema de salud, sino como su principal deudor y responsable del colapso.
Actualidad03/12/2025
Polo Sur
El propio Estado provincial desfinancia a la obra social y profundiza la crisis sanitaria
La crisis financiera del OSEF dejó de ser un problema administrativo o de coyuntura para convertirse en un síntoma estructural del deterioro del sistema de salud fueguino. Pero esta vez, la gravedad quedó documentada en un certificado oficial: el propio Gobierno de la Provincia —a través del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia que involucra a Adriana Chaperon— acumula una deuda exigible de $6.394.554.557,19 con la obra social estatal.
El monto surge del Certificado de Deuda N.º 01/2025, emitido el 20 de agosto de 2025 por la presidenta del OSEF, Mariana Silvina Hruby, quien detalla que la cartera ministerial debe cobertura de prestaciones, medicamentos, prótesis y servicios destinados a beneficiarios del régimen RUPE y programas de acogimiento familiar en el marco de las leyes 389, 410, 1037 y 1072.
Según el documento, la deuda incluye facturación impaga desde 2009 hasta el 30 de junio de 2025, consolidada tras la certificación previa N.º 02/2024, ahora actualizada con los períodos 2024 y 2025. La propia OSEF aclara que el certificado constituye título ejecutivo, lo que significa que la Provincia —es decir, el gobierno que conduce Gustavo Melella— se encuentra formalmente intimada a cancelar una deuda multimillonaria con su propia obra social.
El Estado pronvicial como principal deudor de su propia obra social
La situación revela una contradicción que ya es insostenible, mientras miles de afiliados padecen la falta de turnos, la ausencia de especialistas, la suspensión de prácticas y los atrasos en la entrega de medicamentos, el Estado provincial es, a la vez, el principal responsable de desfinanciar al OSEF.
certificacion de deuda n 01-2025.pdf
El Gobierno reclama eficiencia, orden y responsabilidad a la obra social, pero es su propia administración la que retiene recursos que deberían garantizar prestaciones básicas. Esta deuda no es técnica, ni contable, ni circunstancial, es política.
La pregunta que ya circula con fuerza en la provincia es evidente:
¿Cómo puede sostenerse un sistema de salud si el mismo gobierno que debe financiarlo le debe más de 6 mil millones de pesos?
Una deuda que explica la crisis sanitaria
El deterioro del OSEF no es producto del azar. Los atrasos a prestadores, la pérdida de profesionales, la discontinuidad de tratamientos, las deudas con farmacias y la caída de las derivaciones tienen una causa raíz: la obra social no recibe los fondos que el Estado debe transferirle por obligación legal.
Mientras la administración provincial busca responsabilizar a terceros por la crisis sanitaria, los documentos muestran otra cosa, el problema es interno, estructural y generado por la propia gestión.
Melella y un modelo que deja sin respaldo a los trabajadores estatales
La gravedad política del certificado trasciende el plano contable. Los trabajadores estatales —docentes, policías, profesionales de salud, personal administrativo— sostienen mes a mes el sistema con sus aportes, pero es el Ejecutivo privincial quien incumple.
La deuda acumulada refleja años de omisiones, subejecución, falta de previsión presupuestaria y desinterés en garantizar la sustentabilidad del sistema de salud estatal. Hoy, el impacto se ve en consultorios vacíos, falta de turnos, guardias sobrecargadas y afiliados sin cobertura efectiva.
Un gobierno que exige sacrificios mientras no cumple sus obligaciones
La situación deja al descubierto un doble discurso, el Gobierno reclama previsibilidad, orden y cumplimiento a los ciudadanos, pero ni siquiera honra sus obligaciones más básicas con la obra social que debe proteger a los trabajadores y sus familias.
El certificado de deuda es mucho más que un trámite administrativo: es la evidencia escrita de que el Estado provincial es uno de los principales responsables del colapso sanitario que sufren los fueguinos.
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El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
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