La ley fantasma no llega sola: se suma al puerto que nunca fue, al polo petroquímico que no existe y a las plantas productoras que jamás se construyeron. Promesas recicladas, anuncios grandilocuentes y resultados nulos. En Tierra del Fuego, el relato avanza mientras la realidad sigue esperando.
Actualidad22/12/2025
Polo Sur
La ley fantasma no es un hecho aislado, se suma a una larga lista de anuncios que nunca pasaron del PowerPoint a la realidad. El puerto fantasma, el polo petroquímico fantasma, la planta de urea granulada fantasma, la planta de hidrógeno verde fantasma y la planta de amoníaco fantasma comparten el mismo patrón: grandes promesas, actos oficiales, discursos épicos y cero resultados concretos. Iniciativas presentadas como estratégicas, salvadoras y transformadoras que jamás generaron empleo, inversión ni ingresos reales. Ahora, Terra Ignis se incorpora a ese inventario de expectativas incumplidas, utilizada otra vez como relato para tapar urgencias fiscales, conflictos salariales y presiones sindicales.
Cuando el gobierno reemplaza la planificación por anuncios y la gestión por fe, el resultado no es desarrollo, es una provincia administrada a base de fantasmas.
Con 12 votos a favor y apenas 3 en contra, el oficialismo provincial aprobó en la Legislatura la ley que habilita el traspaso de las áreas hidrocarburíferas que YPF tiene bajo concesion y que vencían el próximo año. La norma fue presentada como una solución estructural, casi milagrosa, capaz de ordenar las finanzas provinciales y abrir una nueva etapa de prosperidad bajo la órbita de la empresa estatal Terra Ignis.
El propio gobernador fue más allá: prometió al gremio docente que la aprobación de la ley permitiría contar con los recursos necesarios para resolver el conflicto salarial. Así, una decisión compleja, cargada de riesgos operativos, financieros y legales, fue vendida como atajo para saldar deudas acumuladas por años de mala gestión.
Sin embargo, la ley se aprobó sin un plan de negocios claro, sin proyecciones públicas, sin garantías sobre inversiones, sin certezas sobre pasivos ambientales y con una empresa estatal que aún no demuestra capacidad operativa ni financiera para hacerse cargo de áreas que hoy arrojan pérdidas varias veces millonarias. El relato promete recursos inmediatos donde los números conocidos hablan de déficit, declive productivo e incertidumbre laboral.
La “ley fantasma” nació envuelta en consignas grandilocuentes y urgencias políticas, pero vacía de precisiones. Se aprobó con la expectativa de que Terra Ignis haga lo que el Estado provincial no logró en seis años: generar ingresos, ordenar las cuentas y resolver conflictos salariales estructurales.
Cuando una ley se vota más por fe que por datos, el riesgo no es político, es económico, institucional y social. Y como siempre, si la promesa no se cumple, la factura no la paga la Legislatura. La pagan los fueguinos.
El 7,8% de los créditos a hogares está en mora, con subas pronunciadas en personales y tarjetas, marcando 12 meses consecutivos de crecimiento.
El gasto está programado para ejecutarse en un esquema plurianual que comienza el año que viene con un avance proyectado del 57,14% del total.
El investigador del Conicet, Martín Maldonado, criticó el sistema del INDEC vigente desde 1985 y señaló que ignora gastos esenciales como servicios, salud y alquileres. Indicó que la medición actual "solo computa precios de 52 alimentos".
Sin balances, sin autocrítica y sin respuestas por el año perdido, el Gobierno provincial y el gremio docente SUTEF volvieron a mostrarse sentados a la misma mesa. Esta vez no para explicar por qué el sistema educativo fueguino atravesó uno de sus peores ciclos lectivos, sino para proyectar un 2026 cargado de promesas, compromisos futuros y definiciones postergadas.
Mientras Javier Milei abre la puerta a televisores importados desde Egipto y acelera el desarme industrial, la industria fueguina queda expuesta y sin defensa. Con el empleo y la producción local en riesgo, el silencio del gobierno de Gustavo Melella deja a Tierra del Fuego a merced de una apertura que beneficia a importadores y castiga a quienes trabajan en la provincia.
Una ministra que regula la energía y, al mismo tiempo, integra el directorio de la empresa que la explota no es multitarea: es juez y parte. La designación de Gabriela Castillo en Terra Ignis cruza un límite legal y ético claro, expone al Gobierno a una incompatibilidad grave y debilita la transparencia del Estado, al tiempo que podría poner en tela de juicio legal todas las decisiones adoptadas.
Seis años de gestión bastaron para dejar a Tierra del Fuego con menos producción, más incertidumbre y un rojo anual de USD 80 millones. La exposición en la Legislatura no aclaró el futuro: lo expuso. Ausencias, improvisación y números en caída confirmaron que la política energética provincial fracasó, mientras el Gobierno habla de soberanía pero administra el declive y traslada el costo a los fueguinos.
Sin caja, sin previsión y sin plan, el gobierno de Gustavo Melella quedó expuesto al pedirle a las grandes empresas fueguinas un adelanto de impuestos para poder pagar el aguinaldo. Lo que debería ser una obligación básica del Estado se transformó en una muestra cruda del desorden fiscal: cuando una provincia necesita usar ingresos futuros para cubrir gastos corrientes, el problema ya no es coyuntural, es de gestión. Y la factura de esa irresponsabilidad no la pagan los funcionarios, la pagan los trabajadores, las empresas y toda Tierra del Fuego.
Seis años de gestión bastaron para dejar a Tierra del Fuego con menos producción, más incertidumbre y un rojo anual de USD 80 millones. La exposición en la Legislatura no aclaró el futuro: lo expuso. Ausencias, improvisación y números en caída confirmaron que la política energética provincial fracasó, mientras el Gobierno habla de soberanía pero administra el declive y traslada el costo a los fueguinos.
Sin balances, sin autocrítica y sin respuestas por el año perdido, el Gobierno provincial y el gremio docente SUTEF volvieron a mostrarse sentados a la misma mesa. Esta vez no para explicar por qué el sistema educativo fueguino atravesó uno de sus peores ciclos lectivos, sino para proyectar un 2026 cargado de promesas, compromisos futuros y definiciones postergadas.
El investigador del Conicet, Martín Maldonado, criticó el sistema del INDEC vigente desde 1985 y señaló que ignora gastos esenciales como servicios, salud y alquileres. Indicó que la medición actual "solo computa precios de 52 alimentos".
El gasto está programado para ejecutarse en un esquema plurianual que comienza el año que viene con un avance proyectado del 57,14% del total.
El 7,8% de los créditos a hogares está en mora, con subas pronunciadas en personales y tarjetas, marcando 12 meses consecutivos de crecimiento.
La ley fantasma no llega sola: se suma al puerto que nunca fue, al polo petroquímico que no existe y a las plantas productoras que jamás se construyeron. Promesas recicladas, anuncios grandilocuentes y resultados nulos. En Tierra del Fuego, el relato avanza mientras la realidad sigue esperando.
