Polo Sur
USHUAIA.- En la jornada de este 31 de diciembre de 2025 concluyó formalmente el mandato de la Dra. Ana Constanza Carro como síndica titular de Terra Ignis Energía S.A., tras cumplirse el período de tres años establecido por el esquema jurídico con intervención de la Legislatura Provincial. Su salida no es un trámite administrativo más sino que ocurre en medio de una fuerte tensión con el Directorio y tras haber denunciado la imposibilidad de ejercer el control societario sobre los fondos públicos.
Cabe recordar que el rol de Carro cobró un protagonismo crítico durante 2025, cuando la letrada solicitó documentación detallada sobre movimientos de dinero dentro de la firma Terra Ignis. Ante el incumplimiento de la empresa en la entrega de estos informes, se generó un quiebre institucional que movió el piso de distintos sectores ligados a la administración encabezada por el gobernador Gustavo Melella. Ante este panorama, inmediatamente, el Gobierno provincial intentó una intervención que solo sumó opacidad al manejo de la compañía y de los fondos públicos.
Lo cierto es que mediante un una nota formal elevada a la Legislatura, Carro dejó constancia de que durante los ejercicios 2024 y 2025 existió una "situación de irregularidad institucional". Según el documento, se vio impedida de ejercer la fiscalización en los términos de la Ley Provincial N° 1423 y la Ley General de Sociedades N° 19.550.
La nota presentada recientemente en la Legislatura es breve ya que, las controversias y denuncias de la ex síndica expuestas en reiteradas oportunidades sobre la falta de precisiones en puntos sensibles tales como lo son el destino de los aportes realizados por el Gobierno Provincial y la AREF ya son conocidos por todos. Estos recursos, de naturaleza pública, carecerían de la trazabilidad necesaria para garantizar su correcto uso.
Lo último y más preocupante
La gravedad del escenario se potencia tras la reciente sesión legislativa donde se aprobó el nuevo esquema de funcionamiento de Terra Ignis. Este modelo implica que la provincia asuma un déficit estimado en 80 millones de dólares anuales que es déficit informado por YPF relacionado a los yacimientos que cedió a la empresa estatal, una cifra alarmante frente a la crisis socioeconómica actual. Cabe destacar que dicha iniciativa no fue unánime y los legisladores Jorge Lechman, Pablo Villegas y Damián Löffler votaron en contra, alineándose con las dudas planteadas por la sindicatura.
Vacío de control
La salida de Carro, quien en todo momento, mantuvo una férrea defensa de los términos constitucionales, deja un interrogante abierto sobre el futuro del organismo de control. La preocupación radica en que, hasta que se renueven las autoridades, la fiscalización de una empresa que maneja recursos millonarios quedará acéfala o, en el peor de los casos, a merced de una designación que responda estrictamente a los intereses de la administración central.
Pese a que Carro informó oportunamente estas anomalías a la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas y a la Inspección General de Justicia, no se registraron correcciones sustanciales.
Hoy, Tierra del Fuego despide el año con una empresa estratégica para su futuro energético, pero con una profunda deuda en materia de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía.
