Polo Sur
La Fiscalía de Estado de la provincia puso bajo la lupa a la empresa Terra Ignis Energía S.A. a través de un informe que detalla un alarmante panorama de falta de transparencia. El documento, un duro cuestionamiento a la gestión de la empresa, subraya que las maniobras para eludir los controles no son solo una anomalía, sino un comportamiento sistemático con serias consecuencias.
El detonante de este conflicto fue el intento de la empresa por remover a la síndica titular, la Dra. Ana Constanza Carro, quien denunció abiertamente que se le impedía fiscalizar.
La Fiscalía de Estado, con la validación de la Inspección General de Justicia (IGJ), confirmó la ilegalidad de este intento, ya que la Legislatura provincial, al crear la sociedad, se reservó la facultad exclusiva de designar y reemplazar a los síndicos. El informe enfatiza que la negativa a proporcionar información a un “funcionario semipúblico” como la síndica es una clara violación a las funciones del órgano de control.
Más allá del caso de la síndica, la Fiscalía descubrió un patrón de incumplimientos. Terra Ignis admitió haber entregado los estados contables de 2023 fuera de plazo.
A esto se suma la falta de colaboración de los síndicos que forman parte del directorio, que ignoraron los emplazamientos de la Fiscalía. Aún más grave, la empresa dio una respuesta genérica y sin desglose individual a la solicitud de información sobre la remuneración mensual de sus miembros, un claro intento de “eludir un requerimiento legítimo”.
La opacidad se extiende a los acuerdos comerciales, como el “Convenio marco de Asistencia Operativa” con la empresa SULLAIR, del cual la compañía se niega a entregar los documentos completos, alegando que son “internos, técnicos y, por lo tanto, no apropiados para una revelación completa a la Legislatura”.
El dictamen no solo expone las fallas actuales, sino que las sitúa en un contexto histórico preocupante.
La Fiscalía recuerda que en el pasado, otras sociedades estatales fueguinas, como Hifusa o el Banco de Tierra del Fuego, fueron utilizadas para eludir controles, con resultados adversos y pérdidas millonarias para el erario público.
La situación de Terra Ignis es particularmente alarmante, ya que a pesar de ser “morosa en rendir cuentas”, proyecta realizar importantes contrataciones en el sector petrolero. El informe es categórico al afirmar que la falta de transparencia “debilita la legitimidad de cualquier proceso contractual” futuro, poniendo en duda la conveniencia de estos acuerdos.
En un llamado a la acción, el informe concluye sin ambigüedades. Exhorta al presidente y a los miembros del directorio de la sociedad a “regularizar y dar cumplimiento a las obligaciones legales” de forma “urgente”. También solicita a los representantes del Poder Ejecutivo y de la AREF que tomen conocimiento de lo sucedido y exijan el estricto cumplimiento de la ley, dejando en claro que el Estado no puede ser complaciente ante un accionar que expone el patrimonio público a conflictos legales y a la “captura de intereses particulares”.
