Corrupción: “La Cooperativa Eléctrica será intervenida más tarde o más temprano”, aseguró Mario Cairella

A casi un año de la denuncia penal que sacudió los cimientos de la Cooperativa de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Río Grande, la impunidad política y el letargo judicial en Tierra del Fuego vuelven a quedar bajo la lupa del poder central. El próximo 20 de junio se cumple el primer aniversario de la presentación judicial que destapó una trama de malversación de fondos públicos, defraudación, enriquecimiento ilícito y presunta asociación ilícita dentro de la cúpula administrativa. La causa fue impulsada originalmente por un ex-empleado de la institución, Roberto Carlos Rainieri Fuentes, quien tras su despido decidió canalizar formalmente las gravísimas maniobras que había advertido dentro de la entidad. Sin embargo, a doce meses del escándalo, el expediente sigue congelado en un limbo procesal, careciendo incluso de un juez definitivo que se digne a avanzar.
Actualidad12/06/2026Polo SurPolo Sur

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A casi un año de la denuncia penal que sacudió los cimientos de la Cooperativa de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Río Grande, la impunidad política y el letargo judicial en Tierra del Fuego vuelven a quedar bajo la lupa del poder central. El próximo 20 de junio se cumple el primer aniversario de la presentación judicial que destapó una trama de malversación de fondos públicos, defraudación, enriquecimiento ilícito y presunta asociación ilícita dentro de la cúpula administrativa. La causa fue impulsada originalmente por un ex-empleado de la institución, Roberto Carlos Rainieri Fuentes, quien tras su despido decidió canalizar formalmente las gravísimas maniobras que había advertido dentro de la entidad. Sin embargo, a doce meses del escándalo, curiosamente el expediente sigue congelado en un limbo procesal, careciendo incluso de un juez definitivo que se digne a avanzar.
Ante esta parálisis, Mario Cairella, integrante de la Oficina de la Presidencia de la Nación y exvicepresidente de CAMMESA, desembarcó en la provincia para seguir de cerca el curso de los acontecimientos. Su diagnóstico es severo: existe una red de complicidades estructurales que vincula de forma directa al Poder Ejecutivo provincial con los administradores de la cooperativa, diseñada para dilatar tanto el proceso de intervención administrativa como la demanda penal.
En una entrevista exclusiva con el programa Resumen Económico que se emite por Radio Provincia, Cairella ratificó la decisión inquebrantable del Gobierno Nacional de avanzar sobre la entidad de Río Grande: “La cooperativa un poco antes, un poco después, va a ser intervenida. Por eso acá este es un juego, por llamarlo de alguna manera, porque el juego no tiene nada, pero un juego en el sentido de que acá hay que esperar el momento preciso”.
Los presuntos involucrados: la cúpula en la mira
A diferencia de otras crisis administrativas, la denuncia penal —que consta de más de 30 fojas y detalla al menos quince hechos puntuales de corrupción— tiene responsables con nombre y apellido. Los principales acusados y señalados como los cerebros de las maniobras fraudulentas son los miembros de la alta gerencia de la cooperativa:
  • Santiago Barrientos (Gerente General)
  • Segundo Santana (quien se desempeñaba como subgerente, actualmente jubilado o en retiro)
  • Ezequiel Kroc (ahora Subgerente, denunciado también por hechos de violencia de género, y desvinculado de la investigación en tan sólo 15 días)
A ellos se los acusa del uso discrecional de fondos, el desvío de dinero público tras la adquisición de una turbina LM 2500 en los Estados Unidos, el ingreso espurio de vehículos de alta gama para beneficio personal, contrataciones millonarias sin respaldo técnico, balances adulterados y la financiación de lujosos viajes privados a destinos internacionales como Dubái y Catar.
Los abogados que representan a cada parte
La batalla legal refleja de manera nítida la asimetría del conflicto en la isla:
  • Por la parte querellante (la acusación): El denunciante Roberto Rainieri Fuentes es patrocinado formalmente por la abogada Dra. Adriana Varisco. La abogada cuenta con el respaldo técnico de los equipos de la Presidencia de la Nación y ha sido la voz pública que denunció sistemáticamente la parálisis judicial y la “nebulosa” en la que el poder político fueguino pretende enterrar la causa.
  • Por la parte demandada (la cooperativa): La cúpula liderada por Barrientos, Santana y Kroc cuenta con un fuerte blindaje corporativo. Además, estan representados por el abogado Francisco Ibarra, quien también representó al gobernador Gustavo Melella, cuando fue acusado del delito de abuso sexual en perjuicio de tres trabajadores de la construcción
El factor clave: ¿Qué es CAMMESA?
Para entender la gravedad del desfalco, es indispensable definir el rol de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima). CAMMESA es una empresa de gestión mixta (compuesta en partes iguales por el Estado Nacional y las asociaciones que nuclean a generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios de energía) encargada de administrar y coordinar el Mercado Eléctrico Mayorista del país. Es, en términos sencillos, el organismo central que le compra la energía a las centrales generadoras y se la despacha a las provincias y cooperativas para que estas la distribuyan a los usuarios finales.
Según la documentación publicada por el portal Tarde Pero Seguro, la Cooperativa Eléctrica de Río Grande le cobra mensualmente la luz a los vecinos, pero dejó de pagarle la energía despachada a CAMMESA, acumulando una deuda multimillonaria que en el inicio de la investigación ya ascendía a los 1.500.000 dólares. El dinero que ingresaba de los usuarios locales no iba a cubrir el costo eléctrico mayorista, sino que se desviaba presuntamente hacia los bolsillos de la gerencia y las cajas de la política local. Por esta razón, CAMMESA —en acción conjunta con el Instituto Nacional de Asociatividad y Economía Social (INAES)— colocó a la entidad riograndense en la lista negra de cooperativas a ser intervenidas federalmente.
El laberinto judicial y el conflicto de intereses
El trámite procesal transita un camino escandaloso. Primero llegó a la Justicia Federal, donde el fiscal Marcelo Rapoport impulsó las primeras medidas, pero el juzgado se declaró incompetente. Luego pasó a la órbita provincial, donde la jueza de Instrucción N°3, Cecilia Cataldo, también se declaró incompetente por una cuestión de “territorialidad”, enviando el expediente en una nebulosa al Superior Tribunal de Justicia.
Sobornos a veedores y financiamiento político
Según Cairella, el Consejo de Administración de la Cooperativa ha utilizado el fenomenal flujo de caja de la entidad para comprar voluntades políticas y alterar informes técnicos de organismos nacionales de control, como el INAES. El representante de la Presidencia de la Nación detalló cómo se operó la adulteración de las conclusiones técnicas durante la auditoría inicial de la veeduría federal:
“En este año que ha pasado, la cooperativa ha tratado de sobornar como lo hizo con el veedor que envió el INAES y yo doy fe de eso porque tenía el primer borrador, el primer borrador de la intervención, de la veeduría, perdón, decía una cosa y cuando llegamos al segundo borrador parecía que un mago la había cambiado realmente. Pero bueno, eso es parte de cómo la Cooperativa Río Grande maneja las cosas.”
Al indagar sobre el rol del Gobernador de la provincia. Gustavo Melella y las terminales del Poder Ejecutivo en esta posible red de encubrimiento, Cairella describió un mecanismo de financiamiento ilegal que explicaría la inacción del Estado fueguino ante un desfalco millonario: “En este caso fue la cooperativa con el veedor del INAES por un lado. Por otro lado, por toda la información que yo tengo, la cooperativa es un eficiente… le da financiamiento al gobernador, al Poder Ejecutivo de la provincia de alguna forma, seguramente no muy clara, pero bueno, como le digo, son cosas que van a salir a la luz en su momento, cuando por un motivo o por otro, estando este gobernador o estando otro que no quiera llevarse a su casa este muerto, tome la decisión de permitir que la cooperativa sea intervenida y que el consejo de Administración sean revisados”.
Un desenlace para Cairella, inevitable
La dilatación de los plazos procesales y las presiones cruzadas en el ámbito local parecen haberle ganado tiempo al directorio de la Cooperativa de Río Grande. Sin embargo, la persistencia de los equipos técnicos de la Presidencia y la acumulación de deudas insostenibles con el mercado mayorista configuran un escenario donde la intervención federal se presenta como una certeza matemática más que como una posibilidad política.
Cairella concluye su paso por la isla con una certeza absoluta, reafirmando que las dos vías institucionales en marcha —la penal y la administrativa— terminarán por converger tarde o más temprano, destrabando un esquema de corrupción arraigado que la sociedad fueguina ya no está dispuesta a tolerar.
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