Escándalo en la Unidad de Detención: investigan al director del penal por una presunta asociación ilícita entre presos y penitenciarios

La Justicia provincial avanza sobre uno de los hechos más graves registrados en los últimos años dentro de la Unidad de Detención de Río Grande. Una investigación judicial derivó en una serie de allanamientos que alcanzaron al propio director del establecimiento penitenciario, Raúl Ciares, y a otros seis integrantes del Servicio Penitenciario Provincial, sospechados de haber facilitado o permitido una brutal agresión contra tres internos.

Ciares investigado por abuso de autoridad, persecución laboral e injurias

La causa, que tramita en el Juzgado de Instrucción N° 3 a cargo de la jueza Cecilia Cataldo y cuenta con la intervención de la Fiscalía Mayor, fue caratulada como “asociación ilícita destinada a cometer delitos”, involucrando a diez reclusos y al menos siete agentes penitenciarios.

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El origen de la investigación se remonta al 9 de mayo, cuando tres internos recién alojados en el pabellón B fueron atacados por un grupo de presos que ingresó a su celda y los sometió a una violenta golpiza que se habría prolongado durante más de una hora.

Sin embargo, lo que comenzó como un episodio de violencia carcelaria terminó derivando en una investigación mucho más profunda. Las pericias realizadas por la División Delitos Complejos determinaron que parte de la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad que no fue bloqueada por los agresores.

Las imágenes habrían permitido identificar claramente a cada uno de los internos que participaron del ataque, contradiciendo la versión inicial del Servicio Penitenciario, que había informado que no era posible individualizar a los responsables.

Sospechas de una "zona liberada"

Para la Justicia, uno de los aspectos más delicados del expediente es la presunta inacción de quienes tenían la responsabilidad de custodiar el pabellón.

Según surge de la investigación, la agresión pudo ser observada tanto desde los sistemas de vigilancia interna como desde el monitoreo de cámaras, sin que se produjera ninguna intervención para detenerla.

Esa situación alimentó la hipótesis de una posible "zona liberada", donde funcionarios penitenciarios habrían permitido deliberadamente el accionar de los agresores.

La gravedad del caso aumenta aún más por las sospechas de que las víctimas no sólo fueron golpeadas. Una de las grabaciones registró a los internos saliendo completamente desnudos de la celda, motivo por el cual los investigadores no descartan la existencia de abusos sexuales durante el ataque.

Allanamientos y secuestro de celulares

Durante la madrugada, la Justicia ejecutó ocho órdenes de allanamiento y requisa.

El principal operativo se realizó dentro del pabellón B de la Unidad de Detención, donde fueron notificados varios internos acusados de participar en la agresión y en la presunta asociación ilícita.

Además, se secuestraron teléfonos celulares, documentación disciplinaria y prendas de vestir que podrían resultar relevantes para la investigación.

En paralelo, efectivos policiales allanaron los domicilios de los siete penitenciarios que se encontraban de guardia el día del ataque, incluido el director del penal, Raúl Ciares. En todos los casos se procedió al secuestro de teléfonos celulares para su posterior peritaje.

Un caso de extrema gravedad institucional

La investigación ya no busca únicamente determinar quiénes golpearon a las víctimas. El eje central ahora es establecer si existió una estructura de connivencia entre internos y personal penitenciario que permitió, facilitó o encubrió el ataque.

De confirmarse las sospechas judiciales, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos institucionales que haya atravesado el sistema penitenciario fueguino, al involucrar a quienes tenían la obligación legal de garantizar la integridad física de las personas privadas de su libertad.

Los próximos peritajes sobre los teléfonos secuestrados podrían resultar determinantes para conocer si existieron comunicaciones, acuerdos previos o algún tipo de coordinación entre los agresores y sus custodios.

Por el momento, la investigación continúa avanzando sobre una hipótesis que sacude al sistema penitenciario provincial: que la violencia no fue un hecho aislado, sino el resultado de una presunta organización criminal operando desde el interior de la propia cárcel.