Polo Sur
El escenario de crisis de la motosierra de Javier Milei continúa profundizándose cada mes con los sucesivos aumentos de tarifas y la constante política de mantener los salarios congelados a niveles de miseria. Entre marzo de 2023 y marzo de 2026, el gasto en servicios esenciales experimentó subas que superaron ampliamente la evolución de la inflación y más aún de los ingresos de los trabajadores, transformando completamente el consumo.
Según se desprende del último informe de la consultora Focus Market, el padecimiento del denominado «efecto squeeze» o compresión del ingreso disponible, que comenzó a desarrollarse durante el último año de la gestión de Alberto Fernández y se agravó con las políticas de ajuste del actual gobierno, obligó a las familias a cambiar drásticamente sus prioridades de gasto. La paulatina quita de subsidios estatales a los servicios se traduce en una cruda realidad: suben de forma drástica aquellos gastos fijos que resultan imposibles de eludir o recortar en el día a día.
Mientras que la inflación acumulada general desde enero de 2023 hasta marzo de 2026 alcanzó un 875%, los servicios regulados treparon un 1.120%. En ese mismo lapso, el salario promedio formal (RIPTE, indicador que se elabora a partir de los salarios sujetos a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino) pasó de $239.883 a $ 1.734.357. De esta manera, perdió poder de compra frente a la estampida del aumento de la canasta de servicios.
A modo de ejemplo, a finales de 2023, un hogar promedio del AMBA abonaba apenas $ 3.664 por el servicio eléctrico y $1.380 por el gas. Para marzo de 2026, esas mismas boletas escalaron de forma abrupta a valores de $ 42.887 y $ 28.025 respectivamente. La conclusión es evidente: millones gastaron menos en comida para gastar más en luz, gas y vivienda. Tienen menos que antes y viven peor.
Al desglosar el comportamiento porcentual de dichos servicios por categorías frente al salario de aquellos trabajadores mejor posicionados, las asimetrías se tornan indiscutibles:.
Agua potable: registró la suba más severa de todo el esquema con un incremento del 2.236%.
Subte: el costo por viaje aumentó un 2.079%.
Gas natural: acumuló un aumento del 1.930%.
Energía eléctrica: mostró una variación al alza del 1.070%.
Los traslados diarios al trabajo también se convirtieron en un golpe para el bolsillo de las mayorías. El impacto del peso del transporte dentro del salario escaló del 1,3% al 5,8%, ocupando así un porcentaje casi cuatro veces mayor a lo que significaban hace poco más de dos años atrás. Dentro del rubro, la suba de la tarifa de los colectivos es el punto más crítico. Con los permanentes aumentos que hoy se suceden en formato cuasi quincenal, el boleto mínimo pasó de costar $ 52 a un valor de $ 700 en 2026. Esto representa un alza del 3.138%. El gasto mensual equivalente a 60 viajes hace tres años hoy no alcanza para cubrir siquiera dos viajes.
La clase trabajadora se ve obligada a recalcular todos sus gastos para cubrir la canasta de servicios. Al tratarse de gastos esenciales que, repetimos, no pueden evitarse (una familia no puede concebirse con una vivienda carente de agua, luz y/o gas en pleno 2026) se traduce en otro síntoma de la crisis económica actual: el impacto comercial y la baja del consumo de bienes.
El índice de ventas desestacionalizado en supermercados sufrió una contracción real del 12,1% en tres años, descendiendo de los 93,1 puntos en febrero de 2023 a los 81,8 puntos en el mismo mes de 2026. Por su parte, los centros de compras y shoppings registraron una baja del 2,3% en el mismo periodo. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad minorista experimentó un fuerte piso recesivo en enero de 2024 con un desplome interanual del 28,5%, y hacia el primer tramo de 2026 el indicador volvió a contraerse por sobre cualquier recomposición temporal registrada en durante la actual gestión.
Esta triste ecuación que se da entre el tarifazo y la caída del consumo nos deja como resultado una crisis de formato circular. Los trabajadores gastan menos por fuera de la canasta de servicios y por ende los comercios venden menos. Muchos cierran. Se pierden esos lugares de trabajo (hasta el momento el sector tuvo una reducción de 20.800 empleos), y la gente se ve empujada a recurrir a puestos y/o alternativas peores pagas. Y el dinero que ganan, ahora más reducido en comparación, hace que consuman aún menos por fuera de los gastos de tarifas públicas.
Veamos ahora cómo el Gobierno usa el INDEC para medir el saqueo a nuestros bolsillos.
Por un lado, si tomamos el salario real que hoy se ofrece en la mayoría de las entrevistas laborales y los portales de empleo, el porcentaje que ocupan los gastos mensuales que abarca la canasta es aún mayor. El índice oficial de salario promedio formal (RIPTE), la fuente utilizada para calcular los porcentajes previamente elaborados, es de $ 1.734.357. Esta cifra es irreal. Hoy en día, la mayoría de las personas que aplican a un trabajo se chocan con ofrecimientos que rondan los $ 732.412 mensuales, ya sea en el rubro de comercio, gastronomía, servicios, etc. Una cifra que se sitúa por debajo de la mitad de la utilizada para los cálculos oficiales.
Otro jugador que hace ruido al entrar a la cancha es Canasta Básica Total (CBT) de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que está sumamente atrasada. Según lo indicado por los mismos informes del INDEC, la canasta de alimentos y servicios de la CBT para medir la pobreza es del 2004. Es decir, la canasta se mide con parámetros que acumulan un atraso de 22 años.
Si los salarios no aumentan, o lo hacen muy por debajo de la inflación, y los servicios lo hacen con números que se calculan por debajo de las subas reales que se expresan en las facturas, la brecha entre ambos se dispara. Es decir, supongamos que con los tarifazos brutales y aumentos inmensos de los alquileres la gente pasó de gastar aproximadamente el 11% de su sueldo al 30% en los mismos servicios. Pero, según la medición de la Canasta Básica Total que hoy se aplica para los índices de pobreza del INDEC, la gente sigue pagando el mismo 11% de sus ingresos. El ajuste mileísta representó una destrucción completa de los ingresos reales de la gente y un desbarajuste total de las mediciones oficiales. La pobreza es, indiscutiblemente, mucho más alta que lo que dice el INDEC.
Con precios que no paran de subir, cierres masivos de comercios y fábricas y sus consecuentes despidos, filas interminables para rascar un puesto precarizado y la tasa más alta de morosidad que ha visto este país, el chamuyo de la motosierra se va quedando sin cadena.
