Federico Villone, referente de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación en Tierra del Fuego, detalló los motivos del paro de mañana y las demandas salariales. Además, cuestionó la situación económica del sector y la inestabilidad generada por el jury.
Actualidad19/11/2025
Polo Sur
En diálogo con Radio Provincia, Federico Villone, representante de la Unión Empleados de la Justicia de la Nación en Tierra del Fuego, explicó qué medidas de fuerza llevarán adelante mañana, por qué reclaman una recomposición salarial y cuáles son las situaciones críticas que atraviesan los trabajadores judiciales. Señaló los porcentajes ya acordados, las demandas pendientes y las diferencias entre categorías. También se refirió a las denuncias internas, el endeudamiento generalizado y el impacto del jury en la estabilidad del Poder Judicial.
En primer término, Federico Villone explicó la situación que llevó a los trabajadores a decretar la medida de fuerza "nosotros estábamos esperando algunas respuestas por parte del Superior Tribunal de Justicia al cual también le tenían que dar algunas respuestas al Poder Ejecutivo aparentemente sigue sin haber novedades con lo cual, al igual que la semana pasada le pusimos un paro de 24 horas para mañana".
En esa línea, el representante de los trabajadores juidiciales precisó que la medida de fuerza anterior "fue contundentemente acatada. Tenemos algunas demandas muy importantes situaciones vulnerables en la justicia, como la de las categorías más bajas que lo hemos hablado en otras ocasiones. Estamos esperando respuestas respecto a eso. Uno hace lo que tiene que hacer que es defender a los trabajadores del sector con propuestas razonables, no con delirios, sino con cuestiones vinculadas a no tener trabajadores en la línea de la pobreza", recalcó.
Siguiendo con el tema salarial, Villone detalló los porcentajes y la pérdida acumulada "venimos acusando una pérdida salarial del orden de 28 puntos desde 2023. Lógicamente sabemos que es imposible poder recuperar eso en un corto plazo. Por lo menos queremos acercar una propuesta que mejore ese 2,5% y ese 3% a los efectos de que el trabajador judicial termine el año sintiendo que recupera algo. Obviamente estamos hablando de los medidos por la inflación, no de lo que se siente en el bolsillo. Todos los trabajadores venimos con el bolsillo cada vez más afectado y pedimos una recomposición general mejorada, especialmente para las categorías más bajas cuyo sueldo no alcanza".
En relación al diálogo con las autoridades, Villone manifestó "hay buena voluntad, es una idea del Superior Tribunal de Justicia que está llevando al Ejecutivo, prima mucho la situación macroeconómica provincial. Estamos esperando que haya un ida y vuelta: esta es nuestra demanda, esta es la propuesta que elabora el Superior Tribunal de Justicia y la deja en el Poder Ejecutivo. Desde nuestro lado hacemos lo que tenemos que hacer: representar a los compañeros. Los planteos que hacemos son para mejorar el servicio de justicia y la dignidad de quienes lo hacen".
Profundizando en las diferencias internas, Villone señaló "el salto porcentual entre escalafones es del 10%. Hoy un ingresante está ganando aproximadamente un millón y medio. Calculá un 10% para arriba hasta llegar a juez. Si cobrás un juez de la provincia o un juez federal, hay una diferencia importante y se supone que es el mismo trabajo. Esto tiene que ver con defender una carrera judicial. Estamos peleando por toda la carrera judicial, más allá de las categorías más bajas que están en la línea de la pobreza, aseveró.
Otro tema que preocupa a los trabajadores es la libertad de elección de cuentas bancarias, por lo cual, Villone indicó "lo que hicimos fue un planteo en el caso, estamos escuchando ofertas, inclusive mejoras del BTF. Queremos asegurar dos o tres ofertas buenas que nos garanticen que los trabajadores judiciales van a estar bien. Hace un par de años la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó una aclaratoria diciendo que las cuentas pueden ir a cualquier lado. Queremos que el Superior Tribunal de Justicia haga algo parecido".
En cuanto a los beneficios bancarios y la situación económica, agregó "puede seguir con el BTF o con el que quiera. Es importante tener algún tipo de beneficio respecto a viajes en avión, préstamos personales con tasa diferencial. Hoy en día tenemos el 80% de los trabajadores judiciales endeudados, por lo cual tiene que haber un banco que ofrezca buena reestructuración de la deuda. También trabajamos con las municipalidades en la entrega de terrenos para que los trabajadores puedan acceder a créditos hipotecarios. Esto forma parte de un todo para mejorar el salario y la dignidad del trabajador judicial".
Al hacer mención sobre la estabilidad del Poder Judicial, Villone advirtió "primero hay que diferenciar dos cuestiones: el jury es un mecanismo de la República, es legal. En concreto, el jury a Löffler genera inestabilidad en el Poder Judicial. Hay una cuestión política metida en el medio que tiene que ver con la reforma. La situación del Poder Judicial hoy es muy vulnerable y el jury a un magistrado de alto rango como Löffler genera gran inestabilidad", sostuvo.
Por último, Villone se refirió a denuncias de acoso y mal manejo sindical emitidas por Luis Bechis "estamos hablando de una persona que habla un montón de cosas que no tienen sentido. Hizo del ejercicio sindical una cuestión de abuso de poder. Las compañeras lo denunciaron con sumarios internos que derivaron en su expulsión por acoso sexual. Hoy tiene una causa imputada por estafa al gremio de judiciales. Hablar de prestigiar o desprestigiar la justicia cuando lo único que hizo fue desprestigiarla es lamentable", cerró.
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
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