Polo Sur
La sesión que debía tratar la ley de salmoneras se suspendió con el argumento del reclamo gremial, pero la tensión real estalló dentro del oficialismo. La postura de Federico Sciurano desarmó la condición que había fijado el Partido Justicialista (PJ) y obligó a frenar una votación que se daba por asegurada.
El peronismo había advertido que solo acompañaría si FORJA votaba en bloque. Mientras Myriam Martínez, Federico Greve y Gisela Dos Santos confirmaban su apoyo, Sciurano optó por quedar al margen y dejó a su propio espacio frente a un costo que no estaba dispuesto a asumir. El conflicto arrastra heridas desde la derrota del 26 de octubre y reabre la interna entre Gustavo Melella y Walter Vuoto.
La sesión prevista para este miércoles a las 11 prometía definir uno de los debates más sensibles del año: la habilitación de la salmonicultura en Tierra del Fuego. Sin embargo, apenas comenzó la jornada, la conducción legislativa anunció su suspensión por “motivos gremiales”. La explicación formal sirvió para ordenar el escenario, aunque dentro del bloque oficialista ya se sabía que el conflicto era político y tenía nombre propio: Federico Sciurano.
El PJ había sido categórico desde temprano: FORJA debía votar en forma unánime o no acompañarían el proyecto. La condición se mantuvo firme durante toda la mañana y quedó sintetizada en una frase que circuló entre legisladores:
“Si nos inmolamos, nos inmolamos todos”
Cuando llegó la definición, el acuerdo se desmoronó. Sciurano comunicó que no acompañaría la ley, aun cuando el resto de su espacio —Miriam Martínez, Federico Greve y Gisela Dos Santos— ya había confirmado su apoyo. Su negativa no solo rompió la idea de bloque unificado que exigía el PJ, sino que generó un inmediato malestar dentro del propio oficialismo.
La situación fue clara para quienes participaron de las conversaciones: Sciurano no quiso asumir el costo político de votar a favor de las salmoneras y, al mismo tiempo, esperaba que fuera el PJ el que pagara ese precio. Ese gesto encendió la tensión entre ambos espacios y dejó sin margen a la conducción legislativa, que optó por utilizar el conflicto gremial como la vía más prolija para suspender la sesión sin exponer la fractura interna.
Mientras tanto, La Libertad Avanza observaba la secuencia sin intervenir, consciente de que la definición no dependía de ellos, sino del ordenamiento político entre el PJ y FORJA. La mayoría estaba, pero las condiciones no.
El episodio no es aislado. La relación entre Sciurano y el resto del oficialismo viene deteriorándose desde la derrota electoral del 26 de octubre, cuando la alianza Fuerza Patria —encabezada por el intendente Walter Vuoto y el gobernador Gustavo Melella— terminó en segundo lugar y perdió dos senadores, además de retroceder en Diputados. Aquella elección dejó marcas profundas.
Desde entonces, varios sectores señalan que Sciurano mantuvo un perfil distante en la campaña y evitó involucrarse en momentos decisivos. Esa actitud volvió a repetirse ahora: quedó al margen del costo político, pero quiere conservar posiciones estratégicas, en particular la conducción de la Comisión 2 de Presupuesto, un espacio clave donde se analizan proyectos centrales para la planificación provincial.
La suspensión de la sesión por “motivos gremiales” evitó una exposición pública del conflicto, pero dejó un mensaje claro: la ley de salmoneras no se frenó por una protesta, sino porque Sciurano desarmó el acuerdo interno en el momento exacto en que se necesitaba unidad.
Fuente: contextosfueguinos.com
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
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