La discriminación en la distribución de fondos provinciales ya no admite matices: mientras Río Grande queda sistemáticamente relegada de las inversiones y aportes directos, el bloque FORJA opta por el silencio y la alineación partidaria. En lugar de defender a los vecinos que dicen representar, miran hacia otro lado y avalan con su inacción un esquema que castiga a la ciudad más productiva de la provincia. La lealtad política pesa más que las necesidades de Río Grande, y el costo lo pagan —una vez más— sus habitantes.
Actualidad20/11/2025
Polo Sur
En las últimas horas, el bloque FORJA de Río Grande declaró que “vamos a defender el bolsillo de los riograndenses”. Sin embargo, la afirmación contrasta de manera evidente con los hechos. FORJA integra el mismo espacio político que conduce el gobernador Gustavo Melella, responsable de una distribución de recursos profundamente desigual que perjudica a la ciudad de Río Grande e impacta negativamente a los vecinos de los distintos barrios.
Mientras se multiplican obras, financiamientos y aportes directos no reintegrables para Ushuaia con fondos provinciales, Río Grande permanece discriminada. Las inversiones se concentran en la capital y la ciudad más poblada de la provincia mira desde afuera cómo los recursos se reparten con una lógica que no contempla equidad ni proporcionalidad.
La contradicción de los concejales Runin y Rossi es mas que evidente: ¿cómo se defiende a los vecinos cuando se guarda silencio frente a una discriminación de fondos discrecionales que afecta directamente su calidad de vida, sus servicios y sus oportunidades? ¿Cómo se protege el bolsillo de los riograndenses mientras se avalan políticas que los excluyen de la inversión pública provincial?
Resulta difícil sostener un discurso de defensa territorial cuando las decisiones del propio espacio político perjudican al territorio que se dice representar. Esta distancia entre lo que se dice y lo que se hace erosiona la confianza pública y deja claro que, cuando llega la hora de elegir entre la lealtad partidaria y la defensa de la comunidad, en Río Grande se está optando por lo primero.
Los vecinos de la ciudad no necesitan declaraciones; necesitan hechos. Necesitan obras, financiamiento y presencia provincial real. Necesitan representantes que no sean espectadores y complices silenciosos de la desigualdad, sino voces firmes frente a un gobierno que concentra recursos en un solo punto del mapa, dejando a Río Grande sin el acompañamiento que los vecinoes merecen.
La discriminación financiera hacia la ciudad no es una opinión: es una realidad cuantificable. Y frente a esa realidad, los discursos vacíos ya no alcanzan. Río Grande necesita que la representen con coherencia, no con consignas vacias de contenido y llenas de enfrentamiento politico sin sentido que vulneran a los vecinos de la ciudad de Río Grande.
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El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
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El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
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