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El Consejo de la Magistratura decidió destituir al juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por mal desempeño en sus funciones, específicamente por ocultar antecedentes disciplinarios en su trayectoria profesional. Esta decisión se fundamentó en la omisión de una cesantía anterior que debía ser declarada al momento de participar en los concursos judiciales. En paralelo, Salmain continúa bajo investigación penal por presuntos sobornos relacionados con operaciones cambiarias ilegales, lo que lo coloca en una situación delicada y sin fueros que lo protejan.
La investigación del Consejo reveló que Salmain, quien mantenía una relación cercana con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, omitió informar sobre su salida del Poder Judicial al presentarse a 33 concursos para acceder a diferentes cargos judiciales. Los reglamentos que rigen estos concursos exigen la declaración de antecedentes laborales y las razones de cualquier apartamiento, por lo que los miembros del tribunal consideraron que la conducta de Salmain afectó gravemente la transparencia de los procesos de selección, un principio fundamental en la administración de justicia.
Los integrantes del jurado consideraron que la omisión del ahora exjuez fue “consciente”, ya que estaba al tanto de su sanción y del reglamento que se estructura para los concursos. Esta falta de transparencia y honestidad en su declaración fue vista como una violación seria de las normas que rigen el ejercicio de la magistratura. Hoy, el Jurado de Enjuiciamiento dará lectura al fallo en la causa contra Gastón Salmain, programado para las 9:30 hs. La actividad se podrá seguir en vivo a través de un enlace proporcionado por el Consejo.
Este no es el primer incidente problemático en la carrera de Salmain. Hace aproximadamente dos décadas, cuando se desempeñaba como auxiliar en el Juzgado N.º 8 del fuero de la Seguridad Social, fue denunciado por intentar ofrecer dinero a una empleada con el fin de alterar el sistema de asignación de expedientes previsionales. Este episodio derivó en su salida del Poder Judicial y en el inicio de una causa penal en su contra, lo que añade un contexto preocupante a su actual situación judicial y resalta un patrón de conducta cuestionable en su trayectoria profesional.
La renuncia de Salmain fue seguida por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso su cesantía. La causa penal que lo involucraba culminó con una suspensión del juicio a prueba, la cual incluyó la realización de tareas comunitarias. Sin embargo, esta resolución no se tradujo en una condena penal.
Los abogados Yamil Castro Bianchi y Juan Manuel Ubeira, quienes defendieron al magistrado, argumentaron que Salmain no estaba obligado a declarar sobre el episodio en cuestión durante los concursos judiciales. En su último alegato ante el órgano de enjuiciamiento, Salmain solicitó que se le permitiera continuar en la magistratura. No obstante, el jurado determinó que la falta de información sobre su cesantía comprometió la veracidad que se exige a quienes aspiran a ocupar un cargo judicial. La decisión disciplinaria se centró en la omisión de este dato y en la importancia que tiene para evaluar la idoneidad del candidato.
La destitución de Salmain se produjo en un contexto en el que avanzaba otra investigación penal que lo involucra. Este expediente, conocido como caso Attila, investiga una supuesta maniobra para acceder al mercado oficial de cambios mediante resoluciones judiciales a cambio de coimas. La operación estaba relacionada con un fideicomiso que buscaba autorización para transferir al exterior alrededor de diez millones de dólares, en un marco de restricciones cambiarias.
Según los elementos presentados durante el jury, una medida cautelar firmada por Salmain facilitó que el fideicomiso llevara a cabo seis operaciones cambiarias por esa suma. El juez de Casación Diego Barroetaveña, quien participó en el proceso disciplinario como miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, cuestionó varios aspectos de la resolución y las condiciones bajo las cuales se otorgó la medida.
La investigación también incluyó la declaración de un financista que actuó como imputado colaborador. Durante la acusación, Barroetaveña expuso que el arrepentido había indicado que Santiago Busaniche le había explicado que el costo de la operación sería equivalente al 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo. Esta declaración formó parte de las pruebas que debían ser evaluadas en la causa penal, aunque no constituyó, por sí sola, una sentencia sobre la responsabilidad de los implicados.
Durante el proceso disciplinario que llevó a la destitución de Salmain, se presentaron diversos elementos que incluyeron registros de antenas de telefonía celular. Estos registros ubicaban a Salmain y al arrepentido en zonas cercanas a varios lugares relevantes, entre los cuales se encontraban el juzgado, un hotel y un bar. La defensa de Salmain cuestionó la validez de estos datos, argumentando que no eran suficientes para demostrar un encuentro entre ambos. Además, negaron que el exmagistrado conociera al financista involucrado en la causa y objetaron la credibilidad del colaborador que había brindado la información. Este cuestionamiento por parte de la defensa se centró en la falta de pruebas concluyentes que vincularan a Salmain con el arrepentido, lo que generó un debate sobre la interpretación de las evidencias presentadas.
La remoción de Salmain de su cargo ha modificado significativamente su situación institucional, ya que dejó de ejercer como titular del juzgado federal de Rosario. Durante el transcurso del proceso, se había señalado que existía un pedido de detención en el expediente penal que se estaba tramitando, cuya ejecución estaba condicionada por la condición de Salmain como juez. Sin embargo, es importante destacar que la destitución se enmarcó dentro del ámbito disciplinario y no reemplazó las decisiones que debían adoptar los tribunales penales. Por lo tanto, la eventual ejecución de una orden de detención o el dictado de una prisión preventiva dependerán de las actuaciones y resoluciones judiciales que correspondan en este contexto. La situación de Salmain, ahora fuera de la magistratura, plantea interrogantes sobre el futuro de su carrera y las implicancias legales que podría enfrentar.
Con la salida de Salmain de la magistratura, las investigaciones penales continuarán por una vía independiente. Estos expedientes deberán determinar si las conductas denunciadas constituyen delitos y qué grado de responsabilidad corresponde a cada una de las personas involucradas en el caso. La continuidad de estas investigaciones es fundamental para esclarecer los hechos y asegurar que se haga justicia. Las autoridades judiciales tienen la responsabilidad de actuar conforme a la ley, garantizando un proceso transparente que permita evaluar las pruebas presentadas y tomar las decisiones adecuadas en función de los hallazgos. La situación sigue siendo delicada y se espera que las decisiones que se tomen en el futuro reflejen un compromiso con la justicia y la verdad.
Santilli, bajo la presión de Bullrich, se presentará en el Senado para ofrecer su informe.
Durante su intervención, abordará el tema de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
Fuente original: Letra P Judiciales.
