Polo Sur
Río Grande enfrenta una combinación que resulta cada vez más difícil de disimular. Desde Nación, Javier Milei impulsa una política de apertura indiscriminada de importaciones que destruye la industria local. Desde la Provincia, Gustavo Melella todavía debe dar respuestas concretas al reclamo municipal por los fondos de coparticipación. Y en el FAMP, el fondo creado para ampliar la matriz productiva fueguina, la distribución territorial de los proyectos alimenta una pregunta incómoda: ¿cuánto vuelve a la ciudad que genera la gran parte de esos recursos?
El impacto de las decisiones nacionales no es una discusión teórica. El Decreto 333/2025 llevó a cero, desde el 15 de enero de 2026, los aranceles de importación de celulares. El Gobierno nacional con sus socios locales Santiago Pauli, Miguel Rodriguez, Natalia Graciania y Agustín coto defendieron la medida como una forma de reducir precios y ampliar la competencia, cosa que no ocurrió. Pero para una ciudad cuya actividad y empleo están fuertemente vinculados con la producción electrónica, abrir el mercado en medio de una caída del consumo plantea un riesgo concreto para las fábricas, sus trabajadores y los comercios que dependen de esa cadena. Decreto 333/2025, Gobierno nacional.
Los propios datos difundidos por el Gobierno fueguino muestran la dimensión de la crisis: el empleo industrial provincial cayó a 6.616 puestos en marzo de 2026, frente a 8.601 en 2025 y 10.969 en 2023. Es una retracción cercana al 40% respecto de 2023. La cifra corresponde al conjunto de la provincia, pero su efecto golpea con especial fuerza a Río Grande, donde la industria forma parte central de la vida económica.
En este escenario, el FAMP debería funcionar como una herramienta para diversificar la producción, sostener inversiones y generar empleo. Sin embargo, el representante de Río Grande Activa, Juan Pablo Deluca, sostuvo que cerca del 80% de los aportes al fondo provienen de empresas radicadas en la ciudad y cuestionó que, hasta junio, Río Grande contara con un solo proyecto aprobado. El planteo no significa que exista una regla formal que destine el 80% de los fondos fuera de Río Grande; señala una brecha entre el origen de los recursos y el destino de las inversiones que debe ser explicada con información pública y detallada.
La discusión se vuelve más urgente cuando el propio Gobierno provincial anuncia acuerdos de financiamiento del FAMP para obras en Ushuaia. La ampliación de la planta potabilizadora, por casi $19.857 millones, puede responder a una necesidad real de la capital; el problema político es que, mientras se concretan esas decisiones, proyectos estratégicos para Río Grande siguen reclamando prioridad, plazos y transparencia. Melella firmó el acuerdo para la obra, por lo que su gestión no puede limitarse a presentar al FAMP como una caja ajena a sus responsabilidades.
A ese cuadro se suma el reclamo municipal por alrededor de $17.800 millones en fondos de coparticipación pendientes. Río Grande sostiene que son recursos que le corresponden y denuncia demoras insostenibles e injustificadas en las transferencias. La Provincia puede argumentar que atraviesa una caída de ingresos; eso no reemplaza una conciliación de cuentas ni un cronograma público que permita determinar cuánto debe, cuánto está discutido y cuándo se pagará. Mientras ese dinero no llega, el Municipio debe sostener servicios, obras y compromisos con información financiera menos previsible.
La crítica a Melella no necesita exagerar cifras para ser contundente. Al gobernador le corresponde explicar qué proyectos del FAMP benefician a Río Grande, qué inversiones siguen pendientes y cómo se resolverá el atraso de coparticipación que denuncia la ciudad. También debe precisar qué gestiones realiza ante una política nacional que expone a la industria fueguina a una competencia más intensa mientras el empleo cae.
Milei empuja una apertura que amenaza con debilitar el entramado productivo; Melella, frente a ese escenario, no puede responder con complicidad y silencio ante la distribución de inversiones ni con demoras ante los recursos municipales. Río Grande no pide privilegios: pide una política industrial que no la deje sola, fondos que lleguen en tiempo y forma y un FAMP que convierta sus aportes en oportunidades concretas para quienes viven y trabajan en la ciudad.
