Estados de EE.UU. respaldan a Petersen y Eton Park en el litigio por YPF

Un grupo de quince estados y territorios de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Suprema de ese país con el objetivo de apoyar a Petersen Energía y Eton Park en su intento de que el máximo tribunal revise el fallo que benefició a Argentina en el litigio relacionado con la expropiación de YPF. Aunque esta presentación no implica que la Corte haya aceptado tratar el caso, sí añade un nuevo argumento a favor de los demandantes, justo antes de que venza el plazo para la respuesta de Argentina.

El escrito fue presentado el 30 de octubre por Misuri y otros 14 estados y territorios, y se presenta como amicus curiae, una figura legal que permite a terceros no involucrados formalmente en un caso expresar su posición ante un tribunal. Los fiscales generales de estos estados solicitaron que la Corte otorgue el recurso promovido por Petersen y Eton Park contra la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

En marzo, dicho tribunal había revocado una sentencia de primera instancia que había condenado a la República Argentina a pagar aproximadamente USD 16.100 millones en relación con la nacionalización de la petrolera, que tuvo lugar en 2012. Posteriormente, los demandantes apelaron a la Corte Suprema para que revise esta decisión.

Fuentes del Gobierno argentino señalaron que el país considera que los argumentos presentados por los estados no son aplicables, ya que el caso se basa en el derecho argentino. Además, sostienen que no existen fundamentos suficientes para que la Corte Suprema acepte revisar el caso.

Sebastián Maril, de Latam Advisors, explicó que los estados expresaron su preocupación respecto al criterio adoptado por el Segundo Circuito, el cual podría abrir la puerta para que gobiernos extranjeros eludan decisiones de tribunales estadounidenses. "Los gobiernos de 15 estados y territorios de EE.UU., representados por sus respectivos fiscales generales, presentaron en la Corte Suprema un amicus curiae en apoyo de Petersen y Eton Park contra Argentina en el caso por la expropiación de YPF", indicó Maril.

Además, Maril agregó que los firmantes del escrito plantearon una preocupación institucional que trasciende el caso argentino. "Advierten que el criterio del Segundo Circuito podría servir de hoja de ruta para que los Estados extranjeros evadan las sentencias de los tribunales estadounidenses mediante la aprobación de leyes internas convenientes para ellos", concluyó.

El documento presentado por los estados se centra en cuestionar la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de Estados Unidos, conocida como FSIA. Los fiscales argumentan que, según la interpretación de la cámara de Nueva York, un Estado extranjero podría eludir la resolución de una reclamación en los tribunales federales estadounidenses si establece que ese tipo de controversias debe ser litigado ante sus propios jueces.

La postura de los estados se alinea con el planteamiento principal de Petersen y Eton Park, quienes sostienen que la Corte Suprema debe intervenir para revisar un tema que, según ellos, implica los límites de la jurisdicción estadounidense frente a gobiernos extranjeros. En su escrito, solicitan de manera explícita que el tribunal acepte el recurso y revoque la decisión del Segundo Circuito.

No obstante, esta presentación ha generado un debate sobre el impacto que puede tener como apoyo para los demandantes. Sebastián Soler, abogado y exsubprocurador del Tesoro, minimizó la efectividad del amicus para convencer a la Corte Suprema de que tome el caso. En primer lugar, subrayó la composición política de los firmantes, indicando que “todos los fiscales generales estatales que lo firman son republicanos —solo el de las Islas Marianas es ‘independiente’—. La ausencia de demócratas no es decisiva, pero lo torna menos persuasivo”, afirmó.

Soler también cuestionó el fundamento jurídico del escrito. Según su interpretación, los estados describen erróneamente la resolución del tribunal de apelaciones al afirmar que este habría dejado de ejercer una competencia que la FSIA le otorga debido a la existencia de legislación argentina. “La premisa del argumento es falsa: la Cámara sí ejerció su competencia, pero falló a favor de nuestro país aplicando el derecho de fondo argentino”, destacó Soler.

El abogado añadió que las normas societarias argentinas y la ley general de expropiaciones eran, en su opinión, las regulaciones pertinentes para resolver un conflicto entre accionistas relacionado con el presunto incumplimiento del estatuto de una compañía argentina.

La discrepancia entre ambas posturas es crucial para el recurso. Mientras el escrito de los estados presenta el caso como una cuestión de jurisdicción federal y de inmunidad soberana, Soler sostiene que el Segundo Circuito resolvió el conflicto dentro de su competencia y aplicó el derecho sustantivo que correspondía al vínculo societario en disputa.

El abogado recordó que la Corte Suprema de Estados Unidos admite una porción reducida de los recursos que recibe cada año. “La Corte Suprema acepta juzgar muy pocos recursos”, afirmó, y explicó que suele priorizar causas en las que existen criterios divergentes entre tribunales inferiores o se discute un precedente propio en una cuestión federal relevante. Para Soler, una revisión destinada solamente a corregir un presunto error de una cámara de apelaciones es una hipótesis poco habitual, lo que sugiere que la Corte podría no estar interesada en este tipo de revisiones, dado que su enfoque se centra en cuestiones que tienen un impacto más amplio en la jurisprudencia federal.

De todos modos, el amicus podría tener efectos sobre los tiempos del proceso. “Sí podría suceder que la presentación de este escrito justifique que la Corte solicite la opinión del Solicitor General del gobierno federal antes de resolver si acepta o rechaza tramitar el recurso”, indicó. En ese escenario, la decisión sobre la admisibilidad del caso podría demorarse varios meses, lo que podría afectar el curso del litigio y las expectativas de las partes involucradas. Esto implica que el proceso podría extenderse más allá de lo anticipado, generando incertidumbre en cuanto a los plazos y las posibles resoluciones.

La causa aún se encuentra en una etapa inicial ante la Corte Suprema. La República Argentina y YPF tienen plazo hasta el 2 de diciembre para presentar sus escritos de oposición al recurso de Petersen y Eton Park y responder a las presentaciones de terceros que lo respaldan. Maril anticipó que el mapa de apoyos todavía puede cambiar: por el momento, informó que había un amicus a favor de la Argentina y cinco en favor de Petersen y Eton Park, aunque prevé nuevas presentaciones en defensa de la posición nacional. Esto sugiere que la dinámica del apoyo podría evolucionar a medida que se acerque la fecha límite para las presentaciones.

Una vez recibidas esas respuestas, la Corte deberá decidir si concede el recurso. Si lo rechaza, quedará firme la decisión del Segundo Circuito; si lo acepta, el litigio por la expropiación de YPF abrirá una nueva instancia ante el máximo tribunal de Estados Unidos, lo que podría tener implicaciones significativas tanto para Argentina como para las empresas involucradas en el caso. La resolución de la Corte podría sentar un precedente importante en materia de expropiaciones y derechos de los inversores, afectando no solo a las partes en este litigio, sino también a futuros casos similares.

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Fuente original: Infobae Economía.