La Justicia Federal dio un golpe histórico en Tierra del Fuego: el exjefe de la UEJN, Luis Bechis, fue procesado por administración fraudulenta, acusado de manejar millones del gremio como una caja personal, otorgar créditos irregulares y alquilar propiedades sindicales a terceros. La causa revela un perjuicio millonario y embargos que superan los 60 millones de pesos.
Actualidad28/11/2025
Polo Sur
La Justicia Federal procesó al exsecretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en Tierra del Fuego, Luis Simón Bechis, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La resolución —dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 8— también alcanzó al exsecretario de Finanzas Daniel Oscar Vidal y al exsecretario gremial Lucas Méndez Stiglich, quienes integraban la conducción de la Seccional 1 de la UEJN en Ushuaia.
Según el fallo, los exdirigentes administraron de manera irregular los fondos del gremio, otorgando préstamos informales a afiliados con fondos sindicales, fijando intereses arbitrarios y utilizando incluso cuentas personales para estas operaciones. También se los responsabiliza por el alquiler a terceros —a través de plataformas como Booking.com— de departamentos pertenecientes al patrimonio sindical, destinados exclusivamente a afiliados.
La investigación determinó un perjuicio económico estimado en 10 millones de pesos, generado entre 2021 y 2022.
El juez ordenó procesar a Bechis y Vidal como coautores, y a Méndez Stiglich como partícipe necesario, además de trabar embargos millonarios:
$60 millones para Bechis
$60 millones para Vidal
$40 millones para Méndez Stiglich
Los tres seguirán el proceso en libertad.
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
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