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El Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 9 de Lomas de Zamora falló en contra de una mujer que había presentado una demanda por daños contra una empresa comercial. La demandante alegaba que había sido incluida en el registro de deudores por compras que, según su declaración, nunca realizó. La decisión judicial concluyó que la reclamante no logró demostrar que la información negativa le hubiera causado un daño concreto, ni que las transacciones se hubieran llevado a cabo mediante un uso indebido de su identidad.
La demanda se originó a partir de un incidente ocurrido en mayo de 2016. La mujer relató que el 20 de ese mes se presentó en un local de artículos deportivos en Quilmes con la intención de realizar una compra. Sin embargo, el personal del comercio le informó que, el día anterior, había realizado adquisiciones de productos deportivos. La demandante negó haber visitado el local el 19 de mayo de 2016 y solicitó detalles sobre las operaciones que se le atribuían.
Según la resolución judicial, el personal del comercio solo le indicó que la compra involucraba un conjunto deportivo y un par de zapatillas. La mujer afirmó que no recibió información adicional y que su reclamo fue atendido sin que se le proporcionaran detalles sobre la identidad de la persona que había realizado la supuesta compra. Tres días después, el 23 de mayo de 2016, la mujer presentó una denuncia en una comisaría de Quilmes, sospechando que podría haber sido víctima de una estafa. En su demanda, también rechazó cualquier deuda que la empresa intentara asignarle por las compras en cuestión.
La mujer relató que el 1 de mayo de ese año había sido víctima de un robo en la vía pública, donde le sustrajeron su billetera, dinero, tarjetas y su documento de identidad. Este hecho también fue denunciado en una investigación penal que se inició en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. A partir de este antecedente, la demandante vinculó las compras desconocidas con una posible usurpación de identidad, argumentando que terceros habrían utilizado sus datos personales para adquirir productos a su nombre y generar una deuda que posteriormente le fue reclamada.
La mujer que inició la demanda también manifestó que, desde junio de 2016, recibió numerosas llamadas en su teléfono fijo a través de un sistema automatizado. Según su relato, estas comunicaciones tenían como objetivo cobrar por productos que, según su versión, habían sido adquiridos por personas que no eran ella.
En noviembre de 2016, la demandante indicó que se enteró de una nueva compra que se había hecho a su nombre en otro establecimiento de la misma cadena comercial. Afirmó que esta transacción también había generado una deuda por impago y que el asunto había sido derivado a un abogado.
La acción judicial se sustentó, además, en la supuesta inclusión de sus datos en una base de información crediticia. La reclamante sostuvo que en dicha base figuraban montos que le habían sido erróneamente atribuidos, lo que podría perjudicar su acceso al crédito y su historial comercial.
El juez determinó que estaba comprobado que la mujer había sido registrada como deudora de la empresa demandada en informes comerciales presentados en el expediente. Esta conclusión se basó, entre otros factores, en la respuesta tardía de la compañía a la demanda y en la ausencia de la documentación que debería estar en su poder.
La sentencia abordó las responsabilidades de quienes gestionan o proporcionan datos personales. El fallo explicó que la normativa exige que la información registrada en bases de datos sea veraz, precisa, actualizada y adecuada para el propósito que se persigue, especialmente cuando puede influir en decisiones crediticias.
No obstante, el tribunal consideró que no era suficiente con demostrar la existencia de una deuda informada para otorgar una compensación económica. Indicó que la demandante debía establecer un vínculo directo entre esa información y un daño concreto, como el rechazo de un crédito, la pérdida de una operación comercial o alguna otra consecuencia verificable.
Para el juez, esa conexión no fue probada durante el proceso. El único testigo que declaró había conocido los hechos a través de referencias de la propia demandante y mantenía una relación afectiva con su entorno familiar, por lo que su testimonio no fue considerado suficiente para respaldar el reclamo.
La resolución del juzgado subrayó que no se llevó a cabo una pericia sobre la firma de la demandante. Sin la realización de este examen, el tribunal determinó que la suposición de que otras personas habían utilizado su identidad para realizar las compras se mantuvo como una afirmación sin el respaldo probatorio adecuado.
Además, el tribunal indicó que un informe actualizado de la base crediticia, que fue incorporado al expediente el 18 de agosto de 2025, no evidenciaba la deuda que había sido objeto de controversia. Tampoco se demostró que la mujer hubiera enfrentado la frustración de un préstamo, una compra, un contrato u otra gestión debido a esa anotación en su historial crediticio.
Por estas razones, el juzgado desestimó tanto la solicitud de daño moral como el reclamo de daño punitivo. En relación a este último aspecto, el tribunal argumentó que la sanción civil requiere una conducta que evidencie un grave desprecio hacia los derechos del consumidor, un extremo que tampoco fue considerado probado en el expediente.
En otras noticias relacionadas, el fiscal Gerardo Pollicita manifestó que no existen elementos suficientes para sostener que Manuel Adorni se enriqueció de manera ilícita. Según el dictamen al que tuvo acceso Infobae, en el expediente no se logró demostrar que el aumento patrimonial investigado se hubiera originado durante el tiempo que el ex funcionario estuvo en el Estado. Pollicita solicitó que se investigue a Adorni por posible evasión impositiva.
En el caso de Hotesur-Los Sauces, se inició la lectura de la acusación por parte de la Unidad de Información Financiera. Este juicio tiene como acusados a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner, y actualmente se encuentra en la etapa de exposición de las acusaciones ante el Tribunal Oral Federal 5.
Por otro lado, la Corte confirmó la condena de un exdirectivo de Ford por delitos de lesa humanidad, a pesar de la dura disidencia del juez Rosenkrantz. La mayoría, compuesta por Horacio Rosatti y los conjueces Fernando Poviña y Juan Ignacio Pérez Curci, ratificó la pena de diez años de prisión impuesta a Pedro Müller por delitos cometidos contra trabajadores de la automotriz. Cabe destacar que Ricardo Lorenzetti no participó de la votación.
Finalmente, un hombre que salió despedido de su motocicleta tras encontrarse con un bache demandó por lesiones, pero la Justicia solo le reconoció una indemnización de $1,2 millones.
Un tribunal determinó que la municipalidad es responsable por el accidente sufrido por un motociclista, quien cayó al chocar contra un bache que no estaba correctamente señalizado. El demandante alegó haber sufrido una fractura de cráneo y haber estado internado en terapia intensiva. Sin embargo, el tribunal desestimó los conceptos reclamados debido a la falta de pruebas y solo aceptó una indemnización por daño moral.
Lo que inicialmente se planteó como una rinoplastia estética y funcional para un paciente de 19 años se transformó en una prolongada disputa judicial. La Cámara de Apelaciones anuló la decisión de primera instancia y ordenó a dos cirujanos y a la clínica a abonar una indemnización de $49,8 millones más intereses.
Fuente original: Infobae Judiciales.
