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La solicitud fue expresada en una declaración pública que se difundió en noviembre bajo el título “Cómo se Eligen los Jueces: Concursos Justos”. Este documento cuenta con el respaldo de 30 organizaciones institucionales, 12 juristas destacados y 277 firmantes individuales. En el texto, se critica la discrecionalidad que, según los firmantes, persiste en los procedimientos de evaluación de los candidatos. Además, se propone que la entrevista personal tenga un peso máximo de 20 puntos en la evaluación, en consonancia con el proyecto de reforma presentado en marzo por los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes han abogado por una mayor transparencia en el proceso de selección.
La presentación inicia con una definición sobre el funcionamiento del sistema judicial y las condiciones que, a juicio de los firmantes, deben guiar la designación de magistrados. En este sentido, se expresa: “Queremos que la justicia funcione mejor. Creemos en la democracia y en el respeto a la ley.” A continuación, las entidades fundamentan su solicitud en las disposiciones constitucionales que regulan el acceso a la magistratura y en las obligaciones legales del organismo encargado de organizar los concursos públicos de antecedentes y oposición. En este contexto, se señala que “la Constitución exige que los jueces sean idóneos, independientes y eficaces”. Asimismo, se destaca que la ley obliga al Consejo de la Magistratura de la Nación a actuar con publicidad, transparencia y control, y sobre todo a tratar por igual a todos los candidatos, respetando estrictamente el orden de mérito, es decir, el puntaje que cada uno obtiene por sus antecedentes y exámenes, lo que se considera fundamental para asegurar la integridad del sistema judicial.
Los firmantes de la declaración pública expresan su preocupación por las disparidades en los criterios utilizados para seleccionar a los aspirantes que llegan a las entrevistas personales. Señalan que el peso que esta etapa puede tener en la decisión final es considerable, incluso después de que los candidatos hayan sido evaluados en función de sus antecedentes profesionales, académicos y conocimientos jurídicos. En este sentido, afirman: “Hoy eso no siempre se cumple. Se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto. Se incumple lo que manda la Constitución y la ley”.
Ante esta problemática, el comunicado dirigido al Consejo de la Magistratura incluye un pedido claro y urgente. La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, que es la encargada de gestionar los procedimientos para cubrir las vacantes en los tribunales inferiores, debe actuar para reformar el reglamento de selección de jueces. En particular, solicitan que se limite a un máximo de 20 puntos la influencia de la entrevista en el resultado final, alineándose con lo que ha propuesto la Corte Suprema de la Nación.
Además, el pronunciamiento establece una conexión entre la independencia del poder judicial y las condiciones institucionales que son necesarias para fomentar el desarrollo económico y la previsibilidad en las decisiones públicas. En este contexto, se menciona que “achicar al máximo el margen de decisión discrecional es el primer paso para garantizar la independencia judicial, que es la base de nuestras instituciones republicanas, y un elemento central para promover la inversión, el crecimiento y la generación de empleo, claves para avanzar hacia un desarrollo inclusivo”.
La propuesta de las entidades se basa en uno de los puntos fundamentales del proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados, que fue promovido por los ministros Rosenkrantz y Lorenzetti a través de la Acordada 4/2026, emitida el 25 de marzo de 2026 y publicada en el Boletín Oficial dos días después.
Este proyecto fue presentado formalmente el 30 de marzo en el Palacio de Justicia, en un acto que fue encabezado por ambos ministros. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, así como de consejeros, magistrados, representantes del Ministerio Público y figuras del ámbito académico.
La propuesta presentada destaca diversas falencias en el actual régimen de selección de jueces, haciendo hincapié en la valoración de los antecedentes tanto profesionales como académicos, así como en las garantías de anonimato en los exámenes y en los criterios utilizados para evaluar las entrevistas personales. El máximo tribunal observó que la amplitud de esta última fase ha permitido que la valoración se realice sin parámetros estandarizados, lo que afecta tanto la asignación de puntajes como la fundamentación de las decisiones. Además, se enfatizó la necesidad de evitar que esta evaluación modifique de manera significativa las posiciones que los candidatos han alcanzado en las etapas técnicas previas.
El proyecto propone un sistema de calificación que contempla un total de 200 puntos, de los cuales un máximo de 20 se asignarían a la entrevista personal. La intención es que la mayor parte de la evaluación se concentre en las pruebas de oposición y en los antecedentes de los postulantes, mediante pautas que se establecerán de antemano para la asignación de calificaciones.
Entre las modificaciones que se proponen se incluye la implementación de concursos anticipados como norma general, lo que permitiría evaluar a los postulantes sin necesidad de esperar a que se produzca una vacante específica. Esta modalidad tiene como objetivo facilitar la planificación de los llamados y acelerar la cobertura de los cargos en los tribunales nacionales y federales.
En lo que respecta a los plazos, el articulado establece que los procedimientos no podrán extenderse más allá de los 90 días hábiles judiciales desde la realización de la prueba de oposición, con la posibilidad de una prórroga de hasta 30 días mediante una resolución fundamentada del Plenario.
Otra de las innovaciones que se incluyen en la propuesta es la creación de un legajo digital individual para cada aspirante, que contendrá información sobre su formación universitaria, trayectoria profesional, desempeño académico, publicaciones, actividad docente y posibles antecedentes disciplinarios. Este sistema permitirá centralizar la documentación y facilitar su consulta y evaluación de acuerdo a criterios uniformes.
En relación a los exámenes, el sistema propuesto establece dos etapas distintas. La primera etapa consiste en una evaluación general de conocimientos jurídicos, que se llevará a cabo a través de 120 preguntas de opción múltiple, las cuales serán seleccionadas de manera informática a partir de un banco de preguntas que ha sido previamente validado. La aprobación de esta evaluación será un requisito necesario para poder avanzar en el concurso y tendrá una validez de cinco años.
La segunda etapa estará enfocada en la resolución de situaciones jurídicas específicas. En esta fase, los aspirantes deberán responder a consignas prácticas y redactar una sentencia sobre un caso hipotético que esté relacionado con la competencia del tribunal al que desean acceder. Además, el reglamento propuesto incluye mecanismos destinados a proteger el anonimato de los participantes, utilizando claves alfanuméricas, sistemas informáticos que sean auditables y procedimientos de corrección que aseguren que la identidad de los postulantes no sea conocida antes de que se consoliden las calificaciones.
La evaluación de los antecedentes también se regirá por una escala predeterminada, que tendrá un máximo de 100 puntos. Esta puntuación se distribuirá entre la formación universitaria y de posgrado, la trayectoria profesional, las publicaciones realizadas y la actividad docente de los candidatos. La Acordada 4/2026 fue enviada al Consejo de la Magistratura para su consideración por parte del Plenario, dado que el artículo 114 de la Constitución Nacional y la Ley 24.937 otorgan a este organismo la competencia para establecer las normas que regulan los procedimientos de selección de magistrados.
En este contexto, las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y de Reglamentación iniciaron el análisis conjunto de la iniciativa el 9 de abril, en una reunión que contó con la participación de Rosatti. Este tratamiento ha continuado en encuentros posteriores, donde se han evaluado diversas propuestas de modificación del régimen de concursos, incluidas algunas iniciativas elaboradas por miembros del propio Consejo.
El debate sobre esta cuestión aún está pendiente de resolución y se proyecta sobre la próxima integración del organismo, que renovará gran parte de sus integrantes a partir del 18 de noviembre, fecha en la que vencerán los mandatos de los representantes de los distintos estamentos. Este recambio abarcará a los consejeros elegidos por la magistratura y la abogacía, así como nuevas representaciones legislativas y académicas. Además, se ha contado con el respaldo de entidades judiciales, empresariales y referentes de la sociedad civil.
Entre las organizaciones judiciales que apoyaron la declaración se encuentran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ACD), los colegios de abogados de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Abogados y Procuradores de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén, el Colegio de Abogados de Zapala y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES). También se suman a este grupo la Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro, Justa Causa Asociación Civil y Será Justicia.
En representación de las organizaciones de la sociedad civil, respaldaron el documento el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Club Político Argentino, Conciencia, Constituya, Fundación Directorio Legislativo, Integridad Republicana, Poder Ciudadano, Profesores Republicanos, Red de Acción Política (RAP) y Voces de Equidad y Género en Acción.
El apoyo de las organizaciones empresariales incluye a AmCham Argentina, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, CREA, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina (UIA).
Entre los juristas destacados que se adhirieron a la iniciativa se encuentran Alberto Bianchi, Alejandro Borda, Juan Carlos Cassagne, Ezequiel Cassagne, Roberto Gargarella, Marcelo Gebhardt, María Angélica Gelli, Antonio María Hernández, Félix V. Lonigro, Daniel Sabsay, Eduardo Sambrizzi y Alfonso Santiago.
A estas adhesiones se suman 277 firmantes individuales, que incluyen académicos, dirigentes políticos, empresarios, abogados y referentes de diversos sectores de la sociedad. La lista comprende, entre otros, a Rogelio Frigerio, Esteban Bullrich, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Florencio Randazzo, Omar Perotti, Federico Pinedo, Mónica Fein, Ramón Lanús y Rodolfo Suárez.
También se encuentran dirigentes con participación en gobiernos provinciales y municipales, como Pablo Javkin, Ulpiano Suárez y Gustavo Menna, además de representantes del ámbito universitario, profesionales del derecho y personas vinculadas a organizaciones civiles.
La Justicia, en colaboración con la Universidad de Buenos Aires (UBA), llevó a cabo un taller de alfabetización en el penal de mujeres de la cárcel de Ezeiza. Durante esta actividad, una delegación de la Cámara Federal de Casación Penal participó junto a docentes de la Facultad de Ciencias Sociales. El juez Gustavo Hornos subrayó que el objetivo del Derecho es vincular sus principios con la realidad cotidiana. Las internas tuvieron la oportunidad de dialogar sobre el ejercicio de sus derechos, lo que representa un paso importante en su proceso de reintegración.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo ha propuesto al juez federal Daniel Rafecas para que forme parte de la Cámara Nacional de Casación Penal. La solicitud, que fue enviada al Senado, cuenta con la firma de Javier Milei y Alejandra Monteoliva, y se fundamenta en el concurso realizado en 2018 para cubrir la Vocalía 7 de dicho tribunal. Esta propuesta se enmarca en un contexto de cambios en la estructura judicial del país.
En el ámbito de la causa ANDIS, el director de la Suizo Argentina, Sebastián Nuner Uner, negó las acusaciones que lo señalan como jefe de una asociación ilícita, argumentando que las imputaciones en su contra se deben únicamente a su cargo. Durante su indagatoria, Uner optó por no responder preguntas y presentó un escrito en su defensa. La fiscalía lo ha identificado como un “nexo” entre la empresa y el organismo. Para mañana, están citados los hermanos Kovalivker, quienes también están involucrados en la causa.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha resuelto todas las causas pendientes anteriores a 2025. Este organismo ha culminado con el remanente de expedientes desde el año 2024 hacia atrás, y ha centrado su labor en los litigios que ingresaron entre el año pasado y el presente. Durante el primer semestre de 2026, el tribunal firmó el triple de sentencias en comparación con periodos anteriores, lo que refleja un aumento significativo en su actividad.
En el juicio conocido como el de los cuadernos, este martes se presentó a declarar un ex abogado de Oscar Centeno, y se exhibieron mensajes de la ex pareja del remisero. Este juicio involucra a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros 85 acusados, y continúa su desarrollo ante el Tribunal Oral Federal 7, donde se están llevando a cabo diversas declaraciones y presentaciones de pruebas.
Fuente original: Infobae Judiciales.
