PoloSur
Este lunes se llevó a cabo la lectura formal de los cargos en el juicio por la causa Hotesur - Los Sauces, que incluye a 19 acusados, entre los que se destacan la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y su hijo Máximo Kirchner. El presidente del Tribunal Oral Federal N° 5, José Michilini, informó que debido a la extensión del requerimiento fiscal, esta fase inicial del proceso se prolongará alrededor de diez días hábiles. En esta primera etapa, se abordará únicamente la acusación relacionada con el tramo “Los Sauces”, dado que las defensas han solicitado, tras la reciente unificación ordenada por la Cámara de Casación, el tiempo estipulado por la ley para preparar su intervención en el expediente “Hotesur”.
Tanto Cristina Kirchner como Máximo Kirchner están siguiendo las audiencias a través de la plataforma Zoom, al igual que la mayoría de los demás acusados. Sin embargo, deberán presentarse en los tribunales de Comodoro Py cuando se inicie la fase de declaraciones indagatorias.
La audiencia se interrumpió tras un análisis exhaustivo de las contrataciones de las empresas Kank y Costilla S.A., que figuran en el dictamen de la fiscalía. El Tribunal Oral Federal N° 5 decidió dictar un cuarto intermedio, que se extenderá hasta el próximo lunes 2 de noviembre.
La acusación sostiene que, tras adquirir propiedades, hoteles y terrenos mediante Los Sauces, la familia Kirchner los integró de inmediato a un esquema de lavado de dinero. Según los fiscales, el objetivo era que, desde enero de 2009 hasta marzo de 2016, el alquiler de estas propiedades sirviera como una justificación legal para transferir una parte del dinero de origen ilícito.
La inmobiliaria generó ingresos por un total de $25.968.042,30 entre 2009 y 2016, facturando a diversas empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo por el alquiler de propiedades y hoteles. Esta situación evidencia que la firma funcionó como un mecanismo constante destinado al reciclaje de activos.
La acusación se basa en una reconstrucción del flujo de fondos de la empresa Los Sauces, realizada por peritos contadores. Este análisis permitió, utilizando la documentación contable y bancaria disponible, revelar la ruta del dinero que recibió la sociedad perteneciente a los expresidentes y su núcleo familiar, proveniente de los llamados “empresarios amigos”.
La fiscalía sostiene que el Grupo Indalo y Lázaro Báez representaban el 88% de las operaciones de la inmobiliaria, lo que indica que “en el proceso de reciclaje se incorporaban más fondos ilícitos que fondos legítimos generados por la propia actividad inmobiliaria”. Este hecho sugiere que la función de la firma Los Sauces era la de recibir fondos ilegales provenientes de las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo bajo el concepto de alquileres, con el fin de legitimar su inclusión en el patrimonio de la familia Kirchner.
La compra del departamento situado en la calle San José 1111, piso 2D, donde actualmente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, se llevó a cabo el 11 de junio de 2015 a través de Los Sauces. Esta operación fue efectuada por Romina de los Ángeles Mercado, quien actuó como presidenta de la sociedad, y adquirió la propiedad de 236,6 m² a Jorge Edmundo Coscia por un monto de USD 370.000.
Según la acusación, el propósito de esta transacción era que el departamento funcionara como residencia personal de Florencia Kirchner, quien era accionista y en ese momento se desempeñaba como vicepresidente de la firma, sin que ella tuviera que pagar ningún tipo de canon o contraprestación a la sociedad.
Para financiar la adquisición, se llevó a cabo una maniobra que consistió en inyectar fondos desde el exterior de la empresa. El 5 de mayo de 2015, el directorio de Los Sauces, compuesto por Mercado y Florencia Kirchner, aprobó un aporte irrevocable de $4.000.000 que provenía de la sucesión de Néstor Kirchner. Al día siguiente, Cristina Fernández de Kirchner retiró esa suma de una cuenta personal y la depositó en la cuenta de la sociedad.
Posteriormente, esos fondos fueron utilizados para comprar cuatro Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES) a nombre de terceros y empresas, los cuales fueron endosados por el contador Víctor Manzanares y entregados al vendedor para saldar el precio total de la propiedad.
La fiscalía, al examinar la operación, destaca serias irregularidades y la falta de transparencia en las transacciones bancarias que la precedieron. Para llevar a cabo el movimiento de $4.000.000, la sociedad se benefició de la complicidad de directivos y empleados de la sucursal Río Gallegos del Banco Nación, entre los que se encuentran Marcelo Mazú, Raúl Avarese, Lisandro Gauna, Mónica Romero y Rolando D’Avena. Estos funcionarios registraron la entrada de dinero como un “depósito en efectivo”, ocultando que provenía de una caja de ahorros perteneciente a la familia Kirchner, y además omitieron de manera intencionada registrar la identidad de la persona que realizó o ordenó la transacción.
La compra de la vivienda situada en la calle Mascarello 441 de Río Gallegos se formalizó el 22 de noviembre de 2012 a través de la inmobiliaria Los Sauces, siendo esta la residencia personal de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. La operación fue llevada a cabo por Máximo Kirchner en representación de la sociedad, mientras que Osvaldo Sanfelice actuó como vendedor y presidente de la empresa Negocios Patagónicos S.A. El acuerdo se estableció por un monto de USD 250.000.
Las dudas en torno a esta adquisición surgen principalmente por la identificación de maniobras financieras que despiertan sospechas y precios inflados entre individuos del mismo círculo de confianza. Solo tres años antes, el 14 de agosto de 2009, Sanfelice había adquirido el mismo inmueble a un particular por la suma de $200.000. Al venderlo a los Kirchner, el valor de la propiedad se multiplicó casi por cinco en un periodo de doce meses, sin justificación aparente.
La acusación subraya que en esta transacción se evidencian tres irregularidades significativas: a) no se escrituró dentro del plazo máximo de 180 días establecido por las partes en el boleto de compraventa fechado el 14 de agosto de 2009; b) la escritura se formalizó con un poder que había caducado dos meses antes; y c) se presentó en el registro de la propiedad inmueble un año después de la formalización de la escritura pública.
Este caso pone de manifiesto cómo la familia presidencial se beneficiaba a través de una inmobiliaria que recibía fondos millonarios provenientes de los alquileres abonados por empresarios favorecidos por el Estado.
En este contexto, se menciona también la Aldea del Chaltén, que representa el cuarto hotel de los Kirchner.
A comienzos de 2009, la familia Kirchner tomó la decisión de adquirir el Hotel La Aldea del Chaltén, incorporándolo como el cuarto establecimiento de su cadena hotelera. Esta transacción se llevó a cabo a través de la empresa Los Sauces, nuevamente con la intervención del escribano Ricardo Albornoz.
La compra de este hotel es considerada de gran relevancia debido a la notable diferencia entre el precio declarado y su valor real, lo que, según la fiscalía, pone de manifiesto la falta de credibilidad en la operación. En la escritura se consignó un valor de $200.000, mientras que el Tribunal de Tasaciones de la Nación estimó que el valor real del complejo hotelero era de $2.890.000 en ese momento. Esto implica que la familia presidencial adquirió el inmueble por un monto más de trece veces inferior a su valor de mercado.
Además, el hotel adquirió importancia al convertirse en un elemento clave para el lavado de activos. Según la acusación, los Kirchner “cedieron inmediatamente el fondo de comercio a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez, para que por esta vía también funcionara el mecanismo permanente de reciclaje de ganancias ilícitas”.
A través de contratos de locación simulados, la empresa Valle Mitre canalizó $2.836.724 hacia Los Sauces entre 2009 y 2013. El canon mensual acordado era tan elevado que permitió a los Kirchner recuperar el total del valor de compra del hotel en tan solo cinco meses de concesión.
En 2013, debido a la atención mediática generada por la relación comercial entre los Kirchner y Lázaro Báez, la firma Valle Mitre fue sustituida por la empresa IDEA S.A., de Osvaldo Sanfelice.
En cuanto a los terrenos, el 25 de noviembre de 2008, Cristina Fernández y Néstor Kirchner transfirieron, en concepto de “aportes irrevocables”, dos terrenos de su propiedad a la firma Los Sauces. Cristina Fernández cedió un lote situado en la calle Alvear 391 de Río Gallegos, valorado por los aportantes en $13.500, a pesar de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación estimó su valor real en $821.320. Por su parte, Néstor Kirchner cedió un terreno en la calle Moreno 882 de la misma ciudad, también valorado en $13.500, cuyo valor real, según la tasación oficial, ascendía a $752.700.
Ambas operaciones fueron formalizadas por Máximo Kirchner ante el escribano de confianza Ricardo Albornoz.
La relevancia de estos terrenos es significativa, ya que, de manera paralela a la cesión, y mientras Cristina Fernández ocupaba la presidencia de la Nación, la constructora Loscalzo y Del Curto, que pertenece al socio comercial de la familia, Lázaro Báez, ya estaba llevando a cabo obras en dichos lotes. Según la fiscalía, al momento de formalizarse el traspaso a Los Sauces, las obras de construcción de un complejo que constaba de cuatro departamentos en cada lote presentaban un avance aproximado del 60%. Báez finalizó las obras y facturó a la sociedad un total de $4.185.683,65 por los trabajos realizados.
Estas construcciones se convirtieron en un elemento fundamental dentro de la maniobra de lavado de activos que se está investigando. Una vez que los complejos habitacionales fueron finalizados, e incluso antes de que la familia presidencial realizara el pago por la construcción, las empresas del Grupo Báez alquilaron la totalidad de los departamentos. El edificio ubicado en la calle Alvear fue arrendado a la firma Kank y Costilla, mientras que el de la calle Moreno fue inicialmente alquilado a Loscalzo y Del Curto, y posteriormente a Austral Construcciones.
A través de estos contratos de alquiler, que se consideran presuntamente simulados, las empresas de Lázaro Báez lograron canalizar importantes sumas de dinero de origen ilícito hacia Los Sauces. En concreto, se blanquearon $1.999.431,18 a través de Kank y Costilla, $1.691.580 mediante Loscalzo y Del Curto, y $323.915,79 a través de Austral Construcciones, completando así el circuito de retorno del dinero público hacia los expresidentes y sus hijos.
El Tribunal Oral Federal N° 5, compuesto por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, decidió establecer un cuarto intermedio de 20 minutos. Posteriormente, se reanudará la lectura del requerimiento fiscal.
Otro aspecto de la acusación se centra en que, además de “no tener una sede real donde operar”, Los Sauces “no contaba con personal que llevara a cabo la actividad de intermediación inmobiliaria y, cuando lo tuvo, registró a solo dos empleados”, entre ellos el jardinero personal de Cristina Fernández y a su hija Florencia Kirchner, “cuyas funciones en la empresa permanecen desconocidas hasta el momento”.
“En efecto, según se pudo establecer, la firma Los Sauces no registró empleados hasta abril de 2010; solo registró un único empleado a partir de mayo de 2010 y durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2015”.
El jardinero Ramón Ángel Díaz Díaz declaró que ha trabajado para la familia Kirchner durante aproximadamente 18 o 19 años, y que fue contratado por Cristina Fernández. Su labor consiste en cortar el pasto y mantener el jardín en la residencia de la expresidenta. Además, mencionó que desconoce la ubicación de la administración de la empresa, según lo recordó la fiscalía.
La fiscalía presentó como prueba las inconsistencias relacionadas con el lugar donde supuestamente funcionó la empresa. En la audiencia se expuso que "la firma Los Sauces no tuvo sede social donde desarrollar las reuniones de directorio y asamblea, donde llevar adelante la marcha de su negocio y donde poder ser localizada por los organismos de control".
En la documentación del expediente, la inmobiliaria registró tres direcciones: Alcorta 76, 9 de Julio 161 y Monte Aymond 96, todas ubicadas en la ciudad de Río Gallegos. La acusación sostuvo que "lo cierto es que son falsos, en tanto en ellos nunca funcionó verdaderamente la sede social".
En las calles Alcorta y 9 de Julio se encontraban dos estudios contables pertenecientes a los profesionales Néstor Pombo y Víctor Manzanares. La tercera dirección corresponde al domicilio personal de Máximo Kirchner.
"Como se ve, pese a registrar distintos domicilios en la ciudad de Río Gallegos, en ninguno de ellos se pudo demostrar el funcionamiento de Los Sauces como empresa inmobiliaria ni tampoco la existencia de infraestructura administrativa acorde con la actividad a la que se dedicaba, lo que constituye un indicador sólido e irrefutable sobre la ilicitud de la actividad desarrollada por la sociedad de los expresidentes y sus hijos", estableció la fiscalía.
La acusación también destacó el rol preponderante de Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de los expresidentes y acusada en el juicio. Se indicó que fue presidenta de la empresa Los Sauces "a partir del año 2015 —siendo que también desde el año 2013 era presidente de Hotesur— y fue escoltada por Florencia Kirchner como vicepresidente y Máximo Kirchner como director suplente", según se desprende del requerimiento fiscal.
De esta manera, la fiscalía sostiene que desde la alta dirección de la empresa, primero Máximo Kirchner y luego Florencia Kirchner junto a Mercado, fueron los responsables de aprobar la adquisición de las propiedades que facilitaron el lavado de dinero. También se encargaron de aceptar aportes irrevocables de los accionistas, firmar los contratos de alquiler y gestionar el flujo de dinero que provenía de las empresas de Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa, Lázaro Báez y Osvaldo José Sanfelice.
La sobrina de los Kirchner no solo desempeñó un rol importante en Los Sauces, sino que también estuvo vinculada a la empresa Inversora M&S. Allí trabajó desde febrero de 2012 hasta marzo de 2016, período que coincide con el tiempo en que la sociedad de los empresarios cercanos a la familia Kirchner y ellos mismos llevaron a cabo la maniobra de lavado de activos. Esto le permitía estar presente tanto en la empresa pantalla como en la que gestionaba los fondos que posteriormente eran blanqueados.
En cuanto a la canalización de fondos, Cristóbal López y Fabián De Sousa, propietarios del Grupo Indalo, recibieron del gobierno kirchnerista “contratos de obra pública, concesiones y beneficios impositivos indebidos” que facilitaron su crecimiento patrimonial, según se indica en la acusación.
La fiscalía también señaló que la mayor parte de la facturación de la inmobiliaria Los Sauces provenía de empresas del Grupo Indalo, que representaban el 65% de los ingresos, y del Grupo Báez, que aportaba el 23%. Esta información, según la fiscalía, demuestra que los fondos que ingresaban a la empresa eran resultado de la defraudación al Estado mediante la asignación irregular de obras públicas viales en Santa Cruz a Lázaro Báez, así como también de la oferta y aceptación de dádivas a través de diversos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos que se otorgaron a Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa desde diferentes organismos estatales encargados de su control y autorización.
Lázaro Báez, conocido como "amigo de la familia presidencial", y sus empresas, tras haber sido favorecidos con un flujo constante de fondos debido a las obras públicas viales que se les adjudicaron de manera irregular, reciclaban esos recursos para que llegaran a manos de los expresidentes y sus hijos. Esto se realizaba a través del negocio hotelero e inmobiliario que operaba la firma Los Sauces, la cual ofrecía la apariencia de legitimidad al flujo de dinero, permitiendo así que estos fondos fueran declarados ante el organismo anticorrupción y el fisco, ocultando su verdadero origen.
La acusación indicó que la participación del diputado nacional Máximo Kirchner no se limitó a su papel en la firma Los Sauces. Se destacó que Máximo fue accionista de la empresa Hotesur, vendió propiedades de sus padres a Austral Construcciones para financiar la adquisición de dicha sociedad, firmó los contratos de alquiler de los hoteles y retiró fondos de esa empresa.
Aunque Florencia Kirchner fue sobreseída antes de que el juicio llegara a su etapa de juicio oral, la fiscalía argumentó que ella se integró a la asociación criminal tras el fallecimiento de su padre en octubre de 2010. Desde entonces, habría dado su aval y aprobación a las actividades ilegales que sus padres y su hermano llevaban a cabo a través de la sociedad Los Sauces.
A partir de 2012, Florencia ocupó el cargo de vicepresidenta y trabajó en Los Sauces, participando, al igual que Máximo, en el esquema de blanqueo que se desarrolló simultáneamente a través de la empresa Hotesur. Esto pone de manifiesto el papel fundamental que desempeñó y los beneficios económicos que obtuvo de ambas maniobras de lavado.
La segunda jornada del juicio se inició con la lectura de la valoración probatoria presentada por la fiscalía. La acusación sostiene que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner establecieron una matriz de corrupción en diversas áreas del Estado, que se implementó mediante distintos mecanismos de reciclaje de dinero a través de actividades inmobiliarias y hoteleras.
Para sostener la mecánica de la corrupción durante 12 años, intervinieron “funcionarios públicos de distintos organismos del Estado, los hijos del matrimonio presidencial Máximo y Florencia, los empresarios beneficiados” y “profesionales contadores y escribanos, Manzanares, Albornoz y Ludueña”, entre otros. Esta red de complicidad se extendió a diversas áreas del gobierno y del sector privado, lo que permitió que las maniobras fraudulentas se desarrollaran sin interrupciones.
Todos ellos “ocuparían diferentes roles tanto en las empresas de los expresidentes como en los conglomerados societarios de los referidos empresarios”. Los expresidentes, que “dirigían y controlaban la organización criminal”, se posicionarían de ambos lados del mostrador, “valiéndose de su rol y jerarquía como presidentes de la república para beneficiar ilegítimamente a los empresarios mencionados y recibiendo ya desde el lado privado una porción de lo sustraído a través de las maniobras de lavado de activos investigadas”. Esta dinámica evidenciaría un entramado complejo que facilitó la corrupción en el país.
Fuente original: Infobae Judiciales.
