PoloSur
Hasta hace apenas unas semanas, Paraguay era considerado uno de los países con economías más estables de Sudamérica. Sin embargo, la reciente crisis provocada por la intervención de uno de los mayores bancos del país ha trascendido el ámbito financiero y ahora pone en riesgo la posición del presidente Santiago Peña. Peña asumió la presidencia en agosto de 2023, con la promesa de impulsar el crecimiento económico y preservar la estabilidad del país. Durante su discurso de investidura, destacó que "la mejor política social que existe es el crecimiento económico sostenido", y se comprometió a ofrecer a los paraguayos estabilidad y previsibilidad en un contexto de desafíos económicos.
Solo tres meses después de su asunción, el 22 de noviembre de 2023, el Banco Central del Paraguay (BCP) autorizó la transformación de Financiera Ueno, una entidad financiera de menor tamaño, en un banco. Esta entidad, que fue intervenida por el Banco Central de Paraguay esta semana, comenzó a operar como Ueno Bank en diciembre de ese mismo año. La autorización para esta transformación se dio bajo la dirección de Carlos Carvallo Spalding, quien asumió la presidencia del Banco Central en septiembre de 2023, tras ser nombrado por Peña. La intervención del banco ha generado preocupación tanto en el ámbito financiero como en la política nacional.
Sin embargo, existen antecedentes que generan dudas sobre la relación entre el poder político y Ueno Bank. Carlos Carvallo había sido presidente de Financiera Ueno desde marzo de 2022 hasta el 14 de agosto de 2023, justo unas semanas antes de asumir el cargo en el Banco Central, que es el organismo encargado de supervisar el sistema financiero del país. Por su parte, Santiago Peña había sido accionista de Ueno Holding, una sociedad que incluía, entre otros, al Grupo Vázquez, principal accionista de Ueno Bank. Estos vínculos han suscitado interrogantes sobre la transparencia en la gestión de la entidad y la posible influencia del poder político en su funcionamiento, lo que ha llevado a la oposición a presentar un juicio político contra el presidente Peña por su supuesta complicidad en la crisis del banco.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó en abril de 2025 que había vendido su participación en Ueno Bank a finales de marzo de ese mismo año, aunque subrayó que nunca había sido accionista directo del banco. Esta situación, junto con las circunstancias que llevaron a la autorización de la transformación de Ueno en banco, ha desatado una crisis política que resultó en la renuncia tanto de Peña como de Carlos Carvallo Spalding, presidente del Banco Central.
No obstante, la controversia dio un giro inesperado cuando el Congreso paraguayo decidió el jueves no aceptar la renuncia del presidente. En consecuencia, Peña se enfrenta a un juicio político en el Congreso. Mariano Machado, analista principal para las Américas de la consultora de análisis de riesgos Verisk Maplecroft, opina que la renuncia de Peña no fue una concesión, sino un intento de manejar los términos de una salida que ya no podía evitar.
Según Machado, un juicio político impediría que Peña acceda al cargo de senador vitalicio, que le otorgaría inmunidad parlamentaria, dejándolo expuesto a una posible investigación penal. En la mañana del viernes, Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el juicio político, argumentando que un plazo inferior a 12 horas, el que le fue otorgado para presentarse, resulta "insuficiente" para asegurar que el proceso "cumpla con los estándares de un Estado de derecho". Sin embargo, el Senado rechazó la solicitud y continuó con el proceso.
Las acusaciones contra Santiago Peña se centran principalmente en "mal desempeño de sus funciones" y un presunto conflicto de intereses debido a sus vínculos empresariales con el conglomerado propietario de Ueno Bank. La acusación por conflicto de intereses está relacionada con su participación accionarial en Ueno Holding, una sociedad vinculada al Grupo Vázquez, que es el principal accionista de Ueno Bank.
Peña mantuvo esas acciones desde antes de asumir la presidencia hasta marzo de 2025, cuando vendió su participación. Durante este tiempo, Ueno experimentó una rápida expansión. Bajo el gobierno de Peña y con Carlos Carvallo Spalding al frente del Banco Central, la entidad pasó de ser una financiera relativamente pequeña a convertirse en uno de los principales bancos del país, con cerca de tres millones de clientes, lo que representa alrededor del 60% de la población adulta paraguaya.
La oposición también señala a Santiago Peña como responsable de la crisis financiera de Ueno Bank y de las repercusiones que esto ha tenido en la confianza del sistema bancario. Además, se mencionan las dificultades que enfrentaron cientos de miles de ahorristas para poder acceder a sus depósitos en la entidad.
Otro de los señalamientos en su contra se refiere a una supuesta injerencia del presidente en el Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo encargado de gestionar las jubilaciones y los servicios de salud de los trabajadores paraguayos, con el objetivo de facilitar la transferencia de fondos hacia Ueno Bank.
La acusación también incluye cuestionamientos sobre posibles beneficios económicos que Peña habría obtenido, como préstamos recibidos de la entidad, así como denuncias previas relacionadas con su patrimonio personal.
Los impulsores del juicio político le atribuyen responsabilidad institucional por decisiones y omisiones de su gobierno que, según ellos, habrían contribuido a la crisis financiera. Además, argumentan que su administración promovió cambios regulatorios que facilitaron que instituciones públicas depositaran grandes sumas de dinero en Ueno Bank.
También se critica el nombramiento de Carlos Carvallo, quien había estado al frente de Financiera Ueno, como presidente del Banco Central. La acusación sostiene que las autoridades regulatorias permitieron que Ueno otorgara préstamos a empresas asociadas a su propio grupo empresarial, superando los límites establecidos.
Para los promotores del juicio político, estos hechos evidencian que el mandatario priorizó intereses privados sobre el interés público y que su gobierno no protegió adecuadamente los fondos de pensiones ni los ahorros de los clientes del banco.
Mariano Machado, analista principal para las Américas de Verisk Maplecroft, señala que la crisis bancaria ha derivado en una crisis política más amplia, exacerbada por las divisiones internas del Partido Colorado, la fuerza gobernante.
Según el analista, la salida de Peña podría beneficiar significativamente al expresidente Horacio Cartes, quien además es el presidente del Partido Colorado, más que a la oposición que ha impulsado el juicio político.
Al decidir sacrificar a Santiago Peña y mantener a salvo al vicepresidente Pedro Alliana, el expresidente Horacio Cartes logra recuperar el control tanto de la presidencia como del Partido Colorado de cara a las elecciones de 2028. Esto ocurre a pesar de que Cartes había anunciado previamente que dejaría el liderazgo de la formación política después de 2027, lo que añade un matiz interesante a su estrategia de poder.
El analista político Machado también sostiene que la salida de Peña podría debilitar uno de los principales argumentos que Paraguay había utilizado para atraer inversiones extranjeras: la estabilidad y previsibilidad de su política económica. Esta percepción de inestabilidad podría tener consecuencias negativas en el clima de inversiones en el país. Además, advierte que las repercusiones de la crisis podrían extenderse más allá del sector bancario y afectar a la economía paraguaya durante el año 2027, lo que podría complicar aún más la situación económica del país.
A largo plazo, el costo fiscal de la crisis podría prolongarse más que la propia crisis política. Se estima que cerca de 850 millones de dólares, equivalentes a casi el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), estaban depositados en el banco que ya ha dejado de operar. La recuperación de esos fondos dependerá de la liquidación de una cartera de préstamos que está concentrada en empresas vinculadas a los propietarios de la entidad. La situación es crítica, ya que cualquier déficit en la recuperación de ese dinero aumentaría el déficit público.
Este déficit público ya se prevé que supere el límite del 1,5% del PIB establecido por la regla fiscal en 2026 y 2027. La situación financiera del país podría verse comprometida si no se logra recuperar una parte significativa de esos fondos, lo que podría tener efectos adversos en la economía nacional y en la confianza de los inversores.
Fuente original: BBC Mundo.
