PoloSur
A días de la llegada del Papa León XIV a Argentina, el gobierno de Javier Milei recibió un inesperado alivio judicial. En el marco del pacto de impunidad que se inició con la causa Libra, la justicia federal ha tomado la decisión de proteger a Manuel Adorni de la investigación por enriquecimiento ilícito. En un dictamen firmado por el fiscal Pollicita, se argumenta que Adorni no debe ser investigado por enriquecimiento, sino por evasión impositiva, un delito que el ex funcionario ya había admitido al reconocer tener dinero no declarado.
La estrategia del fiscal Pollicita se considera un claro ejemplo de impunidad. Ha solicitado que la causa sea trasladada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde es probable que Adorni pueda eludir consecuencias penales con mayor facilidad. Este movimiento ha sido interpretado como un clásico ardid político, respaldado por la complicidad de la justicia federal. En su dictamen, Pollicita argumenta que no se ha podido demostrar que Adorni se haya enriquecido de manera ilegal durante su gestión pública.
Adorni, por su parte, se defendió afirmando que durante años mantuvo ahorros en dólares, mientras llevaba una vida modesta, y que decidió gastar ese dinero sin reservas una vez que asumió en el gobierno. Este argumento ha sido considerado poco creíble incluso dentro de su propio gabinete, sin embargo, el fiscal parece haberlo aceptado. El ex jefe de Gabinete también declaró haber ganado 600 mil dólares en bitcoin, pero aseguró que vivió "como si no los tuviera" hasta su llegada al cargo.
Según lo informado por LPO meses atrás, en el ámbito judicial se creía que la causa Adorni había sido utilizada como una herramienta de presión por parte de Comodoro Py, en conjunto con la causa Libra. La serie de nombramientos de jueces y fiscales, así como los sobreseimientos de funcionarios en los meses siguientes, parecen corroborar estas sospechas. Durante los primeros meses de la causa, cuando Adorni aún ocupaba el cargo de jefe de gabinete, la investigación avanzó a un ritmo inusual, con constantes novedades sobre sus irregularidades patrimoniales que, curiosamente, eran difundidas de inmediato por los medios.
Sin embargo, esa maquinaria de investigación se detuvo una vez que Manuel Adorni dejó su cargo en el gobierno. El fiscal Gerardo Pollicita, quien tenía delegada la investigación, continuó solicitando información sobre el patrimonio del ex jefe de gabinete. No obstante, el juez Ariel Lijo le otorgó prórrogas en los plazos, extendiéndolos al máximo posible. Fuentes del ámbito judicial informaron en ese momento a La Política Online que Pollicita se oponía a conceder más tiempo a Adorni.
El dictamen de Pollicita representa un cambio significativo respecto a lo que sostenían en off todas las fuentes vinculadas a la causa en Comodoro Py: los números de Adorni no eran coherentes. De hecho, incluso en el requerimiento de información patrimonial, la fiscalía manifestaba dudas sobre una serie de inconsistencias relacionadas con Adorni y su esposa. Ahora, la decisión final recaerá en el juez Ariel Lijo, quien deberá determinar si acepta abandonar la investigación por enriquecimiento ilícito y remitir el caso al fuero penal económico.
En las redes sociales, los usuarios expresaron su descontento con el sistema judicial argentino. Un comentario destacable provino de un usuario que, parafraseando a un uruguayo, afirmó que la justicia en el país es "una gran prostituta", sugiriendo que todos los integrantes del sistema judicial están comprometidos de alguna manera. Esta afirmación generó reacciones de sorpresa y desaprobación entre los seguidores.
Otro usuario, desde La Plata, se refirió a la figura de Adorni, señalando que hasta el año 2023 era considerado un "piojo muerto de hambre", lo que pone de relieve la percepción negativa que se tiene sobre su trayectoria. Además, un tercer comentario hizo hincapié en que la decisión de salvar a Adorni no solo lo beneficia a él, sino que también protege a los integrantes del poder judicial involucrados en estas causas. Este usuario exigió un "nuevo reinicio" para el sistema judicial, sugiriendo que si no se actúa de manera integral, todos los actores del mismo deberían ser considerados responsables.
En las redes sociales, los usuarios expresaron su descontento con el sistema judicial. Un comentario resaltó la necesidad de una "limpieza profunda de jueces y fiscales", sugiriendo que la actual situación es insostenible. El autor del mensaje, que se identificó como "soberano", manifestó que, a pesar de no ser un gran admirador de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la apoyaría en su propuesta de reformar las cortes, argumentando que es la única con el valor necesario para llevar a cabo dicha tarea.
Otro usuario, bajo el seudónimo "mirkobulje", se unió a la crítica, calificando la situación de "festival de corrupción" y describiendo al sistema judicial como "la cloaca de la democracia". Estos comentarios reflejan un sentimiento generalizado de frustración hacia las instituciones y la percepción de que se requiere un cambio significativo para restaurar la confianza en la justicia.
Un individuo anónimo entregó 270.000 dólares en la vía pública con el propósito de adquirir bitcoin. Con el paso de los años, la inversión creció hasta alcanzar un total de 500.000 dólares, aunque el beneficiario decidió mantener esos fondos reservados hasta que asuma un cargo público.
Posteriormente, se hizo referencia a la llegada de los Reyes Magos junto a Riverito y un cartón de lotería, en un contexto que parece aludir a situaciones inesperadas o sorpresivas.
El fiscal federal Gerardo Pollicita emitió un dictamen en el que argumenta que Adorni no debe ser objeto de una investigación por enriquecimiento ilícito, sino por evasión impositiva, un delito considerado de menor gravedad. Esta decisión se basa en la confesión del ex jefe de Gabinete, quien reconoció tener dinero no declarado. La estrategia de Pollicita ha sido calificada como un manual de impunidad, sugiriendo que la causa sea trasladada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde se presume que Adorni podría eludir fácilmente consecuencias penales. Este enfoque ha sido interpretado como un clásico ardid político con la complicidad de la justicia federal.
Pollicita señala en su dictamen que no se ha podido demostrar que Adorni se haya enriquecido de manera ilegal durante su tiempo en el cargo público. El ex jefe de Gabinete se defendió afirmando que había acumulado varios miles de dólares a lo largo de los años mientras llevaba una vida modesta, y que decidió gastar ese dinero sin reservas al asumir el gobierno. Sin embargo, este argumento ha sido considerado inverosímil incluso dentro de su propio gabinete. A pesar de ello, el fiscal decidió darle credibilidad a su versión.
Puede que Pollicita le haya creído porque lo que Adorni expuso podría ser la verdad. Es común que empresarios exitosos, que han obtenido sus ingresos en el sector privado y en el ámbito de las criptomonedas, como es el caso de Manuela Dorni, comiencen a gastar con generosidad al ingresar al servicio público. Gastar dinero legítimamente ganado no es un delito, especialmente cuando se considera que es el único consuelo tras años de arduo trabajo y sacrificio para mejorar la situación de millones de argentinos y ofrecerles mayor libertad.
La decisión final sobre este asunto recaerá en el juez Ariel Lijo, quien deberá determinar si acepta la propuesta de abandonar la investigación por enriquecimiento ilícito y remitir el caso al fuero penal económico. Se destaca que la resolución esté en manos de un juez conocido por su rigor contra la corrupción y que no tiene vínculos con el poder político, lo que se considera una garantía de transparencia y honestidad en el proceso judicial. La purga de elementos kirchneristas en la justicia federal ha llevado a que ahora esté compuesta por jueces considerados íntegros e independientes, como es el caso de Lijo.
La situación se complica para el funcionario Adorni, quien ha solicitado acceder al teléfono del contratista Tabar con el objetivo de ajustar su declaración patrimonial. En el ámbito gubernamental, se asegura que existe un acuerdo con los jueces para frenar las acciones relacionadas con Libra y Adorni, destacando el trabajo del juez Mahiques.
En medio de este contexto, Adorni ha admitido haber cometido un delito que podría llevar a su inhabilitación de por vida. Por su parte, el fiscal encargado del caso ha manifestado su determinación de investigar a fondo, señalando que el expediente está "lleno de inconsistencias". Además, se han presentado denuncias contra Tettamanti por el RIGI en relación a la petrolera inglesa Harbour, lo que ha generado un revuelo durante su gira en París. Por otro lado, el Chiqui Tapia ha sido imputado en la causa Ceamse, y se está considerando solicitar al gobernador Kicillof su destitución.
Fuente original: La Política Online.
